Adela
Navarro Bello.
El 3 de marzo de 1993 una balacera en
Tijuana evidenció lo que era y es una realidad en México: la corrupción
policiaca. Aquella noche -por cierto 20 días antes que en la misma ciudad fuese
asesinado Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del PRI a la presidencia de
la República-, dos convoyes de vehículos sin insignias que los identificaran
como parte de alguna corporación o institución se toparon en una de las zonas
residenciales más tradicionales de esta frontera. Los ocupantes de los dos
bandos de camionetas iban armados, todos.
Abrieron
fuego unos contra otros. Cientos de
balas perforaron las camionetas, el sonido del enfrentamiento se escuchó a
varios metros a la redonda, y a las 8:30 de la noche muchos se refugiaron en
sus casas, en los mercados y comercios cercanos. Hasta el entonces Obispo de
Tijuana, Carlos Emilio Berlie Belaunzarán iba pasando por ahí.
Del ataque resultaron cuatro muertos
antes que alguien parara la balacera. Dos de los asesinados llamaron la
atención por el trabajo que desempeñaban. Uno era agente especial de la Policía
Judicial Federal, el otro pertenecía a la Policía Judicial del Estado de Baja
California. Los bandos que se enfrentaron eran policías protegiendo
narcotraficantes.
Los de la Policía Judicial Federal
servían al cártel de Sinaloa, los de la Policía Judicial del Estado acataban
órdenes del Cártel Arellano Félix. Entonces hubo detenidos, los estatales, pero
fueron liberados rápido mientras los federales cerraron “la investigación” a 52
horas de la balacera.
Años después en un expediente y con
origen en interrogatorios ministeriales a detenidos que delinquían para el
cártel de los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix, se reveló que estos
destinaban un millón de dólares al mes para el pago a policías, agentes y
funcionarios corruptos. Así vivieron en la impunidad hasta el 2002 cuando fuera
de Tijuana los dos, Ramón fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa por un policía
federal, y Benjamín detenido en Puebla, Puebla, por elementos del Ejército
Mexicano. Habían disfrutado por lo menos 20 años en la impunidad que da la
corrupción del estado mexicano.
Del cártel
de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán
también gozó de la lealtad de los desleales al estado. Policías, agentes,
soldados, funcionarios de la PGR, de procuradurías locales y penitenciarios, le
permitieron escapar de dos penales de máxima seguridad en México, antes de ser
reaprendido y extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica.
Cuando un narcotraficante como
Teodoro García Simental se escindió del cártel Arellano para unirse al de
Sinaloa e iniciar una de las –hasta entonces- narcoguerras más violentas en
Baja California en 2007, un par de años más adelante un grupo coordinado por
las fuerzas armadas, estuvo a punto de detener al capo en tres ocasiones. Pero
siempre llegaban tarde. En una ocasión fueron alertados que el criminal
celebraba una fiesta en un hotel en la carretera escénica a Ensenada. Pero
cuando arribaron, ya no estaba. Tenía poco que se había retirado luego que le
dijeran que iban por él. En el lugar encontraron, adormecido por la borrachera,
a Santiago Meza López, conocido como “El Pozolero” por dedicarse a desintegrar
cientos de cuerpos en ácido.
En el grupo coordinación de Seguridad
en el Estado sospechaban que eran los elementos de la Policía Federal los que
alertaban a “El Teo” de los operativos para su captura. Pero no estaba en esa
corporación el traidor. De hecho, no era un elemento operativo. Cuando
descubrieron quién era el desleal, resultó ser el secretario de un elemento de
las fuerzas armadas. El narcotraficante lo había corrompido.
Una
situación es real: los narcotraficantes
o los criminales organizados, no podrían llevar una vida de impunidad sin la
ayuda de quienes integran el estado mexicano. Necesitan de policías que los
protejan en su tránsito diario, de ministeriales que los cubran en las
indagaciones, de investigadores que les adviertan cuando van por ellos, de
funcionarios de finanzas que les tramiten toda suerte de documentos de
identidad. De procuradores, soldados, federales, para que sus cargamentos de
droga circulen impunemente por las carreteras de México, o para cuidar que
elementos honestos no lleguen hasta sus guaridas.
La corrupción es México es la raíz de
la mayoría de los problemas, pero es el elemento esencial para la existencia y
permanencia del narcotráfico. De ello se está dando cuenta en un juzgado de
distrito de los Estados Unidos donde realizan un proceso judicial a Joaquín “El
Chapo” Guzmán.
Por testimonios aportados por
narcotraficantes encarcelados en aquel país, se ha enterado al mundo, dada la
notoriedad del caso, de los actos de corrupción que en México permitieron que
el capo y sus secuaces se mantuvieran prófugos por decenas de años. Incluso y
aun cuando fue eliminado del registro para el jurado, se mencionaron hechos de
corrupción con el gobierno de la República.
Jesús
Zambada, hermano del narcotraficante más
impune de todos, Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa y del
cual la autoridad no tiene siquiera una foto actualizada, dijo que tan solo
para pagos a autoridades deshonestas en la Ciudad de México, la organización
criminal destinaba 300 mil dólares cada mes. Incluso contó sobre sus encuentros
con “policías” como Genaro García Luna y Gabriel Regino, a quienes declaró
haber entregado dádivas ilícitas.
Un capo
colombiano que busca reducir su condena en Estados Unidos también aportó datos, aun sin nombres, del aparato de seguridad oficial
que resguardaba a Joaquín Guzmán Loera. Otro, Jorge Cifuentes, dio detalles de
cómo él corrompió las fuerzas armadas de Perú y Colombia, y cómo en México El
Chapo hizo lo propio. Incluso corromper a funcionarios de Petróleos Mexicanos
en un plan para utilizar la infraestructura marítima de la paraestatal para
trasegar la droga. Y hace unos días, el nombre del exprocurador general de la
República, Ignacio Morales Lechuga también salió a flote.
Las historias son conocidas, la
manera de operar de los narcotraficantes con las autoridades ha sido tema de
investigaciones periodísticas, de literatura de no ficción, de películas como
Traffic, y de series como Narcos México, o El Chapo. La corrupción ha sido
exhibida en muchos medios, y ahora en tribunales extranjeros, pero no ha
llegado a ser el tema central de investigaciones ministeriales que tengan por
objeto procesar a los corruptos en México.
Los testimonios de los capos en el
extranjero, los dichos de los abogados señalando la corrupción de autoridades
mexicanas, evidencian lo que siempre hemos sabido y leído, que México se
convirtió en el país de los cárteles de las drogas, con la contribución de
policías y funcionarios corruptos que gozan de impunidad.
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