Rubicela
Morelos Cruz.
Nueve de
los 18 magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia
solicitaron por escrito al Congreso del estado una auditoría especial y urgente
a los recursos asignados al TSJ por los gobiernos federal y estatal, así como
por el fondo auxiliar, ante la crisis financiera en que, aseguraron, se
encuentra el organismo que encabeza la magistrada presidenta Carmen Cuevas
López.
Los
jueces Carlos Iván Arenas Ángeles, Luis Jorge Gamboa Olea, Norberto Calderón
Ocampo, Andrés Hipólito Prieto, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Bertha Leticia
Rendón Montealegre, Rocío Bahena Ortiz, Nadia María Luz Lara Chávez y Ángel
Garduño González enviaron la solicitud al presidente de la mesa directiva de la
54 Legislatura, el diputado Alfonso Sotelo Martínez, del Partido Encuentro
Social.
Los
magistrados pidieron revisar el uso de los recursos públicos, incluidos los
del fondo auxiliar (obtenidos por el cobro de copias certificadas), ante la
notoria crisis financiera en la gestión de Cuevas.
Controversias
para obtener más presupuesto.
Señalaron
que la funcionaria ha presentado un sinnúmero de controversias constitucionales
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los poderes
Ejecutivo y Legislativo para que le asignen más presupuesto con el argumento de
que el TSJ carece de recursos para el pago de pensiones jubilatorias, pese a
que el Congreso local aprueba las jubilaciones de los servidores públicos del
TSJ.
En
noviembre del año pasado el gobierno del estado reasignó 26 millones de pesos
al TSJ para pagar algunas pensiones –a pesar de que ya había recibido 523
millones de pesos– y quitó recursos a educación, cultura y desarrollo social,
entre otras áreas.
Los
inconformes demandaron a los diputados locales que, en aras del principio de
transparencia al que está obligado todo ente público, se conozca el manejo de
los recursos públicos asignados al Tribunal Superior de Justicia del estado de
Morelos, atendiendo también a que durante la gestión de quien lo preside
actualmente ha crecido exponencialmente el número de jubilaciones de servidores
públicos.
Asimismo, piden
que se indaguen las causas de este fenómeno y la probable violación de derechos
fundamentales de los servidores públicos del TSJ, algunos de los cuales,
estando en edad y condición productiva, han optado por su retiro jubilatorio
anticipado, señala el documento.
En noviembre
de 2018 La Jornada dio a conocer que 15 magistrados violaban leyes estatales
y federales al tener en la nómina de ese organismo a familiares, amigos y otras
personas cercanas, algunas de las cuales ni siquiera cumplían el perfil,
empezando por la presidenta del TSJ.
Carmen
Cuevas tenía a ocho personas cercanas en la nómina, entre ellos su padre, Juan
Manuel Cuevas Jiménez (quien falleció en febrero de 2019), su hermana Patricia
Cuevas López y sus sobrinos Edwin Jassen y Brian López Viazcan, así como a
familiares políticos y amigos de sus parientes.
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