Las cuentas de la cocinera.

Raymundo Riva Palacio.

La colocación de una oferta de recompra de bonos que financiaron parte de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, levantaron en muchos las expectativas que la construcción se continuaría. No será así a menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a nacer –y eso tampoco garantizaría un destino diferente–, o surjan contingencias inimaginables en este momento. Texcoco está muerto, para efectos de aeropuerto, y la Base Aérea de Santa Lucía, como dijo López Obrador, es la opción. El futuro es claro desde su óptica, aunque valdría la pena que alguien, cuando menos para que no diga que nunca nadie le advirtió, le hiciera las cuentas de la cocinera sobre lo que significan los costos para el proyecto que está en el epílogo de su vida, y el que está en la mente de los asesores constructores del presidente.

En números aproximados, las cuentas sobre la opción de Santa Lucía son las siguientes:

•El costo de la obra, promediando la cifra de tres mil millones de dólares calculadas por el ingeniero José María Riobóo, autor intelectual del asesinato de Texcoco, y los siete mil millones que estimó el Colegio de Ingenieros, quedaría en cinco mil millones de dólares.

•El costo de las vías de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la Base Aérea y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, mil 300 millones de dólares.

•Las adecuaciones al aeropuerto Benito Juárez, mil millones.

•El prepago de bonos, mil 800 millones.

•El prepago de la Fibra E, otros mil millones.

•El acuerdo con las empresas constructoras mexicanas para la terminación de los contratos, dos mil millones.

•La remediación ambiental en Texcoco, dos mil millones.

•El costo de una nueva base aérea, mil millones.

Esto significaría un costo de 15 mil 100 millones de dólares, comparado con el costo del proyecto del NAIM en Texcoco, cuyo proyecto fue de 13 mil millones de dólares. En este caso, las cuentas finales son las siguientes:

•Los sobrecostos, porque se tuvieron que ampliar la terminal y el área de carga por un incremento en el número de pasajeros en 2017, son de tres mil millones de dólares.

•Menos, tres mil millones por el avance de las obras.

•Menos, dos mil millones de dólares por el valor del terreno en el actual aeropuerto Benito Juárez.

•Menos, el valor de la ciudad aeropuerto, que suma dos mil millones de dólares.

En ambos casos se les quitan los cinco mil millones que tiene el Fideicomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. De esta forma, el costo de Santa Lucía, con esa reducción, requeriría recursos adicionales por 10 mil 100 millones de dólares para que la opción propuesta por López Obrador se concrete, sin saber con certeza todavía si es posible que funcionen de manera simultánea las dos terminales. Para terminar el NAIM en Texcoco, se necesitarían cuatro mil millones de dólares.

Visto en moneda, la diferencia de cinco mil 100 millones de dólares no parece la decisión financiera más inteligente haber cancelado Texcoco a favor de Santa Lucía. Pero en los cálculos de López Obrador, las finanzas y la pérdida de confianza entre los inversionistas que provocó esa decisión de política pública, es menos importante que el cumplimiento de una promesa de campaña.

Para enfrentar las contingencias de una demanda colectiva en los tribunales neoyorquinos por la cancelación de la obra, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, contrató a tres instituciones financieras y a un despacho de abogados estadounidenses –cuyos costos no fueron calculados en lo que se tendrá que invertir en Santa Lucía– para que le diseñaran el plan de recompra del 30 por ciento de los bonos, con la expectativa de que participen en la subasta el 50+1 de los tenedores de los bonos, con lo cual se cancelan los términos en los que se firmaron los contratos y pueden renegociar con ellos otras condiciones para el pago de la deuda.

La oferta de compra es por 90 centavos por cada dólar, que si se toma en cuenta que la cancelación de Texcoco tiró el valor del bono hasta 77 centavos dólar, abre la posibilidad de que sí sea posible recuperar el 30 por ciento de los bonos que están en manos de inversionistas extranjeros. La apuesta es alta, y no es algo cierto que se logre el cometido. Sin embargo, el gobierno de López Obrador no tenía opción, porque cancelar la obra sin tomar esas previsiones habría provocado demandas multimillonarias en Nueva York, las cuales, por lo pronto, se pusieron en espera.

Las primeras señales del mercado no han sido positivas para el propósito buscado por el gobierno. La firma de abogados Hogan Lovells, que representa a fondos como Blackrock y Prudentual, que tienen más del 50 por ciento de los bonos del NAIM, ya adelantaron que no apoyarán la recompra en la forma como se presentó la oferta, lo que introdujo complicaciones para el gobierno a menos de 72 horas de haber tomado la iniciativa. Pero aún si consiguiera el objetivo de recomprar los bonos y renegociar los términos del contrato con el 70 por ciento de los tenedores de los bonos, no es una buena señal la que habrán mandado los mercados.

Dicho de otra manera, si el gobierno de México recompró al precio más bajo y los inversionistas vendieron con ese descuento, significa que perdieron la confianza en la nueva administración y prefieren recortar sus pérdidas. O sea, no quieren volverse a fijar en este país mientras no haya acciones que recuperen la credibilidad en el gobierno.