Hezbolá en México.

Raymundo Riva Palacio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores debió haber estado sumamente ocupada en política doméstica la semana pasada porque no envió ningún representante de alto nivel a Buenos Aires, donde se llevó a cabo una reunión para coordinar acciones contra el terrorismo en toda América Latina. Estuvieron los cancilleres y representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú. Es decir, naciones donde hay actividad terrorista o se cruza el terrorismo con el narcotráfico. En el comunicado final, las 16 naciones expresaron “su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental”.

El comunicado conjunto fue como todos los de su tipo, ambiguo y general, pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que comenzó en Buenos Aires una rápida gira por América Latina, que concluyó en la Ciudad de México, para llevar el mensaje de Washington a toda la región, dijo que se requería intercambio de información para combatir el terrorismo, y que la “solidaridad” entre las naciones era el “antídoto” para la amenaza. Diplomáticos mexicanos dijeron que ese tema no estuvo en la agenda de las pláticas que tuvo Pompeo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El nombre de Hezbolá estuvo todo el tiempo en el discurso por el financiamiento que tiene de Irán para sus acciones terroristas –que es como considera en una gran parte del mundo–, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y por los rastros de esa organización islámica chií libanesa –que es un partido político en Líbano–, de sus vínculos con el crimen organizado en América Latina. La presencia de Hezbolá en México ha sido minimizada por el gobierno desde que comenzó a ser documentada hace casi 20 años, y el actual no es la excepción. Documentos judiciales en Estados Unidos han demostrado que esa organización financió algunas de sus actividades militares con dinero de Los Zetas, y, a través de esos vínculos, el Cártel de Sinaloa envió cuadros a Irán para adiestrarse en la preparación de autos-bomba, que comenzaron a usar en 2008.

En un testimonio el año pasado ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, advirtió que China, Rusia e Irán estaban cortejando “algunos de nuestros socios estratégicamente más importantes en América Latina y el Caribe, y apoyando regímenes autoritarios y antiamericanos”. El gobierno de Enrique Peña Nieto pagó de manera costosa su acercamiento a China, y tres de los cuatro proyectos de infraestructura del sexenio –Cabo Pulmo, el Tren Bala México-Querétaro y Dragon Mart– se cancelaron por la participación china.

Cuando el nuevo secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, le preguntó a su antecesor Gerardo Ruiz Esparza sobre si seguía existiendo interés chino en el proyecto ferroviario, le dijo que sí, pero que le recomendaba que checaran primero con Washington. En el caso de Irán, ese gobierno apoyó con votos e influencia a Gabriela Cuevas para que fuera electa presidenta de la Unión Interparlamentaria en 2017, quien consiguió que López Obrador le diera una diputación plurinominal para poder seguir en el cargo. La geopolítica no se le da mucho a los gobiernos de México, aunque le provoque dolores de cabeza innecesarios.

La política de avestruz no frena lo que sucede en su entorno. Un caso que habla de esta característica mexicana se divulgó en diciembre de 2011, cuando la DEA acusó a Ayman Joumaa, un ciudadano colombiano-libanés, de facilitar grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y lavar dinero para “numerosas” organizaciones de tráfico de drogas, incluyendo –resaltó la agencia– a Los Zetas. Alrededor de 850 millones de dólares de Los Zetas fueron lavados en el Lebanese Canadian Bank, varios de cuyos ejecutivos y subsidiarias estaban ligadas a Hezbolá. Joumaa, de acuerdo con la acusación, recibía de 2 a 4 millones de dólares en la Ciudad de México de Los Zetas y los enviaba a Hezbolá, tras cobrar comisiones de 8 a 14 por ciento.

La presencia de Hezbolá en México fue registrada por primera vez en 2001, cuando se detuvo a Mahmaoud Yousef Kourani, uno de sus operadores, tras haber metido a Estados Unidos a más de 300 libaneses sin documentos, con el apoyo del dueño de un café en Tijuana, Salim Boughader Mucharrafille. En 2010, con información y presión de Estados Unidos, las autoridades impidieron la creación de una red de Hezbolá en América Central que encabezaba Jameel Nasr, que había contratado a mexicanos que tenían familiares en Líbano. Y en 2012, se detuvo a tres personas en Yucatán, que se sospechaba pretendían establecer una célula de Hezbolá. Entre ellos estaba Rafic Mohammad Labboun Allaboun, que había estado preso en Estados Unidos por un fraude bancario, que las autoridades de ese país ligaron a Hezbolá.

En junio pasado, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta sobre cuatro presuntos terroristas del Estado Islámico que querían entrar sin documentos a la Unión Americana. Fueron detenidos en Nicaragua antes de llegar a México. En ese momento, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, minimizó la alerta y descartó la presencia de terroristas en este país –como en el pasado. Sin embargo, las investigaciones en otras naciones sobre la presencia de Hezbolá en la región no paran. Desde hace tiempo Colombia y Estados Unidos investigan la infiltración de Hezbolá en pandillas asociadas con el narcotráfico, por las rutas de las FARC, que cruzan el Triángulo del Norte centroamericano y México, que se mantienen intactas. Afuera están los semáforos rojos. Aquí, preferimos no darnos por enterados.