A propósito
del Día de la Libertad de Expresión en México, este jueves la organización PEN México exigió, como desde 2011, que las autoridades
resuelvan “este terrible problema de violencia” contra el ejercicio de este
derecho.
En un
pronunciamiento, retomó las cifras de la
organización Artículo 19 sobre la situación en el país: se “ha mutilado” a 42
familias durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto, además de que se han
registrado unas dos mil agresiones contra reporteros y periodistas.
“Este 7 de junio de 2018, Día de la
Libertad de Expresión en México, duele e indigna profundamente comprobar que la
realidad de nuestro país nos muestra un rostro cada vez más oscuro”, aseguró.
A decir de la agrupación
internacional, en México se llegó a este día “con el olvido aparente del
aniversario mortuorio de Manuel Buendía, ‘el primer periodista asesinado por la
narco-política’”. Y
es que el pasado 30 de mayo, sólo tres periodistas acudieron a la 34
conmemoración anual en honor del periodista en la Plaza Zarco, ubicada en el
Paseo de la Reforma, dedicada a la libertad de expresión.
Probablemente, siguió, la poca
asistencia se debió al “desaliento ante la parca respuesta de las autoridades,
o bien porque nuestros esforzados periodistas han estado ocupados enterrando un
muerto tras otro; organizando protestas debido a las amenazas recientes de esta
semana”.
Entre éstas, mencionó las publicadas
contra Raymundo Campos, de Sabinas, Coahuila, o campañas de difamación como la
ejercida, vía WhatsApp, contra Gabriela Soto, de Culiacán, Sinaloa.
En una especie de recuento, PEN
México agregó que los periodistas han organizado brigadas de apoyo y protestas
públicas por asesinatos como el de Héctor González en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, el pasado 29 de mayo, o el de la fotógrafa María del Sol Cruz
Jarquín en Juchitán, Oaxaca, el 3 de junio.
Sobre ésta
última, detalló que cubría “por órdenes
superiores” de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) estatal, la campaña
política del PRI de Pamela Terán, candidata, también asesinada, a segunda
concejal e hija de un conocido traficante de drogas de la región. La
organización agregó que Francisco Javier Montero López, secretario del SAI,
presentó al día siguiente la renuncia.
En el mismo sentido, la organización
rememoró que el 29 de mayo “gente, cuya identidad se desconoce hasta el
momento, mató a golpes”, al periodista Héctor González, colaborador de Excélsior
y medios locales, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Y aunque, según PEN México, no está
relacionado con la libertad de expresión, mencionó el asesinato de Alicia Díaz,
en Monterrey, Nuevo León, el pasado 24 de mayo, mismo que fue clasificado como
feminicidio cometido por su exesposo.
Otro caso mencionado es el secuestro
de Areli Hernández, esposa del periodista veracruzano Raymundo León, el pasado
5 de junio; aunque éste aclaró públicamente que el “levantamiento” se debió a
una rencilla familiar. La víctima regresó el mismo día a su casa. La pareja
está bajo protección desde 2014 porque ella sufrió el mismo tipo de agresión en
años anteriores.
La lista de
PEN sigue al mencionar las ejecuciones
de Agustín Silva Vásquez en el Istmo, Oaxaca; Carlos Domínguez Rodríguez en
Nuevo Laredo, Tamaulipas; Pamika Montenegro, bloguera conocida como La Nana
Pelucas en Acapulco, Guerrero; Juan Carlos Huerta en Villahermosa, Tabasco, y
Leobardo Vázquez, en Veracruz.
Con este
contexto, PEN México retomó una frase
del periodista Manuel Buendía:
“No entiendo un periodismo sin
ideales. Ni el reporterismo, ni la entrevista, ni el reportaje, ni el artículo,
ni la crónica, ni el editorial, ni mucho menos géneros de tan comprometido
ejercicio como la columna pueden llevarse a cabo sin un ideal. ¿Cuál es mi ideal?
Servir a mi país con los recursos del periodismo”.
También recordó que después del 30 de mayo de 1984,
“se encontró en los archivos de Buendía información sobre los lazos del asesino
intelectual, José Antonio Zorrilla Pérez, quien cumplió condena carcelaria, con
los traficantes Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Don
Neto, y Rafael Caro Quintero. Así lo comunicaron la Procuraduría capitalina y
la Procuraduría General de la República”.
Por ello, reiteró su exigencia de que
las autoridades resuelvan el problema de la violencia contra la libertad de
expresión.
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