Coparmex exige implementar salario solidario.

Por Ana Martínez.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que el Gobierno federal destine 97 mil millones de pesos al mes para solventar un “salario solidario”, es decir, una remuneración “significativa” para los trabajadores de las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las cuales son las más vulnerables a las repercusiones económicas por la pandemia del Covid-19, aunque este monto no ha sido proporcionado por la actual administración en ningúno de sus apoyos sociales.

El monto que pide Coparmex ascendería a 194 mil millones de pesos sólo durante mayo y junio, considerando que la cuarentena y la reactivación económica tarde cerca de dos meses. El presupuesto anual para un programa social que se acerca a esta cifra es el de Pensión para el Bienestar para los Adultos Mayores, con 129 mil 350 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Le sigue el de Becas para el Bienestar el cual, a pesar del aumento que recibió en marzo pasado, ascienden a 67 mil 247 millones de pesos. Además, el programa Sembrado Vidas, que cuenta con 28 mil 504.9 millones de pesos, y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga una beca mensual de tres mil 748 pesos a becarios, cuenta con 25 mil 614.2 millones de pesos a ejercer este año.

Sin embargo, la Coparmex afirmó que el Gobierno federal debe aportar dicho monto, el cual varía de acuerdo a los ingresos de los trabajadores, para que en las próximas semanas o meses las empresas no tengan problemas de solvencia, sobre todo las microempresas con niveles bajos de remuneración, y puedan paliar la crisis económica por el coronavirus.

“Para el salario solidario tendría que destinar 97 mil millones de pesos por mes el Gobierno federal si quisiéramos que se hiciera una aportación sustancial, sobre todo a las personas que ganan entre uno y tres salarios mínimos, para que puedan tener de manera íntegra su remuneración”, sostuvo el presidente d Coparemex, Gustavo de Hoyos.

“Es necesario subirle el tono al Gobierno y exigirle que no abandone a las MiPymes”, planteó el dirigente patronal en una videoconferencia organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), afirmó que el empresariado debe seguir metiendo presión al Gobierno a través del Acuerdo Nacional de Emergencia, con datos de los empleos que se están perdiendo, para que “se tomen acciones a la brevedad”.

Según estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se perderán cerca de 900 mil empleos y cerrarán unas 200 mil empresas en caso de que el distanciamiento social para evitar la propagación del Covid-19 se prolongue hasta la segunda semana de mayo, cifra que podría subir, ya que las autoridades anunciaron el posible fin de la cuarentena el 30 de mayo próximo.

LLAMADO A LA UNIDAD, PIDE EL CCE. Pese al descontento de los participantes a la reunión convocada por el CCE, quienes exigieron acciones concretas para atender el impacto económico en los negocios, principalmente en las Pymes, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador, llamó a los empresarios a hacer un acuerdo nacional y dejar a un lado los temas políticos.

Afirmó que su propósito del acuerdo es que ningún trabajador o empresa se quede sin ayuda por parte de la Iniciativa Privada, la cual tiene más posibilidades de organizarse.

“Intentaremos no dejar a nadie atrás, es decir, que ningún proveedor o actividad se quede sin apoyo. Buscamos que el problema sea de liquidez y no de solvencia”, manifestó el empresario quién pidio al empresariado continuar unidos.

Señaló que el CCE ve positivo que las actividades económicas se vayan reactivando gradualmente a partir del 17 de mayo, por lo que buscará un acercamiento con el Gobierno, para evaluar la mejor forma de regresar a la “normalidad”.