Salvador Camarena.
En diciembre pasado 105
MIL trabajadores del gobierno de la Ciudad de México recibieron tarjetas de
plástico que contenían parte de su bono por fin de año.
Como se reportó en este espacio el 11 de enero, cada tarjeta
Broxel —que sirve lo mismo para usarse en el sistema de trasporte colectivo de
la ciudad (Metro o Metrobus) que para pagar, si tienes saldo, en tiendas que
acepten Mastercard— contenía 280 pesos.
Si los trabajadores querían usar ese monto, que se les pudo
haber dado mediante los tradicionales vales, debían de seguir un sencillo
trámite para dar de alta el plástico en la página de internet de Broxel, dueña
del convenio que le permite emitir tarjetas del Metro.
Cada uno de esos
plásticos es un instrumento financiero que existirá para las autoridades
bancarias hasta que el usuario del mismo haga transacciones que toquen el
límite de los quince mil pesos.
Cuando eso ocurre,
cuando alguien llega a ese tope, la tarjeta se bloquea, por lo que el dueño del
plástico forzosamente tiene que enviar a Broxel documentación oficial
(identificación y comprobante de domicilio) para ser registrado. Y es hasta ese
momento en que la tarjeta existe oficialmente para los reguladores del sistema
financiero mexicano.
Desde el otoño pasado
decenas de miles de tarjetas Broxel han sido vendidas en las taquillas del
Metro.
La peculiaridad de las
compradas por el gobierno de la ciudad es que, según diversas fuentes, no es que
la entonces administración de Mancera haya adquirido 105 mil tarjetas
precargadas con 280 pesos y las haya entregado a ciegas a cada uno de los
trabajadores a los que quiso dar parte de su bono navideño en esos plásticos,
como un acto buena onda para que tuvieran de paso una tarjeta del Metro y, de
así desearlo, un monedero electrónico.
No. La entidad
contratante de ese paquete de tarjetas (el gobierno de la Ciudad de México)
sabe el número de cuentahabiente de cada tarjeta, pues fue así como solicitó la
dispersión de los 280 pesos a cada uno de los trabajadores.
Todo lo anterior
ocurrió en vísperas de una elección capitalina donde ha habido diversas
denuncias por el mal uso de monederos electrónicos.
Por ejemplo, hace casi
dos meses se reportó que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco) prometieron desde marzo monederos de plástico con 2,500 pesos de
parte, según la denuncia publicada, del candidato perredista a la delegación
Venustiano Carranza. (Reforma 14/04/18).
Lo interesante del caso
es que la empresa que emite esas tarjetas, de nombre Toka, negó tener contrato
con la dependencia mencionada, pero reconoció que sí provee a la delegación
Venustiano Carranza de plásticos para programas sociales.
Las denuncias por mal
uso de esos instrumentos también se han dado en otras demarcaciones de la
ciudad de México (en la delegación Álvaro Obregón, por ejemplo, dominio del
señor Leonel Luna, del PRD y, más recientemente en, bieeeen raro, Coyoacán de
los Toledo).
Volvamos a las 105 mil tarjetas para burócratas de la Ciudad
de México.
Según fuentes, quien gestionó esa entrega fue Miguel Ángel
Vásquez, quien hasta febrero pasado se desempeñaba como titular de la
Subsecretaría de Administración y de Capital Humano del Finanzas del gobierno
de la CDMX.
Luego, a principios de marzo, Vásquez se integró como jefe de
gabinete del gobierno capitalino.
Imposible saber cuántas
de esas tarjetas ya se perdieron, cuántas por el uso normal de sus dueños ya
toparon los 15 mil pesos, y cuántas en cambio tienen espacio para recibir
discretos depósitos previo a ser registradas ante autoridades bancarias.
Pregunta: como ya
sabemos que luego no se aguantan las tentaciones, ¿no habría sido mejor que las
autoridades capitalinas desconocieran el número de tarjeta de cada uno de sus
105 mil burócratas que recibieron esos plásticos en plena antesala de un
proceso electoral en el que desde siempre los perredistas estuvieron abajo en
las encuestas? Es pregunta de uno –yo— que ayer andaba de mal pensado. Ha de
haber sido por la calor.
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