Por José
Raúl Linares.
Un
magistrado especializado de Justicia Administrativa suspendió la multa por un
millón 51 mil pesos e inhabilitación por seis meses que la Secretaría de la
Función Pública (SFP) impuso a Laboratorios Solfran S.A. de C.V., propiedad del
magnate y exdelegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco Carlos
Lomelí Bolaños.
El fallo
fechado el pasado 14 de enero, surge horas después de que la titular de la SFP,
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló que existen elementos para asentar
que dicha empresa – junto con otra, Lomedic– incurrió en posibles faltas
administrativas graves por ganar contratos mientras el exdelegado fungía como
representante del gobierno federal.
“Efectivamente,
sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de
inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este
caso sería una falta administrativa grave”, acusó la funcionaria federal durante la conferencia
matutina que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A decir
de la resolución emitida por el magistrado Miguel Aguilar García, bajo el número de expediente
1164/19-22-01-4, adscrito a la Sala Regional del Norte-Centro y Cuarta
Auxiliar, decidió otorgar la suspensión y “que las cosas se mantengan en tal
estado” después de que la SFP no acudió “en tiempo y forma” a desahogar una
vista que le fue ordenada.
“Se
concede la suspensión definitiva del acto impugnado consistente en la
resolución de fecha 31 de julio de 2019 dictada dentro del expediente número
SAN/016/2019, así como, la resolución de fecha 09 de septiembre dictada por la
Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la
Secretaría de la Función Pública por la cual se le impone una multa de
$1,051,500.00”,
señala la sentencia.
Más adelante
añade: “para el sólo efecto de que las cosas se mantengan en que se
encuentran, condicionando su eficacia a que quede debidamente garantizado el
interés fiscal ante la autoridad en los términos precisados en el presente
fallo”.
Cuatro de
las denuncias que actualmente posee ante la SFP, y que salieron a la luz
pública a partir de una investigación elaborada por la periodista Laura Sánchez
Ley, reportera de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), son por
conflicto de interés y tres por infracciones a la Ley Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, entre las que destacan presunto
cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La SFP
señaló que contra Lomelí Bolaños es una de las ocho que investigación en
proceso que se llevan a cabo contra delegados federales para Programas para el
Desarrollo en distintas entidades del país, de quienes en octubre se dio a
conocer que eran 10 los acusados en las 32 entidades. También detalló que se
habían presentado 102 denuncias contra la Secretaría del Bienestar, de las
cuales 24 ya fueron concluidas.
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