Raymundo
Riva Palacio.
La puesta en
escena que se instala diariamente en Palacio Nacional comenzó ayer con 22
minutos de retraso. Mucho tiempo de espera sin explicación, hasta que el
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reunión del gabinete de
seguridad, que comienza a las seis de la mañana, se había extendido. Había
razones para ello, pues el domingo fue el día más violento del año y pese a la
cuarentena, hubo 105 homicidios dolosos. Adicionalmente, como se abordó en la
misma reunión, la creciente ocupación de espacios para gestión social del
crimen organizado, que está dejando en entredicho al gobierno.
López
Obrador dio acuse de recibo. “Ni siquiera porque existe esta situación del
coronavirus se han calmado”, dijo. “Entonces no vengan ahora a decir estamos
entregando despensas. No. Mejor bájenle y piensen en sus familias”. No le gusta
que el crimen organizado haga la gestoría social que no ha podido hacer su
gobierno, ahora porque no se puede, pero antes por incompetencia.
Parafraseándolo,
“sí calienta” que el trabajo social-político-clientelar que se controla desde
una oficina junto a su despacho, no haya podido cuajar en casi 15 meses de
gobierno, y los narcotraficantes se organizaron para apoyar a la gente, en
cuestión de días.
La carta
blanca que le extendió el presidente López Obrador a los criminales quiere
ahora cancelarla porque, como podría decir en uno de sus tantos coloquialismos,
'le están pedaleando su bicicleta'.
Si sus
programas sociales, lo sabe bien, redundan política y clientelarmente, sus
aliados –porque no hay órdenes para combatirlos– en el sector criminal están
sacando raja de la coyuntura. Pero el mismo Presidente ha dado pie a que esto
suceda y que los criminales lean de esa forma el blindaje político que les ha
dado.
La última
muestra de ello es el intento para que se legisle su ley de amnistía, que
tendría un mínimo de impacto para el propósito noble que dice tener –disminuir
las posibilidades de contagio dentro de las cárceles–, al estar diseñada sólo
para delitos del orden federal (8 por ciento del total de los delitos), que
incluye la condonación de penas por delitos relacionados con la salud. El
Presidente les ofreció sacar a sus mayores de las cárceles, por encima de pedir
al Senado que legislara una ley –que sólo requiere modificar un artículo–, para
garantizar la protección del personal médico que está luchando contra el
coronavirus.
Con esta
forma de priorizar los temas, el Presidente muestra que realmente lo que le
preocupa es su agenda –la ley de amnistía fue una oferta de campaña–, no cuidar
la salud de los mexicanos, que incluyen a los internos en las cárceles.
Proteger a la primera línea de combate contra el coronavirus, más allá de las
palabras que salen de su gobierno, no está en lo alto de su agenda porque no es
una promesa de campaña ni hacerlo le representará votos. López Obrador, en este
sentido, ha criticado quien en esta coyuntura quiere sacar raja política, pero
una vez más, no deja de ser un discurso tramposo ante la disyuntiva entre qué
ley sacar, la de amnistía o la protección al personal médico.
El
Presidente sigue con su retórica desgastada y lastimosa. En su llamado al
crimen organizado para que no repartan despensas, les pidió “tenerle amor a la
vida” y a “cuidar la vida de los demás”.
Por
definición, los criminales están en las antípodas de su deseo y su
comportamiento es exactamente al contrario de lo que pide. Si él brinda su amor
a Joaquín El Chapo Guzmán, se compadece de él e instruye a cuatro secretarios
de Estado a que busquen repatriarlo, los criminales le agradecen –como la orden
del exlíder del Cártel de Sinaloa para cuidarlo cuando vaya a su tierra– y al
mismo tiempo, deben burlarse de él, por la forma cristiana, ingenua, o quizás
agradecida, por la manera como los trata.
Los vacíos
de poder que ha dejado el gobierno de López Obrador, muy similares a los que
cavó el gobierno de Enrique Peña Nieto en los primeros 18 meses de su
administración, los ha ocupado alegremente el narcotráfico, que se ha dado
tiempo para que en paralelo a su guerra intestina, repartan despensas en varios
estados del país, a la vista de todos, sin ser molestados por ninguna fuerza
federal, enfatizando que están ayudando a los sectores más vulnerables en esta
emergencia de pandemia, porque los apoyos sociales del gobierno no llegan.
Se han
convertido en una extensión inopinada de la Secretaría de Bienestar, aunque con
un mejor trabajo en organización y eficiencia. Esto ya no le gustó a López
Obrador, pero no lo puede evitar. La denuncia pública sólo se ha dado cuando
ocupan el espacio que creía tener controlado para sí, pero no ha hecho lo mismo
en el llamado a la acción cuando los cárteles de la droga amenazaron a
directores de hospitales y a sus familias que si no les daban insumos médicos y
equipos para atender el coronavirus, los asesinaban.
La inacción
de López Obrador contra el crimen organizado, porque sus acciones de predicador
tampoco representan ningún desafío para el narcotráfico, les ha dado
oportunidad para que, en medio de la crisis sanitaria, recuperen o conquisten
nuevos territorios. Esto se ha visto con mayor claridad en Tamaulipas, donde
hay indicios de que al publicitar la entrega de despensas, el Cártel del Golfo
buscó reposicionarse en zonas controladas por sus rivales. La guerra no cesa y
la violencia, de hecho, va al alza en este gobierno.
La novedad
es que el narcotráfico le entró a disputar a López Obrador clientelas, sociales
en el primer caso, electorales en el segundo. Pero, sin entrar en los matices,
eso al Presidente sí le calentó.
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