Georgina Morett.
En un proceso electoral
en el que, aseguran, se percibe la mano del crimen organizado en algunos cargos
de elección popular, destaca el caso del candidato del Partido Pacto Social de
Integración (PSI) a la alcaldía del municipio de Quecholac, Puebla. José
Alejandro Martínez Fuentes, cuyo hermano es, nada más y nada menos, Antonio
Martínez Fuentes, mejor conocido como el Toñín, es identificado por la PGR y la
Sedena como uno de los principales líderes huachicoleros del llamado Triángulo
Rojo.
El famoso Toñín fue
señalado por las autoridades federales como el responsable del ataque a un
convoy militar el 3 de mayo de 2017, en el que su organización criminal se
escudó en pobladores, principalmente mujeres y niños, para que el Ejército no
ingresara a la región poblana en la que se habían denunciado tomas clandestinas
de combustible.
La observada lealtad de
esos pobladores hacia el presunto delincuente se explica por el trabajo que ha
realizado desde hace años el hermano menor, Alejandro Martínez, con la
denominada Fundación Fusión y Fuerza A.C., encargada de repartir dádivas entre
los habitantes de Quecholac y de las Juntas Auxiliares aledañas, y de
supuestamente ser el instrumento político de la banda huachicolera.
El arraigo y
“agradecimiento” que hoy tienen los pobladores hacia esta organización han
colocado a Martínez Fuentes en la candidatura y a tan solo unos pasos de tomar
la administración de uno de los municipios clave para el robo de combustible, y
esto con el permiso tanto de los dirigentes del partido local poblano PSI y del
Instituto Electoral del Estado de Puebla.
Si bien es cierto que todos somos inocentes hasta que no se
demuestre lo contrario, y que ser pariente de algún presunto delincuente ni de
chiste significa ser culpable de algún delito, la inseguridad en el país debería llevar a los partidos políticos a
revisar sus candidaturas y a los electores a razonar su voto.
Avances en conservar especies.
México es el cuarto
país con mayor diversidad en el mundo, lo que lo ubica como el hogar de
aproximadamente el 12 por ciento de las especies del planeta, es por ello que
hay una gran responsabilidad para mantenerlas y evitar la extinción de aquellas
que están en peligro.
En lo que va de la presente administración, la Secretaría del
Medio Ambiente asegura que se han dado
ocho historias de conservación exitosa de especies en peligro de extinción,
como el águila real que cuenta con 75 por ciento más de parejas reproductivas y
ya se dio su primera reintegración.
La ballena gris es otra
de las especies que ha logrado incrementar su número, ya que se censaron mil
365 ejemplares en las lagunas Ojo de Liebre y de San Ignacio.
En cuanto a las aves, el
cóndor de California, que fue especie extinta hasta 2010, cuenta ya con una
población de 39 en el parque nacional de San Pedro Mártir; además se censaron
más de 600 guacamayas rojas y se han llevado a cabo 11 liberaciones exitosas del
lobo mexicano, que irónicamente había desparecido de nuestro país.
Y la Profepa responde a la duda expuesta en la columna del
viernes pasado con la explicación de que los ejemplares que fueron decomisados
del parque Cuitláhuac en Iztapalapa, en 2016, cuando era delegada Clara
Brugada, fueron trasladados al Parque Zoológico de Querétaro Wamerú.
Y que las sanciones contra los responsables de la
irregularidad en la que se encontraban los animales fue el decomiso y la
clausura del sitio.
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