Por Patricia
Mayorga.
Los pobladores de la comunidad de Choréachi o
Pino Gordo, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo de la Sierra
Tarahumara, denunciaron que con la protección de hombres armados y a pesar del
confinamiento ordenado por la pandemia de covid-19, los caciques de la región
marcaron los árboles del territorio indígena para talarlos con fines
comerciales.
El 27 de
marzo interpusieron una demanda más ante la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) para informarle sobre el marcaje de árboles.
Después
de 20 años de luchar por su territorio ante los tribunales agrarios, en el
2018, la comunidad rarámuri de Choréachi obtuvo el reconocimiento su territorio
y bienes naturales, por el Tribunal Superior Agrario, con el acompañamiento y
asesoría de la organización Alianza Sierra Madre.
Anteriormente,
en febrero de 2017, asesinaron a uno de sus líderes, quien se suma a varios
integrantes de esa comunidad y de la vecina Coloradas de la Virgen, por
defender su territorio. Entre las víctimas se encuentra Juan Ontiveros, uno de
sus líderes más destacados, a quien mataron el 15 de febrero de 2017.
Sin embargo,
desde el año pasado, los integrantes de Choréachi han documentado trabajos
de marcaje de árboles y aprovechamiento forestal con fines comerciales dentro
de su territorio ancestral, ante diferentes instancias, incluida la Profepa.
Hasta ahora,
la Profepa sólo les emitió el acuse de recibo de la denuncia, ninguna autoridad
ha actuado.
“El
aprovechamiento forestal, presuntamente, lo están haciendo integrantes de la
comunidad Coloradas de los Chávez. No omitimos informar, tanto el marqueo, como
el aprovechamiento, se está realizando con la protección de personas armadas,
comúnmente conocidos como sicarios”, informó Alianza Sierra Madre.
“A pesar
de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los integrantes de la comunidad
rarámuri observan el trazo de una brecha de terracería en la que actualmente
están trabajando máquinas, sin su consentimiento, poniendo en peligro su salud,
su seguridad y su medio ambiente”, añaden.
De acuerdo
con datos de la misma asociación, el 80 por ciento del territorio ancestral
de Choréachi, se encuentra constituido por bosque viejo de pino y encino que
alberga una gran diversidad de flora y fauna.
“Es uno
de los últimos lugares de la Sierra Tarahumara con tal biodiversidad, lo cual
ha sido posible gracias a la protección y defensa que la comunidad rarámuri ha
emprendido por generaciones”.
Toda la
comunidad indígena cuenta con medidas provisionales de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos por el hostigamiento, amenazas y asesinato de defensores
ambientales rarámuri, entre ellos Juan Ontiveros Ramos.
Las
medidas fueron obtenidas porque han sido víctimas de represalia por la defensa
que la comunidad ha emprendido en los tribunales para frenar la tala ilegal de
sus bosques.
Alianza
Sierra Madre exigió a las instituciones competentes de los gobiernos federal y
estatal, la garantía de vida e integridad física de todos los integrantes de la
comunidad de Choreáchi, como lo mandató la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) al Estado mexicano.
Que las
autoridades competentes suspendan de manera inmediata, las actividades de
aprovechamiento forestal que se realiza en aquel territorio, localizado en el
municipio que forma parte del Triángulo Dorado.
Y que se
proceda, investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables.
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