Por Noé
Zavaleta.
La
encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica
Hernández Giadáns, admitió en una comparecencia ante el Congreso local ser
“prima hermana” de Guadalupe Hernández “La Jefa”, operadora de Los Zetas y
cercana al capo Hernán Martínez Zavaleta “El Comandante H”, jefe de plaza
detenido en el 2017 en Cárdenas, Tabasco.
Hernández
Giadáns admitió el parentesco con “La Jefa” luego de ser cuestionada por el
diputado del Partido del Trabajo (PT), José Manuel Pozos Castro.
La Fiscal
excusó que ella “no escogió a su familia” y que ni su familia, ni sus amigos
están por encima de la ley.
“Sólo soy
responsable de lo que yo haga y de mis palabras”, dijo Verónica Hernández, y
aseguró que tiene “más de 30 años” que perdió contacto con su prima hermana.
En una
maratónica comparecencia que duró más de cinco horas, Verónica Hernández
insistió que en su trayectoria en el servicio público –como secretaria del
Ayuntamiento de Xalapa y como directora jurídica de la Secretaría de Gobierno–
se ha conducido con valores, principios, ética y congruencia en el decir y el
hacer.
“Respondo
por mis actos y aclaro, a esa persona tiene más de 30 años que no tengo contacto
con ella. No tengo relación con esa familia y en mi examen de control y
confianza claro que lo dije, tenemos que conducirnos con la verdad”.
Insistiendo
con el tema de “La Jefa”, Verónica Hernández tuvo que admitir su relación
consanguínea.
“No voy a
negar un parentesco que existe, a la familia no se le elige. Afortunadamente a
los amigos sí, pero ni por los amigos ni por la familia puedo yo responder”.
Culpa a
pasadas administraciones.
Hernández
Giadans culpó a pasadas administraciones de la situación caótica que priva en
la Fiscalía y que ha retrasado la identificación de cuerpos en fosas
clandestinas, así como el avance en las investigaciones de personas
desaparecidas.
En una
comparecencia con escasa asistencia de diputados de oposición (PAN y PRD), Verónica
Hernández presumió que desde que tomó las riendas de la oficina se ha combatido
el secuestro, se han reclasificado feminicidios, se da una mejor atención a
familiares de personas desaparecidas y abatir el rezago de carpetas de
investigación.
Desde su
creación en enero del 2015, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado
envuelta en la polémica y en escándalos ligados al crimen organizado.
Ligas con el narco.
El
anterior fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia,
fue acusado por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de proteger al Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las masacres de La Potra, en Minatitlán, y
en el bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos.
Tras la
detención del “Comandante H” en 2017, policías ministeriales del sur de
Veracruz revelaron a Apro la amistad entre el capo de Los Zetas y el fiscal
regional, Jorge Morales Carrasco –propuesto por Jorge Winckler– quien tuvo que
renunciar a la corporación apenas un par de días después de la detención del
líder Zeta.
Mientras
que Luis Ángel Bravo Contreras –quien salió de prisión en mayo del 2019– fue
señalado por Colectivos de Desaparecidos de proteger a Arturo Bermúdez Zurita
“Capitán Tormenta” en cientos de desapariciones forzadas en Veracruz.
Señalaron
que se realizaban operativos para “levantar” a cualquier sospechoso de
pertenecer a Los Zetas para “dejarle el camino libre” al Cártel de Jalisco
Nueva Generación, de acuerdo con las aseveraciones que hizo al periódico El
País el fiscal especializado, Luis Eduardo Coronel Gamboa.
Gamboa, funcionario en el sexenio del
priista Javier Duarte y del panista Miguel Ángel Yunes, hoy también se encuentra
prófugo de la justicia.
El
exsubprocurador general de justicia, Marco Antonio Lezama Moo, también fue
señalado de pertenecer a una red de funcionarios que “facilitaban” la
liberación de integrantes de Los Zetas, a cambio de una compensación mensual de
50 mil pesos.
Lezama
Moo dejó de pertenecer a la Fiscalía en 2014, cuando fue investido –a propuesta
de Duarte– como magistrado, donde actualmente continua como servidor público.
Incluso, en
la última renovación del Poder Judicial del Estado, en diciembre de 2019, fue
Lezama quien propuso a Sofía Martínez Rivera como nueva presidenta del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ).
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