Por Pedro
Zamora Briseño.
El Congreso local exhortó al gobernador José
Ignacio Peralta Sánchez a frenar el despido de trabajadores del Poder Ejecutivo
y a reinstalar a quienes han sido separados de sus puestos en los últimos días,
en el contexto de la contingencia por la pandemia de coronavirus.
A petición
del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Gobierno y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, la fracción parlamentaria
de Morena presentó al pleno la propuesta, que fue aprobada por unanimidad en la
sesión legislativa de este miércoles.
De acuerdo
con la organización sindical, en la primera semana de este mes el gobierno
estatal despidió a 25 empleados de diversas dependencias, que en octubre pasado
habían interpuesto ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) una demanda
en busca de su basificación laboral.
También
denunció que otros trabajadores fueron citados para obligarlos a desistirse de
la demanda, bajo la amenaza de despido en caso de no hacerlo.
En el punto
de acuerdo, el Congreso local consideró que las medidas adoptadas por el
gobierno estatal para enfrentar la pandemia del coronavirus “se han visto
empañadas por el despido que de manera injustificada se han venido ordenando
desde el despacho del secretario de Administración y Gestión Pública”.
Los
legisladores advirtieron que estos despidos en plena pandemia ponen en
riesgo la salud de los trabajadores, que “están legítimamente reclamando
basificación al señor gobernador”, con antigüedad en el servicio mayor a seis
años.
“Tenemos
conocimiento –indica el documento– que los días viernes 3 y lunes 6 de abril
del año en curso, trabajadores a quienes se identifica con el Sindicato
Independiente de Trabajadores al Servicio del Gobierno y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima, fueron citados para coaccionarlos a
desistirse de la instancia y de la acción laboral que han emprendido para
lograr la basificación en áreas en donde inicialmente fueron empleados y no
fueron removidos en período de hasta seis meses, como lo previene la Ley
Burocrática Local”.
Añade:
“al no tener el resultado la coacción ejercida, el día 7 de abril les fue
comunicado verbalmente que estaban despedidos, que ya no se les renovaría su
contrato por el mes de abril de 2020 en adelante, esto, no obstante saber la
dependencia de gobierno que las demandas en curso fueron entabladas en los años
2018 y 2019, así como que en su oportunidad fue emplazado y llamado a juicio el
gobernador constitucional de Colima”.
Por lo
anterior, el Congreso consideró que es su deber garantizar la justicia
laboral de los trabajadores, sin importar que sean de la burocracia local o al
servicio de la iniciativa privada, pues como lo han reiterado las autoridades
federales: la existencia de una pandemia o el cierre temporal de algunos
establecimientos mercantiles al público en general no es justificante para prescindir
del capital humano.
Luego de
que el martes anterior el gobernador José Ignacio Peralta anunció un Programa
Alimentario Emergente para apoyar con despensas a familias que se quedaron sin
ingresos a causa de la contingencia, el Congreso estableció en su punto de
acuerdo:
“No se
tiene la calidad de ser solidario cuando se apoya a unos con ayuda alimentaria,
pero se coacciona a otros a renunciar a la fuente de trabajo de la que se
obtienen recursos para el ingreso digno; tampoco es una culpa del empleado que
la contingencia sanitaria haya impuesto el aislamiento social o del propio
centro de trabajo para evitar la propagación del covid-19”.
Tras
estimar que es el momento oportuno para ser solidarios en todos los sentidos y
responder al llamado de respeto a los derechos de los trabajadores, la
Legislatura local emitió “un atento y respetuoso exhorto” para que el
gobernador gire indicaciones a sus subalternos para que “cesen esa política de
despido masivo de trabajadores que han venido efectuando y, por el contrario,
que se implementen mecanismos eficaces que permitan su reinstalación a la mayor
brevedad”.
En
diciembre pasado, el gobierno estatal ya había despedido a 600 trabajadores,
que se sumaron a los mil 500 despedidos en febrero de 2016, semanas después de
que Peralta Sánchez asumió el puesto de gobernador.
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