La
Procuraduría General de la República (PGR) inició
una nueva carpeta de investigación por el presunto desvío y desaparición de más
de 1, 700 millones de pesos que se transfirieron en 2014 al gobierno de Javier
Duarte en Veracruz, y que estaban detenidos para acciones de salud,
fundamentalmente a través del Seguro Popular.
Los
recursos, de acuerdo con la denuncia
interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron retenidos
o transferidos a cuentas distintas por la tesorería de la Secretaria de
Finanzas estatal que estaba encabezada en aquel entonces por Tarek Abdalá Saad,
hoy diputado federal del PRI.
Esta es la carpeta de investigación o
averiguación previa número 70 que la PGR inicia por el mal manejo de recursos
federales en el gobierno de Duarte, todas ellas promovidas por denuncias de la
ASF.
Las irregularidades que dieron paso a
esta nueva denuncia penal tienen origen en el informe de resultados de la
auditoría financiera y de cumplimiento número 14-A-30000-02-1544 que realizó la
ASF, con el apoyo del órgano de fiscalización de Veracruz, a recursos federales
transferidos por la Secretaría de Salud Federal al gobierno estatal en 2014.
En total se auditaron poco más de 4 mil 500 millones
de pesos que debieron destinarse en acciones de salud y programas del Seguro
Popular. Sin embargo, lo que los auditares encontraron es que, en promedio, 1
de cada 3 pesos de esta partida fueron mal manejados.
En primera
instancia la Auditoría reportó que hubo
1 mil 472 millones 57 mil 355 pesos que fueron transferidos a la tesorería por
Hacienda a la Secretaría de Finanzas estatal, pero de lo cuales no hay una sola
prueba que se hayan ejercido y menos que se haya hecho correctamente. Es decir,
no se explicó que se hizo con el dinero recibido, pero tampoco fue devuelto.
A lo
anterior se suman 254 millones 700 mil
pesos que sí habían sido transferidos al ente que debió utilizarlos, es decir
el Régimen Estatal de Protección Salud de Veracruz, pero que luego dicha
instancia regresó a otra cuenta bancaria abierta por la Secretaría de Finanzas
del gobierno del estado, sin que haya evidencia alguna de que hayan sido
ejercidos correctamente.
Cabe señalar
que este modus operandi descrito por la
ASF coincide plenamente con el empleado para transferir más de 200 millones de
pesos de recursos federales transferidos a la Comisión de Agua del estado para
obras hidraúlicas, pero que esta instancia en lugar de ejercerlos los envió a
una cuenta abierta por la Secretaría de Finanzas estatal. Por este caso la
Fiscalía de Veracruz ya promovió un juicio contra Javier Duarte.
La ASF subraya que el gobierno de Veracruz entregó
información en un intento por solventar las observaciones realizadas pero que
de ninguna forma acreditan el destino del dinero.
“En conclusión, el Gobierno del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su
ejercicio”, señala
el informe de resultados de la auditoría practicada.
Por este
motivo, y luego de dos años de análisis
de información la Unidad Jurídica de la ASF a cargo de Víctor Andrade, se
promovió la nueva denuncia de hechos a principios de marzo pasado ante la
Procuraduría General de la República. De acuerdo con autoridades federales
consultadas, dicha denuncia ya dio paso a la apertura de esta nueva carpeta de
investigación.
70 casos, CERO
RESUELTOS.
Esta carpeta
de investigación a cargo de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de
PGR es la número 70 que se inicia por presuntos fraudes relacionados con el
manejo de recursos federales solo en la gestión del exgobernador Javier Duarte.
Todas ellas promovidas por denuncias de la ASF.
Sin embargo y pese a que algunas de
estas denuncias ya tienen más de tres años, hasta el día de hoy ninguno de los
casos ha sido consignado ante un juez y por ende tampoco se ha esclarecido ni
se ha castigado a los exfuncionarios responsables.
En las denuncias que la ASF interpone
en el Ministerio Público Federal se incluye, además del informe de la auditoría
y el oficio de la denuncia, un dictamen técnico en donde se identifica cuáles
son los funcionarios que podrían ser directamente responsables del mal manejo
de recurso. En la mayoría de los casos se señala Tarek Abdalá por su gestión
como tesorero del estado del año 2012 a 2015.
Pero es la PGR la que tiene que
llevar a cabo las investigaciones para “deslindar responsabilidades”, es decir,
para confirmar la implicación de los funcionarios que estén implicados en el
presunto fraude al erario público y proceder penalmente contra ellos. Esto es
lo que no ha ocurrido hasta ahora en ninguno de los casos.
Autoridades
directamente ligadas con estos procedimientos señalaron que hay casos que ya se
encuentran con un grado de avance muy importante y que estarán consignando a un
juez en próximas semanas.
Animal
Político publicó el pasado 23 de febrero
que, de acuerdo con un informe especial de la ASF durante la gestión de Javier
Duarte, el monto de recursos federales mal-manejados y posiblemente desviados
supera los 61 mil millones de pesos, cifra récord para cualquier caso
relacionado con mal manejo de recursos públicos ya sea a nivel local o federal.
Actualmente
Javier Duarte se encuentra preso en el Reclusorio Norte acusado de varios
delitos, pero ninguno de ellos relacionado todavía con las denuncias
interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación ante PGR.
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