Luz verde para la elección del primer Fiscal General del país: aquí los pasos del proceso.

Con la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, quedó libre el terreno para que el Poder Legislativo y el Ejecutivo lleven a cabo el procedimiento de análisis y selección de la persona que encabezará la nueva institución. No obstante, la norma aprobada dejó fuera modificaciones y propuestas que la sociedad civil buscaba para dotarla de mayor autonomía.

Quien resulte electo como primer Fiscal General del país no solo tendrá a su cargo dirigir la institución sino diseñar, en un periodo de un año, un “Plan Estratégico de Transición” a partir de un diagnóstico de los recursos humanos, materiales y financieros que hoy tiene la Procuraduría General de la República – que desaparece – así como de los casos que deja pendientes.

Pero además el fiscal deberá preparar una convocatoria pública para estudiar todas las reformas constitucionales y modificaciones legales que la sociedad civil y los especialistas propusieron y que, por ahora, quedaron fuera de la norma aprobada por los senadores y los diputados.

A continuación Animal Político te presenta cual es el procedimiento que se seguirá para la elección del fiscal de acuerdo con la Constitución (que a su vez contempla la posibilidad de que hay un fiscal interino), y cuáles son los puntos pendientes que el colectivo ciudadano #FiscalíaQueSirva impulsará para que sean parte de una eventual reforma.

Lo que sigue: elegir al fiscal.

Los diputados aprobaron sin ningún cambio el dictamen que les había enviado el Senado para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República. Se prevé que esta misma semana se envíe al Poder Ejecutivo para que, a su vez, lo publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.

Ello permitirá al Congreso hacer una declaración protocolaria con la cual queda extinta la actual PGR y nace la nueva fiscalía de carácter autónomo.

Cumplido lo anterior arrancará formalmente el procedimiento para la elección del titular de la Fiscalía General el cual consta de tres pasos.

Primero: El Senado contará con un plazo de veinte días para elaborar una lista de diez candidatos al cargo de fiscal la cual deberá ser aprobada con, por lo menos, el voto de dos terceras partes de los senadores. Dicha lista la enviará al Presidente.

(Si este lapso llegara a transcurrir sin que el Senado elabore la relación de diez candidatos, la Presidencia podría elaborar una terna para enviarla a los senadores y designar, mientras tanto, un fiscal provisional).

Segundo: Una vez que la Presidencia cuente formalmente con la lista de diez candidatos, el Senado tendrá diez días hábiles para elegir a tres de ellos y los enviará para su consideración a la Cámara Alta.

(Si se diera el caso extraordinario de que el Ejecutivo no enviara la terna en el referido plazo, los senadores podrán elegir al fiscal a partir de la lista de diez candidatos)

Tercero: Una vez recibida la terna de Presidencia, el Senado citará a los candidatos a comparecer y presentar su postulación para el cargo, y elegirá entre ellos al Fiscal General. Todo ello en un plazo de diez días como máximo.

(En el caso extraordinario de que el Senado no eligiera al fiscal en el plazo que marca la Constitución, la Presidencia elegirá al fiscal entre los candidatos de la terna final).

Cabe señalar que actualmente la PGR se encuentra a cargo del subprocurador Alejandro Gertz Manero quien no puede convertirse en automático en nuevo Fiscal General.

No obstante, en un comunicado emitido ayer, el colectivo #FiscalíaQueSirva expresó su preocupación respecto a que Gertz sea nombrado como coordinador general de la nueva fiscalía, segundo cargo de mayor peso en la estructura de la institución y el cual no requiere un procedimiento de selección público.

Lo que quedó pendiente: reforma constitucional y cambios a la ley para mayor autonomía.

Ni la Cámara de Senadores ni la de los Diputados aceptaron incluir – por ahora – una serie de cambios y propuestas que el colectivo #FiscalíaQueSirva había propuesto para dotar de mayor autonomía a la Fiscalía General.

En el artículo trece transitorio de la Ley Orgánica aprobada quedó establecido que dentro de un año se convocara a un proceso para analizar y en su caso ejecutar estos cambios. No obstante, los especialistas de la sociedad civil indicaron que buscaran que los cambios puedan materializarse desde la primera mitad de 2019.

La petición primaria impulsada por el colectivo, y que quedó pendiente, es una reforma constitucional al artículo 89 y 102 de la Constitución que regula el procedimiento de selección el fiscal general. La propuesta de la sociedad civil es que se excluya la participación del presidente en el nombramiento y remoción del fiscal y que, en cambio, se cree un comité ciudadano de designaciones que trabaje con el Senado los nombramientos.

Otra modificación propuesta por el colectivo y que fu pospuesta es la modificación de diversos artículos transitorios de la Ley Orgánica aprobada que plantean que, en automático, los recursos humanos de la PGR formarán parte de la nueva fiscalía.

De acuerdo con los expertos esto pone en riesgo una transición real de la PGR a una fiscalía autónoma y podría favorecer solo un cambio de nombre o la simulación. La propuesta que hacen, en cambio, es que el personal de PGR quede sometido a un proceso de selección y evaluación conforme al Plan Estratégico de Transición que diseñe el Fiscal General.

Además, las organizaciones de la sociedad civil también proponen cambios para acotar las funciones del denominado Coordinador General, servidor público de mayor jerarquía en la nueva institución, solo después del Fiscal General. Entre ellas se busca que su nombramiento pueda ser revisado y, en su caso, revocado por el Senado.

Lo que argumentan los expertos para este cambio es que la figura del coordinador quedó demasiado empoderada en la nueva ley, pues se le atribuyen facultades como elaborar las normas y políticas de las unidades de investigación, verificar el servicio profesional de carrera, resolver conflictos de competencias, suplir de forma permanente al fiscal, entre otros.

La propuesta es que se acoten las funciones señaladas anteriormente y que se modifique el proceso de designación del mismo. Ello para evitar que, a la postre, la Fiscalía General que debería ser autónoma tenga de facto un “segundo fiscal” en la figura del coordinador, pero seleccionado sin contrapesos.

El colectivo #FiscalíaQueSirva también subrayó que es importante que se hagan modificaciones a la ley para que el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses que nace con la Fiscalía sea reconocido como una parte de la misma pero que no cuente (como quedó plasmado en la Ley aprobada) con un consejo integrado por los fiscales, ya que ello podría limitar su autonomía técnica.

Por el contrario, se propone que se añada un nuevo artículo que detalle las funciones del Instituto de Servicios Periciales. Entre esas funciones estaría, por ejemplo, crear una Base Nacional de Información Genética que agrupe la información de ADN de familiares de personas desaparecidas.

Entre otros cambios propuestos que quedaron pendientes está la inclusión de una lista de hechos graves por los cuales puede ser removido el Fiscal General, y especificar el nombramiento de funcionarios acorde con el Servicio Profesional de Carrera.

La nueva Fiscalía General.

En septiembre pasado Animal Político dio a conocer el borrador del dictamen en el cual se especificaban las nuevas funciones de la Fiscalía General. Posteriormente se hicieron algunas modificaciones en el Senado, pero la estructura general propuesta se mantuvo.

La nueva Fiscalía General, al igual que la PGR, será la responsable de investigar los delitos del orden federal. Pero la diferencia central es que será un órgano autónomo pues ya no se tratará de una dependencia federal más, ni su titular estará bajo la jefatura jerárquica del Presidente de la República.

Como ya se explicó el Fiscal General será nombrado y removido en un procedimiento que involucra tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo. Habrá además cuatro fiscalías especiales: delitos electorales, anticorrupción, derechos humanos y asuntos internos, cuyos titulares serán nombrados por el fiscal general, en un procedimiento que podrá ser revisado y objetado por el Senado.

Una de los partes más innovadores de la nueva institución es que su actuación será regida por el denominado “plan de persecución penal”, que es la estrategia que deberá definir el Fiscal general para orientar los recursos humanos y materiales de la institución de acuerdo con la incidencia delictiva que se busque atacar. Este plan deberá contar con indicadores y metas claras para evaluar si la estrategia se cumple o no.