De manera
ilegal el Poder Judicial de Aguascalientes filtró al gobierno que encabeza
Martín Orozco la demanda de Grupo Profrezac y Operadora de Autopistas del
Altiplano, impugnando el fallo que resolvió la licitación del libramiento
carretero poniente.
Sorpresivamente,
sin que estuviera admitida la demanda, o sea, de manera anticipadamente
ilegal, ésta fue filtrada al gobierno del estado, el cual compareció aún sin
estar emplazado a juicio.
Se presume
que el magistrado Alfonso Román es incondicional del gobernador Martín
Orozco, filtrándole indebidamente la información judicial reservada que afecta
al gobierno estatal.
El
magistrado presidente, Rigoberto Alonso, no debió permitir esta falta
cometida por la Sala Administrativa y en cambio debió ordenar abrir una investigación
hasta las últimas consecuencias. Por el contrario, el alto funcionario judicial
solapó y permitió este acto inmoral y falto de ética que exhibe la sumisión del
Poder Judicial del estado al Ejecutivo estatal.
El juicio
contra la licitación irregular apenas empieza, y es de esperar que el Poder
Judicial del estado confirme la negativa a la suspensión, por lo cual procederá
un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, en el que seguramente se
resolverá este juicio de manera imparcial y apegado a derecho.
Ahí toparán
con pared los tres magistrados, cuya conducta no extraña, pues todo mundo
sabe que el Poder Judicial del estado es incondicional del gobernador Martín
Orozco.
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