Horas antes
de que Andrés Manuel López Obrador acudiera a San Lázaro para que Enrique Peña
Nieto le entregara la banda presidencial, Alberto
Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República
(PGR), y el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales,
Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, presentaron la solicitud de desistimiento en
contra de las ordenes de aprehensión por los delitos previstos en la Ley de
Mercado de Valores giradas en contra Gastón Azcárraga Andrade, ex propietario
de Mexicana de Aviación.
La solicitud fue presentada ante el
Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de
México, en la causa penal 47/2014.
“Lo relevante del caso es que la
legalidad de dichas ordenes de aprehensión ya ha sido confirmada en todas las
instancias judiciales, sin que proceda recurso alguno en contra de ellas”, señala información a la que tuvo
acceso este diario digital.
La legalidad de dichas órdenes de
aprehensión fue resuelta en una sesión pública el 12 de julio de 2018, cuando
magistrados del Sexto Tribunal Colegiado decidieron negar el amparo y
protección interpuesto por Azcárraga Andrade.
El ex
propietario de Mexicana de Aviación buscaba
dejar sin efecto las órdenes, incluso después de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolviera desechar la solicitud de atracción para
conocer de dicho asunto.
GASTÓN
AZCÁRRAGA Y MEXICANA DE AVIACIÓN.
La carrera
empresarial de Gastón Azcárraga Andrade ha estado llena de conflictos y
acusaciones como fraudes a inversionistas, trabajadores y al Estado mismo,
según expertos en perfiles corporativos. Aún así, llegó a figurar en la lista
de los 45 hombres más ricos de México.
Los expertos aseguran que su caída no
sólo se debe a esta historia ligada al manejo poco transparente de sus
negocios, sino a que en algún momento perdió la realidad por sus relaciones
familiares con hombres poderosos como su primo, el dueño de Televisa, Emilio
Azcárraga Jean, y con figuras de la política como el ex Presidente Vicente Fox
Quesada y su esposa Martha Sahagún, gracias a quienes –según acusó en su
momento Andrés Manuel López Obrador– pudo adjudicarse en 2006, a un precio
simbólico, las aerolíneas Mexicana de Aviación y sus filiales Click y Link.
A su llegada
a la aerolínea, argumentó que por
razones financieras y falta de recursos era necesario reducir el número de
trabajadores con la finalidad de poder trasladarlos a las otras filiales, las
cuales le producían más ganancias y le implicaban menores costos laborales,
llevando a la quiebra a Mexicana de Aviación.
A finales de
2010, la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores le exigió que explicara el destino de 265 millones de dólares de
pasivos laborales que se le otorgaron como descuento cuando adquirió a
Mexicana, además de diversas demandas penales de sindicatos.
Tanto la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público son las encargadas de supervisar el buen funcionamiento legal y
financieros de las aerolíneas. Sin embargo, dieron libertad absoluta al
empresario para que durante años pudiera trasladar recursos de una aerolínea a
otra.
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