Por
Redacción / Sin Embargo.
Las
auditorías federales recientes revelaron que no todos los Gobiernos locales y
regionales están cumpliendo las nuevas reglas implementadas desde el 2016,
sobre todo aquellas que tienen que ver con la deuda de corto plazo, la cual es
más riesgosa y podría presionar la liquidez de sus finanzas, advirtió Moody’s.
A través de
un informe, la calificadora detalló que desde la implementación de las Leyes
de Contabilidad Gubernamental y desde 2016 con la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios en México, los requerimientos de
contabilidad y transparencia de la deuda estatal y municipal se fortalecieron;
sin embargo, hay prácticas inconsistentes de divulgación de información,
deficientes controles internos y falta de planeación.
“Esto indica
que, en general, las prácticas de gobierno de los gobiernos locales en México
han mejorado, pero permanecen débiles en varios aspectos y continúan
presionando el desempeño financiero y la liquidez”, advirtió.
En lo que se
refiere a la revelación de la deuda de corto plazo los últimos reportes de la
ASF indican que algunos gobiernos locales no reportan toda la deuda de este
tipo. También se encontraron discrepancias entre la deuda de largo plazo
reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda.
“Esta falta de consistencia complica los
esfuerzos de calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la
deuda, así como los riesgos de liquidez”, advirtió Moody’s.
La
calificadora detalla que durante 2017, Michoacán no reportó nueve préstamos
de corto plazo por 6 mil 482 millones de pesos (30 por ciento del total de la
deuda reportada o 9 por ciento de los ingresos totales) ni en sus estados
financieros de 2017 ni en el Registro Público Único y el estado no pudo
comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por
10 mil 227 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría. Adicionalmente, la
auditoría encontró diferencias por 3 mil 589 millones de pesos entre la deuda
de largo plazo reportada en los estados financieros de Michoacán y la reportada
en el registro de deuda.
Además
hay pasivos no reportados, que son difíciles de predecir y ponen presión
adicional a la liquidez de los Gobiernos regionales.
“Muchos
no reportan o algunos pasivos, tales como impuestos por pagar al Gobierno
federal o contribuciones por pagar a los sistemas de pensiones federales, los
cuales son difíciles de estimar sin la divulgación suficiente. Estos pasivos
pueden crear presiones de liquidez inesperadas porque el Gobierno federal tiene
el derecho a descontar dichos montos automáticamente de las participaciones
(ingresos no etiquetados) de los estados.
Oaxaca,
Estado de México, Chiapas y Jalisco son las entidades federativas que
concentran el 60 por ciento de los recursos no aclarados durante e ejercicio
fiscal 2018, de acuerdo con un ejercicio realizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El informe
Dinero Prófugo de la Coparmex reveló que Oaxaca no ha transparentado 1,943
millones de pesos; el Estado de México, mil 814 millones; Chiapas mil 071
millones y Jalisco mil 070 millones de pesos.
La patronal
mexicana destacó que en 28 estados aún es necesario aclarar en qué se
gastaron 9 mil 789 millones de pesos. Cifra equivalente al 15 por ciento del
presupuesto asignado al proyecto del aeropuerto en Santa Lucía.
Ante ello,
la Coparmex planteó como necesario aplicar mecanismos de transparencia en la
materia.
Además, hay
cuatro entidades en las que hay recursos pendientes por aclarar, éstos son:
Baja California, Querétaro, Sinaloa y Sonora, por lo que Coparmex llamó a la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar seguimiento de la información.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.