“En México, no son más de 10 familias las que
controlan cerca del 60 por ciento de los registros sindicales”, dijo la doctora María Xelhuantzi
López de la UNAM. Hasta este año, corroboran los datos de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS), el 43
por ciento de los sindicatos de trabajadores estaba concentrado en tres
centrales obreras ligadas al priismo histórico: CTM, CROC y CROM.
Nombres como los de
Rodolfo Gerardo González Guzmán (CROM), Carlos Aceves del Olmo (CTM), Roberto y
Sergio Mendoza León (CROC), salen a relucir cuando hablamos de tres de las más
poderosas confederaciones sindicales que existen en México:
La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que
data de 1918 y que fue la primera organización en su tipo a nivel nacional; la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), fundada en 1936 para representar
a la estructura obrera, sobre todo aquella ligada al Partido Revolucionario
Institucional (PRI); y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), que fue creada en 1952 para defender a los trabajadores y que, a lo
largo de los años, fortaleció la base popular del PRI.
En la actualidad, la
CTM (776), la CROC (416) y la CROM (341) son las centrales obreras con más
organizaciones afiliadas a nivel nacional. De ese modo, dos de cada cinco
sindicatos de trabajadores registrados ante la STPS (1 mil 533 de 3 mil 579)
están ligados a ellas.
La concentración de
sindicatos en este tipo de estructuras corporativistas, además de evidenciar la
falta de competencia sindical en el país, devela la función del sindicalismo
como “instrumento de control político”, y también, “para el
enriquecimiento de los dirigentes”, explicó a SinEmbargo la doctora María
Xelhuantzi López, investigadora del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Estos grupos, que
nacieron como brazos políticos del PRI y que hasta la fecha operan como centrales electorales para
ciertos grupos de interés, se fueron rompiendo a lo largo de los años para
generar otras centrales de trabajadores como la Confederación Revolucionaria de
Trabajadores y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.
El proceso de rompimiento
confirmó Xelhuantzi, “fue al amparo del poder. No fueron pleitos entre ellos,
sino que fueron alentados por el propio Gobierno; sobre todo después de la
muerte de Fidel Velázquez –líder y fundador de la CTM– en 1997”.
Con la escisión,
no sólo se buscó controlar a los jerarcas sindicales y a las bases obreras y
trabajadoras. El interés fundamental del control de los sindicatos por parte
del Gobierno mexicano siempre fue “mantener los salarios bajos y que no hubiera
negociación colectiva. Porque cuando no hay sindicatos, no hay negociación y,
consecuentemente, los salarios nunca suben”. Es un ardid “a favor de las
empresas [o grupos fácticos] cuyo efecto secundario fueron los cacicazgos”,
abundó.
En México, en los últimos 18 años, el salario mínimo
se duplicó al pasar de 37.90 pesos diarios en 2000, a 88.36 pesos diarios en
2018. Esto es un aumento promedio anual de 2.80 pesos, o bien, 5.3 por ciento
de crecimiento promedio anual, cantidad apenas superior al promedio anual de la
inflación de los últimos tres sexenios (5 por ciento), lo que implica una
estancada capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.
El 1 de mayo de 2018, por ejemplo, el entonces Senador priista Isaías González Cuevas, secretario general
de la CROC, aseguró que no existían posibilidades de dar a los trabajadores un
aumento salarial, debido a las condiciones políticas y económicas por las que
atraviesa el país.
Al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, González explicó que aunque la central
sindical que representa no se opone a mejorar las condiciones salariales de los
trabajadores, empero, debían “actuar con responsabilidad” y considerar que el
85 por ciento de los negocios que generan empleo a nivel nacional son micro y
pequeñas empresas que enfrentan “dificultades económicas”, por lo cual, un
aumento salarial implicaría eventuales despidos.
Por contrario, manifestó
que el sector privado requiere de “certidumbre y seguridad para mantener su
capital en nuestra nación y lo que tenemos que hacer es crear las condiciones
para que sigan invirtiendo sus recursos”.
En México, existen 49
organizaciones sindicales que aglutinan al 58 por ciento de todos los
sindicatos laborales registrados ante la STPS. El resto (42 por ciento) está
compuesto por sindicatos “independientes”.
Después de la CTM, CROC y CROM, las organizaciones con más sindicatos
integrados son la Confederación Obrera Revolucionaria (67), la Confederación de
Trabajadores y Campesinos (49), la Confederación General del Trabajo (40), así
como el Congreso del Trabajo y la Federación Nacional del Ramo Textil y Otras
Industrias (con 35 cada una).
Si descartamos a los 1 mil 501 sindicatos
independientes, es decir, a los que no tienen afiliación a ninguna federación o
confederación, la CTM, CROC y CROM acaparan el 74 por ciento de los sindicatos
(2 mil 078) en manos de alguna organización.
Esta situación es aún
más preocupante si consideramos que, el viernes 7 de diciembre de este año, la
CTM y la CROC fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional
(CSI) por promover los contratos de protección patronal en México, situación
que obstaculiza la libertad y la democracia sindicales.
“Dichas organizaciones
corporativas –recriminó la CSI– continúan realizando acciones contrarias a los
principios y valores de los trabajadores”.
En el marco de una crisis sindical en México, el 9 de
diciembre pasado, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador externó que “ya no van a haber sindicatos apoyados,
respaldados por el Gobierno. Ahora, los líderes van a ser nombrados en
elecciones democráticas por los trabajadores” con “voto libre y secreto”.
LOS SINDICATOS EN MÉXICO.
Además del salario, uno de los temas más importantes
relacionados con los sindicatos es el de la distribución de la Participación de
los Trabajadores en la Utilidades (PTU), “que es una prestación que está en la
Ley [artículos 123, tanto constitucional como de la Ley Federal del Trabajo]
para la entrega al trabajador de un porcentaje de las utilidades de la
empresa”, puntualizó Víctor Ortega, abogado del Sindicato Independiente de
Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.
La PTU (de hasta 10 por ciento de las utilidades
anuales) de una empresa o negocio, tiene por finalidad reconocer la aportación
de la fuerza de trabajo y elevar el nivel económico de los trabajadores y sus
familias. Así pues, es un factor de impulso a la distribución de la riqueza y
al aumento de la productividad, en un esfuerzo conjunto de los trabajadores y
el sector patronal, de acuerdo con la descripción del Colegio de Contadores
Públicos de México.
El problema radica en
que la PTU, en muchos casos, es calculada con base en las utilidades
consolidadas –y no netas– de una empresa, por lo que la cantidad a distribuir
disminuye.
Al quitar la
posibilidad de una PTU adecuada, explicó el litigante, en lugar de generar un
cambio real a nivel nacional, el sistema limita aún más el poder adquisitivo de
los trabajadores y detiene la sana distribución de la riqueza.
Para Víctor Ortega, todo “el sistema sindical es cuestionable”; y el sistema de seguridad
social “está mal diseñado” porque representa más a los intereses de los
patrones que a los de los trabajadores.
Según los cálculos del litigante, en México hay alrededor de 8 millones de personas sindicalizadas
–cantidad equivalente al 15 por ciento de la población económicamente activa
(PEA)– “de los que dos o tres millones están al servicio del Estado”. Y de
acuerdo con las cifras de la STPS, hasta este año, habían 4.5 millones de
sindicalizados (ocho por ciento de la PEA).
No obstante, si
sumamos los sectores patronal y sindical –3 mil 579 registros de la STPS y 151
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA)– y descartamos los
“registros fantasma que se utilizan para extorsionar a patrones y a
trabajadores, […] la tasa de sindicalización real en México es menor al uno por
ciento”, aseguró la doctora María Xelhuantzi López.
Para la también asesora del Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana, sólo el 0.85
por ciento de la PEA está sindicalizado. Los registros fantasmas, por su parte, implican un problema que deriva
del control sindical que ejercen los patrones, directamente o indirectamente (a
través de los diferentes órdenes de gobierno).
En un país en donde el
problema sindical es “el control político en los sindicatos”, el punto de
partida para subsanar al sistema “debiera ser el desmantelamiento de estas
estructuras fantasma.
El camino por el que está optando el Gobierno no es el más adecuado; es una
réplica de lo mismo que han venido haciendo los gobiernos anteriores, que es
intervenir en el movimiento sindical. Y si ese es el problema, no lo vamos a
resolver con más de lo mismo”, explicó Xelhuantzi.
Este año, según las
cifras de la Secretaría del Trabajo, se realizó la firma de 6 mil 419 contratos
colectivos (la cifra registrada más baja en los últimos ocho años). Y hasta el
año pasado, la STPS extendió 157 nuevos registros.
De los más de casi 3.6 mil sindicatos que reconoce, la mayor parte están concentrados en la
Ciudad de México (1 mil 315 o 37 por ciento), Estado de México (423 o 12 por
ciento), Veracruz (247 o siete por ciento), Puebla (204 o seis por ciento),
Jalisco (186 o 5.2 por ciento) y Nuevo León (138 o cuatro por ciento). Cada una
de las 26 entidades federativas restantes, por su parte, son la cede del 1.2
por ciento de los sindicatos en promedio (entre 22 y 74 registros, dependiendo
el caso).
En términos de clasificación, en nuestro país hay 2 mil 962 sindicatos, 558 federaciones, 48
confederaciones o centrales obreras y 11 agrupaciones. De ellas, el 16 por
ciento pertenece a instituciones de gobierno a nivel federal, el 10 por ciento
al sector textil, el 8.7 al alimenticio, el seis al farmacéutico, el cinco al
de autotransporte federal, el cuatro al metalúrgico y el 3.4 por ciento al
sector automotor, por mencionar los principales.
De las 151
organizaciones registradas ante el TFCA, 112 están al servicio del Estado, 34 son independientes –o no
pertenecen a una federación o confederación en específico– y cinco están
ligadas a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios.
EL FUTURO SINDICAL.
“El sindicato y el
contrato colectivo representan dos de las más importantes figuras del derecho
laboral, las cuales otorgan a los trabajadores seguridad en la defensa de sus
derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en la relación obrero-patronal”, se lee en un análisis del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para la doctora María Xelhuantzi López, si el Gobierno realmente quiere dar
autonomía y libertad sindical, tiene que empezar con un sistema de
fiscalización, con base en los registros locales y federales, para revisar la
organización y a los dirigentes.
“No se trata de empezar
por Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo. Esto es mediático y
propagandístico”. El cambio “no se debe de hacer por la vía de la Secretaría
del Trabajo, sino por la vía del sistema de distribución tributario; por la vía
fiscal”, recalcó.
De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), “las empresas se
enfrentan a numerosas incertidumbres en un mercado global en rápida evolución. Entablar
un diálogo sincero con representantes de los trabajadores libremente elegidos
permite a los trabajadores y a los empleadores comprender sus respectivos
problemas y encontrar mejores soluciones”.
“La seguridad de la
representación –añade– contribuye a desarrollar la confianza de ambas partes.
La libertad sindical y de asociación y el ejercicio de la negociación colectiva
proporcionan oportunidades para el diálogo constructivo y la resolución de los
conflictos, lo que canaliza la energía necesaria para encontrar soluciones que
son beneficiosas para la empresa y la sociedad en general.”
Xelhuantzi comentó, en ese sentido, que muchos de los sindicatos a nivel local y
nacional “no cumplen con el mínimo de 20 integrantes; hay subrogación de
registros sindicales y las familias venden o alquilan los contratos”.
Por ello, más
allá de los casos de enriquecimiento ilícito de los jerarcas sindicales –Romero
Deschamps, Gordillo Morales, González Guzmán, Aceves del Olmo, Mendoza León,
entre otros–, la investigadora urgió
la necesidad de fiscalizar a los “muchísimas” instituciones “patito” que han
“usufructuado el sindicalismo y que nadie toca”.
Inclusive, recordó, hay estados como San Luis Potosí y Tamaulipas en donde no hay forma de
consultar los registros sindicales y donde hay organizaciones que, además de
las fantasma, tienen nexos con el crimen organizado.
“Hay evidencias muy
claras de que ya desde los años setenta había infiltración del narcotráfico en
el movimiento sindical, y que los sindicatos comenzaron a ser utilizados para
lavar dinero”,
explicó.
Para la otrora asesora del Senador Porfirio Muñoz Ledo
en la Secretaría Técnica de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de
la República, “los sindicatos sirven
para hacer dinero y negocios”, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y su Servicio de Administración Tributaria (SAT) son las
instituciones que deberían de estar laborando para limpiar el sistema sindical.
“A lo que debería
dirigirse el movimiento sindical, en este mundo moderno, es regresar a sus
funciones básicas, que es la negociación colectiva. Armar y celebrar contratos
colectivos de trabajo, con el consenso de los trabajadores, donde haya vida
sindical en los centros de trabajo […] y donde se negocie con la empresa en
función de las capacidades económicas”, abundó.
Sin embargo, lamentó
que el Gobierno entrante siga optando por hablar de un aumento al salario
mínimo –hasta 176.72 pesos para el final del sexenio–. Un discurso
“estrictamente político [que] no va a resolver el problema de los salarios y
mucho menos el problema de la desigualdad […] porque el salario mínimo lo
pagan, igual el dueño de un pequeño establecimiento –de una tienda de
abarrotes, de una tortillería– que las empresas del señor Carlos Slim.”
La académica indicó
que, aunque la nueva administración lograra aumentar los salarios a 340 pesos
diarios –que es la cantidad mínima para alcanzar ingresos de bienestar mínimo
en México– reventaría la economía de las empresas micro, pequeñas y medianas
–como señaló este año el líder priista de la CROC–, ya que “el pago
proporcional sólo se logra con negociación colectiva” (no por imposición de
Gobierno).
Si por algo esto último
no ha sido posible, es porque tenemos “un sistema autoritario y dictatorial” en
que los grandes oligopolios, que podrían aumentar los salarios hasta en un 100
por ciento sin poner en riesgo la viabilidad de su empresa, siguen operando
para mantener salarios bajos; y el Gobierno, su mecenas, actúa por decreto y no
acorde a la productividad proporcional de los negocios.
Tanto Xelhuantzi como Ortega coincidieron en que México necesita de la vigilancia y del apoyo
(legal) del Gobierno federal para impulsar y facilitar las negociaciones entre
empleados y empleadores, sin “sobre intervenir” como lo ha hecho, y sin
fortalecer y profesionalizar las figuras de conciliación y arbitraje, situación
que ha hecho que la economía mexicana tenga “tantos tropiezos”, dado que no
existen adecuadas condiciones de mediación de conflictos laborales, con
criterios despolitizados, técnicos y productivos y con capacitación constante.
Aunque la ratificación
de este año del Convenio 98 de la OIT y la posible reforma al Artículo 388 de
la Ley Federal del Trabajo (para la no discriminación sindical) son vistas con
buenos ojos por organizaciones internacionales y especialistas, empero, acabar
con los denominados “sindicatos blancos” (que defienden los intereses del
patrón) y con las prácticas de injerencia patronal y gubernamental sigue siendo
un reto.
Inclusive, este
año, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, el capítulo laboral del acuerdo comercial incluyó un anexo relativo
a la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas de
nuestro país, para que México se comprometa a efectuar acciones legislativas
para garantizar la libertad sindical, según datos de la Representación
Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
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