Atzayaelh
Torres.
Como lo
adelanté en este espacio, el Plan
Nacional de Producción de Hidrocarburos presentado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador el fin de semana está centrado en las actividades más
rentables para Pemex como lo es el desarrollo de campos en aguas someras.
Entrando a
detalle, en el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación 2019, sobre el cual, al menos en materia energética
no se contemplan grandes movimientos antes de ser aprobado por el Congreso de
la Unión, existen algunos puntos interesantes que dan cuenta de la estrategia
de Octavio Romero Oropeza y Miguel Ángel Lozada, este último como director de
Pemex Exploración y Producción (PEP) nombrado apenas el 14 de diciembre, y que
fungió como enlace transexenal.
Así, llama la atención los 800 millones de pesos
que invertirá el siguiente año para estudios de nuevas áreas de exploración, de
un programa total de 21 mil millones que concluirían en 2021. A los que se
sumarán los trabajos exploratorios en Campeche Oriente, Comalcalco, Alosa,
Cuichapa, Holok y Han, entre otros, una tarea más que urgente ante el nivel
irresponsablemente bajo en que dejaron las reservas de hidrocarburos durante el
gobierno pasado.
Además, se contempla un apartida de tres mil 223
millones de pesos para el desarrollo de 81 campos en la mítica Cuenca de Burgos
a través de exploración primaria “perforando pozos convencionales y
horizontales”.
Destaca igual el proyecto de aceite y
gas en lutitas, para el que destinaría tres mil 350 millones de pesos para
evaluar los plays no convencionales en el norte del país, y donde da cuenta que
existen recursos prospectivos por 60 mil millones de barriles de petróleo crudo
equivalente, y donde a mi parecer, se deja abierta la puerta al fracking, que
por supuesto no debería ser desestimado por el nuevo gobierno.
El plan de alcanzar 2.6 millones de
barriles diarios al final del sexenio tiene ambición, pero Pemex está siendo
muy meticuloso en la asignación de los recursos. Aquí, el reto será desterrar
el gran fantasma de corrupción que existe en PEP. Me explico.
Para su
círculo más cercano, Lozada Aguilar
procuró a funcionarios de alta trayectoria y buena reputación dentro de la
petrolera, sin embargo, es difícil
saber si con este círculo bastará para desmontar toda una estructura para
documentar licitaciones a modo y realizar convenios modificatorios de
ampliación de plazo y de monto, a contratos de las compañías ‘consentidas’ por
la administración anterior, de los cuales ya hemos señalado anteriormente, citando
los respectivos seguimientos en la Secretaría de la Función Pública vía el
Órgano Interno de Control de Pemex.
En este
contexto, y por dar un ejemplo, preocupa
lo que harán con el contrato 424503804 de Sarreal en el Activo Integral de
Producción Bloques Norte 01, que se está buscando ampliar a toda costa de la
mano de Félix Azuara Mercado, quien me cuentan, heredó la encomienda de Héctor
Mandujano Santiago, ex administrador de dicho activo, así como de José Luis
Fong, ex subdirector, ambos hoy jubilados.
Un contrato, que acumula una
ampliación de 470 por ciento del monto a 750 millones de pesos y 46 millones de
dólares, y de 200 por ciento en el plazo, pues debía concluir en junio de 2016
y ahora pretende durar más allá del último día de este diciembre, cuando vence.
Será una prueba de fuego para la nueva administración.
¿Más
intermediarios?
En momentos donde el precio de la
electricidad ha causado enorme malestar entre los empresarios del país, pues se
han registrado aumentos en la tarifa industrial de casi el doble en regiones
como la península de Yucatán, existen empresas que operan al amparo de la ley
para fungir como “intermediarios”, elevando el costo, aún más, de este insumo.
Así, firmas como Enerlogix, Amerex, Acclaim,
Sampol, entre otras en un alista de 13, señalan expertos en este espacio,
operan como terceros que prometen ayudar a detectar los mejores precios de la
electricidad a los consumidores, pero que distorsionan el mercado con el cobro
de comisiones que paga el usuario final. Esto, aprovechando vacíos legales y la
falta de una vigilancia por parte del regulador del sector, la CRE, pues el
mercado eléctrico ya considera las mismas figuras en el Suministrador
Calificado y en el Comercializador No Suministrador.
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