Por
Redacción / Sin Embargo.
El nombre
de Emilio Lozoya Austin ha salido a relucir en la investigación en México del
caso Odebrecht desde 2017, y desde entonces, el ex director de Petróleos
Mexicanos (Pemex) ha promovido una serie de amparos para conocer la
investigación, para frenar cualquier orden de captura en su contra o incluso
para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) diera a conocer si consignaría o no la carpeta de investigación que
llevaba por el caso.
El amparo
más reciente que ganó fue por la investigación en su contra por la compra-venta
de la planta chatarra de Pajaritos, que le sigue el nuevo Gobierno federal. El
pasado 5 de junio, la jueza federal, María Elena Cardona Ramos lo amparó para
suspender la orden de aprehensión que se giró en su contra por el caso de esa
planta. Pero ese mismo día, la FGR anunció que “la suspensión lo obligaba a
comparecer y a ponerse, en un lapso de tres días hábiles, a disposición de
dicha autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión”.
La FGR
sostuvo que el amparo que le otorgó la jueza implica también que el acusado
debe presentarse todos los lunes en el juzgado de amparo para firmar un
registro. Lozoya Austin además está obligado a comparecer “tantas y cuantas
veces sea citado o requerido”, precisó la Fiscalía.
El plazo
concluyó ayer y el ex director de Pemex no se presentó ante las autoridades con
la justificación de que no había garantías de que se respeten sus derechos,
afirmó este martes su abogado Javier Coello Trejo.
El propio
ex funcionario de Peña Nieto escribió este lunes una carta a la opinión
pública, en la que explicó que decidió no cumplir con el requerimiento de
presentarse ante el juez porque “no hay condiciones ni garantías” para hacerlo.
“Ha
habido una persecución mediática en mi contra desde 2017, en donde se me ha
acusado, juzgado y condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos
consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta
campaña hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento”, declaró.
En 2017, el
diario O’Globo evidenció que la constructora Odebrecht habría pagado hasta 10
millones de dólares a Emilio Lozoya en sobornos para que la firma brasileña
ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una
refinería.
De ese monto,
tres millones supuestamente fueron entregados durante la contienda electoral
para las presidenciales de 2012, cuando Lozoya se desempeñaba como coordinador
de Vinculación Internacional en la campaña del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) que encabezaba Enrique Peña Nieto.
Ese mismo
año, en octubre, al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra por
el soborno que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht,
Lozyo aseguró: “Es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses, cómo la
gente puede tirar piedras impunemente, no. Lo digo con mucha humildad: tengo
recursos y tiempo para romperles la madre”.
Hoy, el ex
director de Pemex es investigado por la Fiscalía General de la República en
relación con la compra irregular de una planta chatarra de fertilizantes en
2013, cuando estaba a la cabeza de la paraestatal.
LOS AMPAROS
DE LOZOYA
El 25 de
enero de 2017 fue cuando Pemex informó que había presentado una denuncia ante
la entonces PGR contra quien resultara responsable en México de posibles actos
de corrupción en Pemex relacionado con el caso Odebrecht. Y en México todo
apuntaba a Lozoya Austin.
En 9 octubre
de 2017, Emilio Lozoya se amparó en contra de la investigación que había
abierto la Fepade, por el presunto financiamiento de la constructora Odebrecht
a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Ese mismo
mes, Lozoya fue citado a declarar ante la Fepade, esa primera cita fue vía
amparo promovido por el mismo ex funcionario con el objetivo de conocer la
carpeta de investigación.
En marzo de
2018, una jueza federal otorgó un amparo a Lozoya para suspender de forma
indefinida la judicialización del caso Odebrecht. En esa ocasión fue Sandra
Leticia Robledo Magaña, jueza primera de distrito en Amparo Penal de la Ciudad
de México, quien prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la
investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya en la
indagatoria que llevaba a cabo.
De acuerdo
con el diario Reforma, ese segundo amparo se concedió “justo cuando un tribunal
colegiado estaba a punto de determinar si continuaba vigente otra suspensión
definitiva que había sido concedida a Lozoya el 7 de noviembre pasado para los
mismos efectos”.
Luego, el 25
de agosto del año pasado, Luz María Ortega, jueza octava de distrito en Amparo
Penal, otorgó otro amparo al ex funcionario con el que le prohibió a la Fepade
que solicitara la aprehensión del ex funcionario.
El pasado 5
de diciembre, la misma jueza amparó a Lozoya y ordenó a la Fepade que en un
plazo de 70 días definiera si consignaría o no la carpeta de investigación que
inició en contra del ex director de Pemex. Lozoya había promovido el recurso
argumentando que no tenía conocimiento de su situación jurídica. Por ello,
también ordenó a la entonces PGR a que aclarara un escrito en el que había
informado a Lozoya que su delito no había prescrito.
El pasado 8
de diciembre, el semanario Proceso informó que Lozoya, la Fepade y la PGR interpusieron
al menos 14 amparos en torno al caso Odebrecht desde agosto de 2017.
CUANDO SÍ
COMPARECIÓ ANTE LA PGR…
Desde agosto
de 2017, cuando por primera vez fue citado por la entonces PGR, en torno a la
investigación del caso Odebrecht, Emilio Lozoya se ha defendido casi el mismo
argumento que, dos años después, dio para no presentarse ante las autoridades:
que había una campaña mediática en su contra.
A diferencia
de esta semana, cuando el ex funcionario de Peña Nieto negó a presentarse a
comparecer ante la Fiscalía, en ese entonces, cuando aún la burocracia federal
estaba a cargo del gobierno priista, se puso a disposición de las autoridades
incluso antes incluso de que lo citaran, pues según su abogado, desde mayo de
ese 2017, Lozoya había pedido presentarse para aclarar el asunto.
Fue el 15 de
agosto de 2017 que la hoy extinta PGR citó a comparecer al ex director de
Pemex. Dos días después, el 17 de agosto de 2017, el abogado de Lozoya Austin
afirmó que su cliente había acudido a comparecer y que se había reservado su
derecho a declarar y pidió conocer la carpeta de investigación por el caso
Odebrecht.
Lozoya
compareció entonces ante la PGR encabezada por Raúl Cervantes Andrade, quien,
como secretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2012, trabajó
también en la campaña de Peña Nieto.
A esa cita,
Lozoya Austin llegó por una puerta alterna a las instalaciones por lo que no
pudo ser detectado por decenas de periodistas que se encontraban reunidos en el
acceso principal del edificio ubicado en Paseo de la Reforma.
Ese mismo
día, el ex director de Pemex ofreció una conferencia de prensa a los medios
donde afirmó: “Los hechos son claros, no existe ninguna evidencia de
comportamiento ilegal o indebido de mi parte. Voy a defender mi buen nombre y
mi reputación”. En aquella ocasión también aseguró que no había sido requerido
por ninguna autoridad de ningún otro país.
“Mi
conciencia está tranquila, aquí estoy”, aseveró ese día.
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