Por Alberto
Pradilla.
Irineo
Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, y Cristóbal Sánchez, activista por
los derechos de los migrantes, se encuentran ya en libertad. El juez Héctor
Manuel Cervantes Martínez determinó que no los vinculará a proceso y que, por
lo tanto, debían ser liberados. En ambos casos consideró que ninguno se
encontraba en el lugar en el que señalaron los denunciantes. No obstante, avisa
de que el Ministerio Público puede seguir con sus pesquisas.
“Yo y los
migrantes somos la moneda de pago para quedar bien con Donald Trump. Fui el
cordero sacrificado porque esto no fue más que un montaje”, dijo Mujica a Animal Político al abandonar el
penal de Tapachula. En su opinión, su arresto y el de Cristóbal Sánchez no
pueden entenderse al margen de las negociaciones entre México y Estados Unidos.
El gobierno
de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reforzar la frontera sur con 6
mil agentes de la Guardia Nacional y aceptar a los solicitantes de asilo en
Estados Unidos a cambio de que Washington no impusiera aranceles.
En medio
de este proceso fueron detenidos Mujica y Sánchez. Ocurrió el 5 de junio y sus
casos tienen fuertes paralelismos. Los dos son defensores de los derechos de
los migrantes con amplia trayectoria; los dos habían sido arrestados durante el
último año en el contexto de las caravanas y los dos fueron acusados de tráfico
de personas basándose en la declaración, precisamente, de centroamericanos que
querían llegar a Estados Unidos.
En última
instancia, los dos quedaron en libertad porque el juez consideró que ninguno
de ellos estaba en el lugar en el que le situaron sus denunciantes.
En el caso
de Cristóbal Sánchez se trata de una pareja de hondureños que aseguró que, el
29 de marzo, contactaron con el activista en Tecún Umán, el último municipio de
Guatemala antes de cruzar a México a través del río Suchiate. Según esta
versión, Sánchez habría recibido 8 mil dólares por pasarles al otro lado y
ayudarles en el traslado a través de Chiapas.
Los
testimonios de amigos que estuvieron con él aquella jornada desmontaron esta
versión. Varias personas declararon haber estado con él en una fiesta en Ciudad
de México y presentaron pruebas como los mensajes de WhatsApp o las ubicaciones
del teléfono celular.
La
acusación que pesaba sobre Irineo Mujica buscaba vincularse más a su presencia
en una caravana. Según la denuncia, el activista habría cobrado 7 mil pesos a
una pareja de hondureños el 27 de febrero en un puente cerca de Mapastepec,
Chiapas.
En aquel
entonces, cientos de centroamericanos transitaban en grupo por los estados del
sur del país.
En su
declaración, Mujica no negó haber estado cerca de la comitiva, aunque dijo
que se limitó a “documentar” lo que estaba ocurriendo y que no “acompañó”
debido al miedo a la “criminalización”.
Mujica alegó
que el día en el que la denuncia le ubicaba en Mapastepec él se encontraba en
Chahuites, Oaxaca, donde durante dos años gestionó una casa del migrante. Los
querellantes fueron muy precisos con la hora: afirmaron que el activista
recibió el dinero alrededor de las 9:30 horas. Este, sin embargo, presentó una
testigo que certificó que a esa hora le vio en Chahuites.
Para
ratificar su versión, el activista citó a declarar a Rubén Figueroa, del
Movimiento de Migrantes Mesoamericano. Este declaró que el mismo día en el que
la denuncia ubica a Mujica recogiendo presuntamente el dinero en Mapastepec,
este celebró una reunión en Ixtepec, Oaxaca, en la que estuvieron defensores de
los derechos de los migrantes como Jessica Cárdenas o el padre Alejandro
Solalinde.
El
religioso es, precisamente, una de las personas que ha mostrado una posición
más crítica con los arrestados, especialmente con Mujica. En declaraciones con
Animal Político un día después de los arrestos, aseguró que llevaba tiempo
escuchando las acusaciones de cobrar a migrantes y censuró las caravanas por
“hacer daño a México”.
Mujica y
Sánchez se encuentran en libertad, pero la audiencia aún no se resuelve uno de
los principales debates jurídicos. El juez no ha entrado al fondo del asunto
sobre la presunta ilicitud de las romerías de centroamericanos.
Según la
Ley de Migración, el tránsito sin papeles es una falta administrativa, pero no
un delito.
Pueblo Sin
Fronteras, la organización que dirige Mujica, expresó a través de un
comunicado su satisfacción por la liberación de los dos activistas y agradeció
el apoyo de los grupos de la sociedad civil que mostraron su preocupación por
las detenciones.
El
arresto de Mujica y Sánchez llega en un contexto de mucha presión hacia la
migración procedente de la frontera sur y algunas organizaciones que la
acompañan. Pueblo Sin Fronteras fue señalado por la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, como “reclutador” de centroamericanos para las caravanas.
La presión
de Estados Unidos ha provocado un incremento en los retenes del Instituto
Nacional de Migración, que provoca que quienes tratan de alcanzar el norte se
vean obligados a replegarse y caminar más escondidos y vulnerables.
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