Por Arturo
Angel.
El Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al gobierno de
Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, que transparente todos los
documentos relacionados con la adquisición de 160 patrullas que tuvieron un
costo, en promedio, de 1.3 millones de pesos cada una. Entre los documentos que
deben abrirse está el presunto estudio de mercado y el contrato firmado.
Lo anterior
luego de que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad
Pública local (SSP), intentó clasificar como reservados, de forma indefinida,
los documentos de este procedimiento.
El IVAI resolvió
lo anterior tras analizar en conjunto los recursos de queja que promovieron
ocho solicitantes de información, entre ellos Animal Político, y en el que se
requerían múltiples documentos relacionados con este procedimiento.
En el caso
de este medio se había pedido desde la información que pruebe que hubo una
convocatoria, hasta los estudios de mercado sobre los costos de las patrullas,
las cartas de invitación a los proveedores, el fallo, la justificación de la
adjudicación directa y su aprobación, el contrato y sus anexos, entre otros.
Tanto la
Fiscalía General de Justicia de Veracruz, así como la Contraloría de la
entidad, iniciaron investigaciones relacionadas con este procedimiento, luego
de que se hicieran públicas diversas denuncias por presunto sobreprecio de las
unidades, acompañadas de documentos que mostraban que unidades similares se
habían adquirido el año pasado, a mitad de precio.
Fue justo
el argumento de que había una investigación, sumado al que era un tema de
“seguridad”, el que intentó usar la Secretaría de Seguridad Pública local para
no dar a conocer la información, hecho que el IVAI desestimó.
La
resolución del IVAI, aprobada de forma unánime por sus tres consejeros, concluyó
que el gobierno de Veracruz, a través de la SSP, intentó cerrar el contrato y
demás información de este procedimiento con argumentos que eran inadecuados,
que no estaban bien sustentados, o que de plano eran falsos.
De entrada, la
resolución destaca que la Secretaría de Seguridad y su comité de transparencia
se dedicaron a exponer una serie de argumentos legales que, desde su punto de
vista, impedían transparentar la información. No obstante, omitieron hacer la
denominada “prueba de daño”, que exige la ley, y que consiste en argumentar
punto por punto por qué se justifica la aplicación de dichos argumentos
legales, y por qué es mejor ocultar datos públicos que revelarlos.
Lo
anterior sucedió, por ejemplo, con el argumento de que el contrato no podía
transparentarse porque forma parte de una investigación ministerial a cargo de
la Fiscalía, y por lo tanto es información correspondiente a una averiguación
previa, que por ley es información reservada.
Sin embargo,
los consejeros hicieron notar que el sujeto obligado, es decir la SSP, no
explicó qué parte de todo el procedimiento forma parte de dicha averiguación, y
ni siquiera les preocupó dar referencias mínimas que permitan acreditar que
dicha averiguación existe, así como el número de la carpeta y su fecha de
apertura.
“En todos
los casos debe acreditarse la existencia de cada uno de los supuestos que se
hacen alusión en la reserva, esto es, si indica que la información puede
obstruir la persecución de los delitos se debe identificar de manera clara la
existencia de un proceso penal, que se encuentre íntimamente vinculado; lo
mismo ocurre con las otras hipótesis, no solamente basta indicar que se
actualiza el supuesto, sino que el sujeto debe acreditar de manera fehaciente
por qué se actualizan esas hipótesis, lo que aquí no ocurrió”,
dice la resolución.
A ello se
suma la exposición hecha por la SSP de argumentos imprecisos o falsos. Por
ejemplo, la dependencia dijo que revelar los datos del procedimiento podría
afectar el “procedimiento deliberativo” de una decisión en curso, citando el
artículo de la ley que contempla esta cláusula de reserva.
Sin embargo,
los consejeros hicieron ver que lo anterior no es real, puesto que hay un
hecho notorio, reconocido incluso por la propia dependencia en otras respuestas
entregadas parcialmente, respecto a que este proceso de adquisición ya estaba
cerrado, que ya se había firmado el contrato, al punto en que las patrullas ya
se entregaron. Por tanto no hay ningún proceso deliberativo en curso.
A lo
anterior se suma la aseveración, también sin fundamento, que hizo la
Secretaría de Seguridad respecto a que “no era posible” elaborar versiones
públicas de los documentos que Animal Político y otras personas solicitaron.
“La
Secretaría vulneró el derecho al acceso a la información al indicar que no era
procedente la entrega de la versión pública de la información, afirmación que
es contraria a lo establecido en el último párrafo del artículo 68 de la ley de
Transparencia de la entidad, que indica que se deben preparar versiones
públicas de todos los documentos”, señala la resolución.
Por si fuera
poco, los consejeros también advirtieron que el gobierno local perdió de
vista que lo que se solicita son documentos relacionados con un procedimiento
de adjudicación directa y que, por ende, es información que debería de haber
transparentado de forma proactiva, sin que siquiera medie solicitud de por
medio.
Con todo
este contexto, el pleno del IVAI consideró procedente declarar fundados
todos los recursos de queja interpuestos, y revocar las actas del Comité de
Transparencia de la SSP en las que se clasificó como reservada la información
relacionada con el proceso de adquisición de las 160 patrullas.
En su
resolución, el IVAI determinó que la SSP está obligada a entregar la mayor
parte de la documentación relacionada con el procedimiento de adquisición de
las 160 patrullas, aun cuando se haya tratado de un procedimiento de
adjudicación directa y no de una licitación pública.
Entre los
documentos que deberá proporcionar, y que fue requerido por este medio en la
solicitud de información presentada, se encuentra el estudio de mercado que
tuvo que haberse realizado para que el Estado pudiera elegir el costo de mayor
beneficio para el erario público.
“El
sujeto obligado deberá pronunciar si se llevó a cabo un estudio de mercado
respecto a la adquisición de las patrullas, o si en su caso el mencionado
estudio se encuentra contemplado en los documentos que se generan por ley, esto
es que se encuentren contenidos en la solicitud realizada por la Unidad
Administrativa para la realización del procedimiento de adjudicación en lugar
de licitación, mismo que deberá entregarse también”, indica la resolución.
La SSP
también deberá entregar copia del contrato firmado, los anexos técnicos, las
facturas emitidas de pago, los oficios de fallos, y lo demás que fue
solicitado. En el caso de que la dependencia considere que hay información
reservada, esta deberá argumentarse y sustentarse conforme lo que marca la ley,
y no como se quiso hacer de manera jerárquica.
Pero aun
cuando existan datos clasificados, el IVAI ordenó que se elaboren versiones
públicas de cada uno de los documentos, que solo se cubran los datos sensibles,
y que en este caso, a juicio del Instituto solo deberían ser las
características del blindaje y equipo tecnológico equipado en las patrullas.
Finalmente, el
Instituto determinó que esta información deberá transparentarse en un plazo de
cinco días hábiles que, en el caso de la solicitud promovida por este medio,
vence el próximo lunes.
COMPRA
POLÉMICA.
Animal
Político publicó el pasado 13 de julio que en el proceso de adquisición de
estas patrullas hay datos opacos, inconsistentes y contradictorios. Ello sumado
a posibles irregularidades que incluso dieron paso ya a la apertura de una
investigación administrativa, e incluso una de tipo penal a cargo de la
Fiscalía estatal.
Entre las
anomalías que se pudieron documentar se encuentra, por ejemplo, que en una
respuesta vía transparencia la SSP informó, sin documento que lo sustente, que
en la adquisición de las patrullas hubo dos procedimientos: uno de licitación
donde habría ganado una empresa de nombre Automovilística Andrade S.A. de C.V.,
y también uno de adjudicación directa donde se escogió a Lumo Financiera del
Centro S.A. de C.V.
Tampoco
queda clara la inversión realizada, ya que en la respuesta oficial
proporcionada se indicó que se arrendó cada patrulla por poco más de 42 mil
pesos. Y si se toma en cuenta el periodo de cobertura del contrato, la
inversión total ascendería a 245 millones de pesos, que son casi 40 millones de
pesos más que lo informado en el evento de presentación de las patrullas por el
gobernador Cuitláhuac García.
Pero aun
cuando se tome en cuenta la cifra inferior dada por el gobernador, de todas
forma significaría que cada patrulla se rentó por un costo total de 1.3
millones de pesos, cantidad que, por ejemplo, duplica la pagada en Sonora un
año antes para adquirir un vehículo prácticamente idéntico.
En dicho
contexto es que se ordenó la apertura de las investigaciones en curso. El
gobernador ha sostenido que no existió irregularidad alguna, y que incluso se
terminó pagando un precio inferior al del mercado.
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