Por Pedro
Matías.
El Congreso local aprobó una iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el Código Penal del estado, para castigar hasta
con seis años de prisión a quienes agredan al personal médico que en esta
emergencia sanitaria por el covid-19 ha sufrido actos discriminatorios y
ataques contra su integridad.
Además de la
pena de prisión, a las personas que cometan actos de agresión y
discriminación contra el personal médico, por creer que son portadores del
coronavirus y pueden propagar un contagio, se les impondrá una sanción de 225 a
450 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 400 días multa.
Los
diputados y diputadas destacaron que, a pesar de la entrega y el compromiso
del personal médico ante la pandemia, las agresiones los han llevado a extremar
precauciones extras cuando salen a la calle para ir o regresar de sus labores.
Tras
reportarse una serie de casos en diferentes entidades, entre ellas Oaxaca, los
legisladores dieron luz verde para que las conductas dolosas que se cometan en
contra del personal médico del Sector Público que presta sus servicios en la
entidad, en el contexto de la emergencia sanitaria, sean sancionadas con una
pena más dura que cuando se cometan en un contexto ordinario, al ser
considerados como servidores públicos.
“En
Oaxaca tenemos un Sistema Estatal de Salud insuficiente, que se puede ver
desbordado por la magnitud de la pandemia, lo que afectaría más gravemente a
quienes viven en la pobreza y quienes no tienen cobertura médica, en caso que
necesiten atención médica u hospitalización, entonces, no se puede permitir que
se agreda a quienes estarán en la primera línea para atender pacientes con
coronavirus”,
puntualizaron.
Para ello, propusieron
se adicione el artículo 187 Bis, porque el delito que se cometa contra
servidores públicos ya está previsto y sancionado por el artículo 187 del
Código Penal para el Estado como un delito específico.
Entonces, al
tipificar de manera específica las conductas cometidas en contra de servidores
públicos del Sistema Estatal de Salud en un contexto de emergencia sanitaria,
se prevé una pena más dura en razón del bien jurídico tutelado y su
trascendencia social en el contexto en que se comete la conducta; pena que,
incrementada hasta en tres años, podría ser castigada hasta por seis años, “temporalidad
que consideramos razonable en un análisis de proporcionalidad”.
Al
aprobarse la iniciativa se modifica la denominación del Capítulo IV del Título
Cuarto del Libro Segundo, se adiciona el artículo 187 Bis y se le agrega un
tercer párrafo al artículo 412 Bis, recorriéndose los subsecuentes del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El artículo
187 Bis dice a la letra: “Cuando las conductas a que se refiere el artículo
anterior sean cometidas en contra de cualquier servidor público que pertenezca
al Sistema Estatal de Salud durante el período que comprenda la declaración de
una emergencia sanitaria, la pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres
años más, además de la que le corresponda por el delito cometido”.
Por otra
parte, la 64 legislatura local firmó un convenio con el Patrimonio de la
Administración de la Beneficencia Pública del gobierno del estado, para
oficializar la donación de un millón 764 mil pesos, que corresponde a un mes de
salario de 42 legisladores, con el objetivo de dotar de equipo médico a
hospitales que lo requieran.
“Esta
suma se dividirá en un millón 205 mil 400 pesos para el Hospital General
‘Doctor Aurelio Valdivieso’ y 516 mil 600 pesos para el Hospital de la Niñez
Oaxaqueña ‘Guillermo Zárate Mijangos’”.
Con ese
dinero se pretende la adquisición, entre otros insumos y materiales para
atender enfermos del covid-19, de caretas, cubrebocas y trajes especiales de
protección para médicos y enfermeras.
Durante el
acto protocolario, el presidente de la Junta de Coordinación Política del
Congreso, Horacio Sosa, reconoció la disposición de las diferentes fuerzas
políticas al interior de la Legislatura por abonar a mejorar la salud de la
población oaxaqueña.
Y reiteró la
disposición del Congreso local para direccionar, de ser necesario, parte de los
3 mil 500 millones de pesos autorizados del refinanciamiento de la deuda
pública, en acciones que coadyuven a atender la emergencia sanitaria nacional
provocada por el covid -19.
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