Bonilla aplica impuesto estatal y las gasolinas suben en Ensenada; esperan que repunte la inflación.

Por Redacción / Sin Embargo.

Por Julieta Aragón.

A partir del lunes 20 de enero, la mayoría de las gasolineras en Mexicali subirán el precio del litro del combustible, como consecuencia del incremento del 2.5 por ciento estatal, propuesto por la administración de Jaime Bonilla Valdez y avalado por la mayoría morenista en el Congreso de Baja California.

En un desplegado, publicado en medios impresos el miércoles 15, la Asociación de Gasolineros de Onexpo Mexicali manifestó su “desacuerdo” con el gravamen, ya que “en la gran mayoría de los casos ese porcentaje es mayor a la utilidad neta” de sus empresas; por lo que sus agremiados -aseguran- se ven “obligados” a impactarlo en los precios de los combustibles.

“Nosotros iniciaremos la lucha legal para combatir este impuesto, y en cuanto ganemos, bajaremos el precio de los combustibles”, reza el comunicado.

En entrevista con ZETA, Rubén Márquez Espinoza, presidente de esa asociación, comentó que el incremento dependerá de cada negocio y/o marca.

En primera instancia, aclaró que como máximo podrían ser 45 centavos, que es el equivalente del impuesto; sin embargo, observó que debido a que el Decreto 39 “viene confuso”, no se sabe si podrían ser de hasta 90 centavos por litro.

“El decreto señala que el impuesto será de 2.5 por ciento por venta de primera mano por primera vez en el estado, que sería al importador, y luego en otro párrafo habla sobre el ingreso de la venta al público, que es nuestro caso. Si así fuera, estaríamos hablando de 90 centavos por litro”, comentó.

En ese sentido, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías dijo a este semanario que el impuesto a los hidrocarburos podría hasta triplicarse, ya que Petróleos Mexicanos envía el combustible a la distribuidora y ésta a su vez a la gasolinera, “y a veces se refactura en las empresas, las estaciones que están en renta, y se puede causar otra vez el impuesto. En realidad, es una cadena impositiva sobre el mismo producto que está regulado en los artículos 8 bis y 133 de la Ley de Hacienda” del estado, aprobada el 31 de diciembre de 2019.

El precio promedio del litro de gasolina regular en la Capital bajacaliforniana fue de 17.99 pesos; el de la gasolina Premium, de 19.64 y el de diésel de 20.23 pesos, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En entrevista con ZETA, Juan Manuel Arellano Lara, presidente de la Asociación de Gasolineros de Ensenada, indicó que “si no hay alguna condición cambiante”, los empresarios en ese municipio también podrían tomar la decisión de incrementar el precio de los combustibles, ya que el impuesto “absorbe gran parte” de su utilidad.

Al cierre de esta edición, Arellano Lara advirtió que había “muchas posibilidades” de que los empresarios en el puerto tomen la decisión de incrementar el precio de los combustibles a partir del lunes 20 de enero.

Cabe señalar que en Baja California, Onexpo agrupa la mayor parte de las estaciones de servicio “550” de los grupos más grandes: Arco, Chevron (Gasmart), Rendichicas y Círculo K. En tanto la Asociación de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT) tiene entre 60 y 80.

BONILLA SE REÚNE CON GASOLINEROS.

ZETA buscó una entrevista con Carlos Rubio, presidente de Onexpo Baja, AC (Tijuana) y con Alejandro Borja, presidente de la APEGT, para conocer la posibilidad de que los empresarios en esta ciudad incrementen el costo de los combustibles; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las solicitudes no fueron respondidas.

No obstante, este Semanario confirmó con fuentes gubernamentales que el mandatario Jaime Bonilla Valdez había agendado una reunión privada con propietarios independientes de gasolineras para hoy viernes 17 de enero en su oficina de Tijuana.

No obstante, algunas versiones aseguran que el encuentro -presuntamente organizado por Marco Antonio Zúñiga, ahijado de Bonilla-, se llevó a cabo ayer, sin la participación de empresarios de Mexicali y Ensenada, con el fin de avalar el impuesto.

INFLACIÓN LLEGARÍA A 4.5 POR CIENTO A TASA ANUAL.

El martes 14 de enero, Rubén Roa, subsecretario de Economía, reconoció que el impuesto estatal a las gasolinas del 2.5 por ciento tendrá un impacto inflacionario a corto plazo que gradualmente sería absorbido.

“Estaríamos hablando de una tasa de no más de 4.5 por ciento (de inflación) y eso usualmente podría ser absorbido en cuatro meses, no es un tema para disminuir el poder adquisitivo de la ciudadanía”, asentó.

Roberto Fuentes Contreras, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), coincidió en que los nuevos impuestos ubicarían la inflación en alrededor del 4 por ciento a tasa anual, ya que dentro de bienes que se consideran para la medición de ese indicador económico, la gasolina es la segunda con mayor ponderación.

Cabe señalar que el escenario previsto por los economistas estaría por encima de la inflación nacional, que cerró 2019 con tendencia a la baja, a una tasa anual de 2.83 por ciento.

Además, la inflación proyectada para BC es un panorama opuesto al que se pretendía y se registró un año antes, cuando en enero de 2019 entraron en vigor los estímulos fiscales al IVA e ISR —otorgados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador—, logrando que Baja California fuera la entidad con menos encarecimiento en el país.

En opinión de Fuentes Contreras, el efecto que tendrá el alza de impuestos estatales pegaría a los bolsillos de los bajacalifornianos, sin embargo, “no será suficiente para soslayar lo que se ganó durante 2019”, lapso en que los salarios inscritos en el Seguro Social promediaron un crecimiento real de 12 por ciento.

Pero Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios de Baja California, estimó que “la inflación se disparará” en la entidad durante el primer trimestre del año, ya que el precio de los combustibles será presionado no solo por el impuesto estatal, también por la actualización del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a nivel federal y el aumento en el precio del crudo a nivel mundial, por los eventos en Medio Oriente.

HOTELES TAMBIÉN SUBIRÁN TARIFAS.

Adrián Bustamante González, presidente de la Asociación de Hoteleros del Noroeste, confirmó a ZETA que sus agremiados “sí ajustarán” las tarifas, sobre todo por el incremento al impuesto sobre nómina, uno de los nueve gravámenes impuestos el 31 de diciembre de 2019.

Dicho aumento, dijo, podría ser del 3 por ciento (dependerá de cada empresario) y se plantea sea gradual, para no restar competitividad.

Recordó que integrantes de este sector se reunieron el 9 de enero con el Gobernador y los secretarios de Economía y Hacienda estatal, Mario Escobedo y Adalberto González, respectivamente, para manifestarles su desacuerdo y el temor de que puedan verse perjudicados con una doble tributación que los haga pagar el 10 por ciento, en lugar del cinco por ciento que se impuso a los hoteles, y siete por ciento a los moteles.

Lo anterior, debido a que muchas habitaciones se venden mediante plataformas como Airbnb, Expedia, entre otras, las cuales deben pagar 5 por ciento por el hospedaje.

PIDEN CASTIGO A FUNCIONARIOS QUE DESFALCARON ARCAS PÚBLICAS.

El lunes 13 de enero, empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial rechazaron de manera unánime y rotundamente, la creación de nuevos impuestos y el alza de gravámenes en la entidad.

Pidieron a Jaime Bonilla Valdez “respeto a quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo económico” en el Estado, esto último en referencia a lo manifestado por el mandatario días antes, cuando dijo que los empresarios que cuestionan el alza de impuestos “chillan más que un puerco atorado en un cerco”.

Durante la sesión de más de tres horas, celebrada en Tecate, los representantes de la iniciativa privada también pidieron se castigue a quienes desfalcaron a BC, léase el ex Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y otros funcionarios de la anterior administración.

De acuerdo con versiones de algunos asistentes, en esa reunión empresarios hoteleros negaron haber avalado al actual Gobierno respecto al alza impositiva, como se ha publicado en diversos medios de comunicación.

 “A nosotros nos metieron a un cuarto, nos hablaron de temas diversos y cuando salimos, al otro día salió la nota”, habrían señalado los hoteleros, lo mismo que los gasolineros, quienes indicaron que el único que estuvo de acuerdo con el Gobierno estatal fue Alejandro Borja, en la reunión que ese sector sostuvo con Bonilla Valdez el 7 de enero.

Cabe señalar que Alejandro Borja es sobrino del ex mandatario priista Xicoténcatl Leyva Mortera, a quien se identifica como un personaje cercano a Bonilla Valdez, puesto que a Leyva Mortera se le ha visto en diversos eventos a los que ha asistido el titular del Poder Ejecutivo, destacando la toma de posesión del gabinete ampliado el 1 de noviembre de 2019, en el Centro Cultural Tijuana.

Los empresarios congregados el lunes 13 de enero también habrían acordado no aceptar el incremento del 5 al 10 por ciento al Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California y exigir a la actual administración que pague el adeudo que mantiene en ese rubro.

También acordaron proceder con acciones legales (juicios de amparo) contra las medidas fiscales, recursos que se estarían presentando en bloque por cada cámara durante la primera quincena de febrero.

Por otro lado, el abogado y ex regidor Roberto Quijano Luna, adelantó que está agendada una nueva reunión empresarial en Tecate para el lunes 20. Asistirían los presidentes de los CCE de cada municipio y se establecerá el método para que el Gobierno reconsidere.

Tras ello, los empresarios buscarán, a la brevedad posible, mesas de trabajo con la administración estatal para atender este relevante tema.

“Nuestra prioridad es que el Gobierno del estado reconsidere su posición y se haga un ajuste a la Ley de nueva cuenta. Lo natural es que haya una reducción del gasto público, y lo último un incremento de impuestos”, aseguró Quijano.

DECLARACIONES DE VÍCTOR MORÁN POR DESCONOCIMIENTO DE LEY.

Hace unos días, el presidente del Congreso de Baja California, Víctor Morán Hernández, amenazó a los empresarios, al declarar que si suben los precios de gasolina, gas, entre otros productos, se harían “acreedores a sanciones muy rigurosas”.

La advertencia se dio luego de asegurar que fue válida la sesión extraordinaria en la que la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional y legisladores afines avalaron el alza de impuestos la noche del 31 de diciembre de 2019, cuando gran parte de la población celebraba la llegada del año nuevo.

Para Quijano Luna, las declaraciones de Morán Hernández carecen de sustento y denotan desconocimiento de la Ley, toda vez que “no hay una norma que sancione que los empresarios incrementen el costo de sus productos y servicios”.

En la economía de México, la oferta y la demanda determinan el precio de los productos, puesto que el control de precios desapareció desde hace mucho tiempo.

“El propio Gobierno es el que aumenta tarifas e impuestos porque así lo demanda el mercado, sube el agua, la luz, entonces los empresarios también tienen la libertad de hacerlo basado en muchos aspectos, entre ellos sus costos de operación”, explicó el abogado.

Para concluir, recordó que el Congreso local y la Cámara de Diputados no tienen facultad sancionadora, y que el Poder Legislativo solamente hace leyes.