Por Neldy
San Martín.
Entre
reclamos, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República
aprobaron la Ley de Amnistía bajo el argumento de que urge despresurizar las
cárceles del país ante la pandemia por el covid-19.
Con 68 a
favor, 14 en contra y dos abstenciones, Morena y los partidos Verde Ecologista
de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) aprobaron en lo
general –y los artículos no reservados– la Ley de Amnistía previamente avalada
en la Cámara de Diputados.
Los 14
votos en contra fueron de Acción Nacional (PAN) y del senador sin grupo
parlamentario Emilio Álvarez Icaza, y las dos abstenciones del Partido de la
Revolución Democrática (PRD). En tanto, el Revolucionario Institucional (PRI) y
Movimiento Ciudadano, excepto Patricia Mercado, quien votó a favor, abandonaron
la sesión a la hora de la votación.
En la
votación en lo particular se emitieron 63 a favor, 12 en contra y tres
abstenciones.
Los
partidos de oposición habían condicionado su asistencia a la sesión del pleno, a
que se discutieran otros temas adicionales a la Ley de Amnistía, como apoyos a
las Pymes, una ley de Emergencia Económica y un Ingreso Básico Universal para
quienes perdieron sus empleos por la pandemia del covid-19.
Pero
cuando Morena y sus aliados lograron el quórum legal (65 legisladores), los
opositores anunciaron que se presentarían para argumentar en contra o refutar
fallas técnicas.
En el pleno,
los senadores y senadoras de oposición criticaron que la Cámara Alta no
atienda iniciativas referentes a la emergencia sanitaria y económica por el
coronavirus y se limitaran a sesionar sólo por un tema porque se los “ordenó”
así el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Les
mentiría si no les dijera que vine principalmente convocado por Andrés Manuel
López Obrador, a quien reconozco como nuestro líder, y no tengo la menor duda
que mis compañeros también vienen convocados principalmente por nuestro líder”, reconoció sin reparos el senador
morenista Rubén Rocha.
“Sólo
vamos a discutir la Ley de Amnistía y la vamos a aprobar”, remató el legislador, entre aplausos
de sus compañeros y compañeras.
Los
opositores calificaron como contradictoria la Ley de Amnistía, porque en su
redacción habla de delitos del fuero común, como el aborto, pero es una ley
federal.
“El
aborto es del fuero común, no tiene razón de ser que aparezca en este
dictamen”, soltó la
panista Alejandra Reynoso.
El
perredista Miguel Ángel Mancera citó las cifras del fuero federal del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en las que no hay una
sola mujer indiciada o sentenciada por aborto.
“El problema
de esta ley es que tiene serias deficiencias técnicas y eso porque no se
permitió que hubiera una discusión mayor, porque está clarísimo que se tenía
que aprobar”, criticó Mancera.
En tanto,
los integrantes del grupo parlamentario del PAN insistieron en que con la ley
aprobada este lunes se beneficiará a “delincuentes”.
“Esa ley no
habla de mujeres embarazas o adultos mayores. Lo único de lo que habla es de
abrirle la reja a personas que vendieron droga y que robaron”, señaló el
panista Damián Zepeda. “Nosotros no queremos las calles llenas de
delincuentes”.
Por su parte,
las senadoras y senadores de Morena dijeron que la Ley de Amnistía beneficiará
a personas que hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia, ante los
tribunales del orden federal, por delitos menores, “siempre que no sean
reincidentes”, como en caso de “aborto”, “personas que cometieron robo simple
sin violencia”, e “indígenas a quienes no se haya garantizado al debido
proceso”.
Asimismo,
personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones
de pobreza o por el crimen organizado, y ciudadanos que portaban dosis pequeñas
de drogas sin fines comerciales.
Además,
citaron la carta en la que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
Derechos Humanos llama al Senado a aprobar la iniciativa.
“No es
cierto, como quieren decir, cuando hablan de que vamos a liberar a los
delincuentes. Los delincuentes de cuello blanco andan afuera. Por cierto, no
vamos a liberar a García Luna, no se preocupen”, lanzó la senadora Imelda
Castro.
“Tenemos el
deber de aprobar esta la Ley de Amnistía por razones humanitarias, pues está
diseñada para reintegrar a la sociedad a aquellas personas que, por razones
socioeconómicas o por violaciones a sus derechos humanos, han sido procesadas
penalmente”, señaló por su parte la senadora del PT Alejandra León Gastélum.
En tanto,
Emilio Álvarez Icaza dijo que, si de verdad el gobierno federal quisiera
despresurizar el sistema penitenciario, lo primero que se tendría que hacer es
echar para atrás la prisión preventiva oficiosa, una reforma al artículo 19
constitucional que se aprobó en esta legislatura y que ha contribuido a saturar
las cárceles del país.
“Estamos
aquí por un capricho presidencial, de la mayoría legislativa. Esta sesión se
convocó para pretender atender una estrategia de control de daños de la imagen
presidencial. Se quiere disfrazar este actuar de la mayoría con un tono heroico
y un gesto humanitario, pero no es ni una ni otra. Ésta mal llamada Ley de
Amnistía no incluye los fines que dice buscar”, dijo Álvarez Icaza.
La
naturaleza de la ley solamente cubre los delitos federales, no locales. Según
los cálculos de Ricardo Monreal, tan solo 10% de las personas privadas de la
libertad por delitos del fuero federal, que se encuentran en centros federales
o estatales, podrían ser candidatas al beneficio de amnistía.
Es decir, se
podría amnistiar a lo mucho a 4 mil 600 personas, de un total de 29 mil 698 en
prisión por delitos federales, al cierre de 2018.
Sin embargo,
la ley señala que, dentro de los 180 días posteriores a su entrada en vigor,
el Congreso llevará a cabo un ejercicio de revisión de los delitos para
estudiar los casos.
Es decir que
el proceso de amnistía tardaría seis meses.
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