Por Linaloe
R. Flores.
Entre
2006 y 2018, cuando gobernaron Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique
Peña Nieto (2012-2018), Compusoluciones y Asociados SA de CV recibió 102
millones 107 mil 156 pesos a través de 26 contratos de millones y miles de
pesos para suministrar licencias y capacitación en la operación de software
como Oracle, o cursos sobre el uso de Excel o Power Point en las oficinas de
Gobierno.
De estos,
25 contratos fueron conseguidos por adjudicación directa; es decir, sin que
mediara concurso o competencia con otras compañías del ramo de la informática.
Lo anterior,
según una revisión de la Unidad de Datos de SinEmbargo en el Portal de
Obligaciones y Transparencia (POT) y los datos relevantes de los contratos en
la plataforma Compranet. La misma búsqueda arrojó que la presente
Administración, de Andrés Manuel López Obrador, no ha requerido de los
servicios de Compusoluciones y Asociados SA de CV.
Se trata
de la empresa de cuyos dividendos se habría beneficiado el ministro Eduardo
Medina Mora y cuya pertenencia accionaria habría sido omitida en sus declaraciones
patrimoniales, según publicó el periodista Salvador García Soto en su columna
del 5 de junio pasado, Serpientes y Escaleras, de El Universal, titulada “Las
transferencias millonarias del ministro Medina Mora”.
De acuerdo
con la publicación, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza habría recibido
transferencias monetarias en cuentas de Gran Bretaña y Estados Unidos que
superan en mucho los ingresos que obtuvo como ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) desde 2015, cuando el Senado de la República lo
avaló en la posición. Los reportes británicos y estadounidenses propiciaron que
las autoridades mexicanas iniciaran una investigación. Así, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó a Compusoluciones y Asociados SA de
CV, entidad en la que el ministro Medina Mora aparece como beneficiario del
“pago de dividendo”.
Un día
después de la publicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) investiga las cuentas bancarias del Ministro
Eduardo Medina Mora y dejó claro que ello no significa que sea culpable de
delitos vinculados con la corrupción.
“Hay
información del Gobierno de Estados Unidos. Ya se le pasó a la Unidad de
Inteligencia Financiera. Eso no significa que sea culpable. Es una información
que tiene la oficina de Inteligencia Financiera”, comentó durante la conferencia de la
mañana de ese día.
UN LINAJE EN
EL GOBIERNO… Y LOS NEGOCIOS.
Esta trama
en la que está implicado el ministro, además de mostrar “sospechosas
transferencias” revela que el apellido Medina Mora Icaza no sólo tiene linaje
en el mundo financiero (Manuel Medina Mora, primo de Eduardo, fue Director
general de Banamex) o de los juristas (Xavier Icaza y López Negrete, también
escritor, fue parte de la Corte de 1934 a 1940). El apellido también aparece
como contratista millonario del Gobierno federal.
El acta
constitutiva 30,938, del 25 de mayo de 1985, asentada en Guadalajara, Jalisco,
arroja que Compusoluciones y Asociados SA de CV. (dato localizado en los
contratos con el Gobierno) fue fundada por José Medina Mora Icaza, al lado de
dos socios. En un principio, la llamaron Consultores en Informática y
Computación SA de CV. y según las palabras de José, en varias entrevistas para
revistas de negocios, los dos primeros años operó en quiebra, pero en el
tercero alcanzó el punto de equilibrio.
Hoy, José
Medina Mora Icaza funge como presidente del Consejo de Administración de Compusoluciones
y Asociados SA de CV, mientras que la dirección la ocupa Juan Pablo Medina Mora
Icaza.
En un
podcast de VIDA entrepeneur, página cibernética que reproduce entrevistas con
emprendedores de éxito, José Medina Mora Icaza describió el tamaño de la
empresa: 550 colaboradores, la mayor parte en Guadalajara, donde se encuentra
el corporativo; además de dos sucursales, en Monterrey, Nuevo León, y en la
Ciudad de México.
José y Juan
Pablo Medina Mora Icaza no son los únicos en la familia dedicados al negocio de
la Informática con proveeduría al sector público. También está Raúl quien en
2001 fundó Visión Holding México, S de R L de C V. según la escritura 45744,
folio 283867.
Esta
empresa dominó en la prestación de servicios en informática en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la gestión de Mariano Azuela, según el documento
“Contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública de
la SCJN”, reproducido por la revista Proceso en marzo de 2007 en el artículo
titulado “La Corte de los privilegios”.
De hecho, la
Unidad de Datos de SinEmbargo encontró que por el pastel gubernamental,
Compusoluciones y Asociados no fue sola. En los pasados 13 años, el contrato
mayor que ganó –por 95 millones 832 mil pesos– lo recibió en alianza con Visión
Holding México, S de R L de C V.
Fue
signado en 2010 para brindar un servicio de reproducción de documentos a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es el único por el que compitió bajo
las reglas de una Licitación Pública.
Tanto
José como Juan Pablo Medina Mora fueron buscados para conocer si la empresa que
dirigen tenía una posición respecto a su supuesta implicación en
“transferencias sospechosas”. Al cierre de esta nota no habían respondido.
MEDINA MORA
AVANZABA Y COMPUSOLUCIONES TAMBIÉN.
En 2000,
después de concluir su labor como Director corporativo, Jurídico y de
Planeación en el Grupo Desc, Eduardo Medina Mora Icaza fue llamado por el
entonces Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) para dirigir el extinto
Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen). La posición la ocupó
hasta 2005. Después, y sólo hasta 2006, fue Secretario de Seguridad Pública.
A partir de
entonces, no se detuvo. Fue Procurador General de la República (2006-2009),
Embajador de México en Reino Unido (2009-2013) y Embajador de México ante
Estados Unidos (2013-2015) y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (2015-a la fecha).
En
paralelo a la carrera pública de Eduardo Medina Mora Icaza, Compusoluciones y
Asociados SA de CV ganaba contratos.
El
Gobierno calderonista fue el que más la requirió en los pasados 13 años con
pagos de servicios que sumaron 99 millones 847 mil 515 pesos. Por ejemplo, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le brindó durante un mes, cinco
cursos de capacitación de Oracle y cobró 446 mil 518 pesos. También, a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) le vendió la licencia de un software de búsquedas especializadas por
328 mil 900 pesos, mientras que a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
les dio un curso de capacitación denominado “Oracle Database 11 G: SQL Tunning
Workshop release 2.
Con
Calderón, Compusoluciones y Asociados SA de CV también se encargó en
capacitación “exprés” en Informática en la Comisión Federal de Electricidad.
Por dos días, cobró 68 mil 250 pesos (de la época).
Entre 2013 y
2014, cuando Eduardo Medina Mora cumplía su primer año como Embajador de México
ante Estados Unidos, Compusoluciones y Asociados SA de CV le brindó cursos a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre UML y Oracle, así como
metodología de Desarrollo de Sistemas. Cada año, la impartición de la
capacitación duró diez días. En 2013, el pago fue por 264 mil 445 pesos y en
2014, por 298 mil 430 pesos.
LA
TRANSPARENCIA Y EDUARDO MEDINA MORA.
Al día
siguiente de la publicación de El Universal, el ministro envió una carta en la
que señaló: “La empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV es una empresa
familiar en la que mi difunta esposa era accionista y como tal recibió
dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestiones que fueron debidamente
documentadas y reportadas a las autoridades fiscales e incluidas en sus
declaraciones como contribuyente”.
El ministro
agregó: “La relación con la empresa referida es del conocimiento público,
tal y como se acreditó cuando me declaré impedido de conocer el Amparo Directo
en Revisión 5333/2017 (desde su asiento en el máximo tribunal del país), que
fue resuelto por la Segunda Sala de la Corte el 21 de febrero de 2018”.
La
revisión de los documentos públicos del ministro Medina Mora no dibujan un
personaje político transparente. De 2000 a 2015, tuvo que presentar 19
declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, pero en
ninguna quiso hacer público ante los ciudadanos su patrimonio o sus posibles
conflictos de interés, elementos clave para la medición de su fortuna.
En noviembre
de 2018, su nombre tomó relevancia: como ministro admitió la impugnación
presentada por el Consejo Jurídico del entonces Ejecutivo federal para
suspender “toda investigación imputación penal” en contra del presidente
Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de pesos al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) durante el Gobierno de César Duarte Jáquez
en Chihuahua.
En estos
días, él mismo está en el centro de una supuesta trama de transferencias
inexplicables.
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