El Estado de Derecho no se consulta, se aplica.

Adela Navarro Bello.

Una gran parte de los problemas de México lo son debido a la ausencia de un Estado de Derecho. Vivimos en un país donde las leyes no se aplican de manera rigurosa, donde la justicia es selectiva y la desigualdad social es una realidad.

Padecemos el fenómeno del narcotráfico, porque no hay instituciones –hasta el momento- que no combatan de manera integral ese problema. Por ende, existe el lavado de dinero, pululan las compañías fachada, las transacciones millonarias se hacen en efectivo y no hay funcionario de Hacienda que intente siquiera pararlas. En días recientes en Estados Unidos y derivado de las declaraciones de testigos para imputar a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” en sus ilícitas actividades, se ha revelado cómo el cártel de Sinaloa destinaba unos 300 mil dólares al mes para el pago a funcionarios corruptos, mayormente en corporaciones policíacas y fuerzas armadas.

El gravísimo problema de la corrupción en México ha puesto al País en los primeros lugares en la comisión del mismo en el mundo.

La impunidad de la que gozan, tanto políticos como criminales –dado el caso del narcotráfico- ha sido medida por instituciones educativas como la Universidad de Las Américas en Puebla, donde determinaron que en el 2017 México ocupó el cuarto lugar del índice global de impunidad con 69.21 puntos, mientras el índice nacional de impunidad creció a 69.89 puntos en 2018. De la misma forma, en el INEGI informaron que de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental, las empresas pagaron mil 600 millones de pesos en actos de corrupción.

Sin embargo, en ninguno de estos tres casos, corrupción iniciada por miembros de los cárteles de la droga, corrupción promovida por funcionarios públicos, impunidad proveída a ambos –narcos y funcionarios-, en México se ha iniciado investigación alguna que concluya en un castigo ejemplar para corruptores y corrompidos, que sea ejemplo del pleno ejercicio del Estado de Derecho en el país.

Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz y quien durante nueve años fue Secretario General de las Naciones Unidas, fallecido en agosto de este 2018, en ocasión de uno de sus informes en la ONU, ofreció una de las definiciones más sencillas y más contundentes sobre lo que es el Estado de derecho: “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.

En México no estamos ni cerca de vivir en un Estado de Derecho.

El gobierno de Enrique Peña Nieto falló en todo. Conocido como uno de los sexenios más corruptos en la historia moderna del país, se significó también por elevar los índices de impunidad. Ni un solo de los colaboradores de quien fue presidente fue llamado a cuentas por la justicia. Y a quienes se les iniciaron procesos judiciales, como puede ser cualquiera de los ex gobernadores del PRI, o el propio Emilio Lozoya, viven aún en distintas condiciones, unos presos, otros en fuga unos más en libertad, en la impunidad.

El propio ex mandatario fue señalado de conflicto de intereses y abuso de autoridad pero su caso no llegó a tribunal alguno. Tampoco su esposa, muchos menos Luis Videgaray que fue su secretario de Hacienda entre otros encargos que encabezó, o Rosario Robles, harto señalada por investigaciones periodísticas de actos de corrupción y por la Auditoría Superior de la Federación por desvíos de recursos, ha sido tocada con la hoja de una averiguación previa. Gerardo Ruiz Esparza, quien desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue señalado de actos de corrupción, tampoco.

Vaya, ni uno solo de los contratos que dijo el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato, que estaban marcados por la corrupción en la construcción del casi extinto Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ha sido investigado como fue promesa hasta deslindar responsabilidades y castigar los actos deshonestos con los dineros públicos.

En una ocasión a propósito precisamente de la consulta popular que realizó el hoy presidente cuando solo llevaba el título de electo, para justificar con el apoyo social su intención clara de cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto, sugerí, en el tono del presidente López Obrador, que antes de otorgar una amnistía política a los corruptos del sexenio próximo pasado, debía consultarlo con la ciudadanía.

Por supuesto que el ejercicio del Estado de Derecho no debería ser materia de consulta, sino la obligación de quien encabeza el gobierno de la República. La justicia no se consulta, se otorga, la Ley no se consulta, se aplica, la impunidad no se consulta se combate, la corrupción no se consulta, se persigue.

Hace unos días en uno de sus encuentros mañaneros, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, y no era broma ni sarcasmo: …está pendiente el que se apruebe la reforma a la constitución para llevar a cabo consultas en lo que plantee el día primero, si se abren expedientes contra de los ex presidentes de la República y de miembros también del sector privado, que participaron en el periodo neoliberal y causaron esta crisis de México, o, como lo planteo con toda claridad, se pone un punto final y comenzamos una etapa…”.

Andrés Manuel López Obrador como el Jefe de Estado que es en México, debe proteger los derechos de los mexicanos, debe promover el ejercicio del Estado de Derecho donde el sistema de leyes y las instituciones funcionen acorde a la constitución. En ese contexto, juzgar o no juzgar a los ex presidentes o a los ex funcionarios, no es una opción, ni debiera de depender de la respuesta en una consulta ciudadana. Los casos de corrupción, de impunidad, de abuso, que son denunciados, que son detectados en auditorías, alertados a partir de la entrega recepción de un gobierno a otro, si existen, deben investigarse conforme a la Ley. Ni más ni menos.

No es posible que tras tantos años de buscar un cambio en el gobierno de la República, quien lo prometió recule en ello, y ofrezca una amnistía política a los corruptos del pasado, solo por el capricho de empezar de nuevo.

En México lo que hace a falta es aplicar la Ley, otorgar justicia, combatir la impunidad, perseguir la corrupción, acabar con la violencia, sean ex funcionarios o sean criminales o en algunos casos los dos. Si no hay un precedente de que en este país quien comete un delito es investigado, procesado y sentenciado, el mal ejemplo seguirá. No hay borrón y cuenta nueva que esté por encima del Estado de Derecho. Eso definitivamente, ni con nueva Ley, debería someterse a consulta, tanto como ejercerse. Ya la mayoría del electorado eligió a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, debería cumplir con el encargo y restablecer en México el Estado de Derecho.