Luego de que los primeros días del año el tránsito de
vehículos se viera ligeramente afectado debido a las protestas de pequeños
grupos de personas en contra del “mega gasolinazo”, hoy en el Estado de México
la situación ha vuelto a la normalidad.
Aquellos primeros tres días fueron de bloqueos y
manifestaciones espontáneas, pero en las que el enojo era evidente: una de las
entidades más importantes para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se
sumó al grito de “¡Ya basta!”, y protestó en contra de las medidas de su ex
Gobernador, hoy Presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en la
noche del martes, la información de las protestas quedó opacada por las de
saqueo, primero en una tienda Chedraui de Nicolás Romero, en Naucalpan y luego
en diferentes municipios. Se registraron actos de rapiña en casas de empeño,
tiendas departamentales y de autoservicio, principalmente Chedraui, Walmart,
Coppel, Elektra, Soriana, Comercial Mexicana y Oxxo.
“El Estado de México le interesa mucho al Gobernador Eruviel
Ávila Villegas y a la Presidencia, ya que el equipo que hoy gobierna tiene a su
grupo político en este territorio. Por eso fue aquí donde echaron a andar este
operativo de control de población a través del miedo porque les interesa tener
controlada a la gente de aquí, porque es un Estado que simboliza lo que ellos
pueden controlar y si les funciona aquí, lo implementarán con mucha mayor
fuerza en otros estados de la República”, dijo al respecto José Antonio Lara
Duque, Coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).
Los pequeños
comercios cerraron ante la presencia de grupos de encapuchados que se reunían
en los centros de las colonias y de acuerdo con el testimonio de un habitante
del Estado de México, el miedo y la incertidumbre incrementó cuando los mismos
elementos de la Policía Estatal eran los que invitaban a cerrar los negocios y
a no salir, porque “las cosas se pondrían pesadas”. Luego, según lo visto en el
municipio de Zumpango, la misma policía platicaba con los encapuchados.
El Centro detectó un
patrón en este comportamiento. También la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones
del Oriente del Estado de México criticó los intentos de los gobiernos
estatales y federal por acallar las protestas “legítimas y pacíficas” de la
población, mediante la infiltración de grupos de choque pagados y afines con la
Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Antorcha Campesina.
Estos actos que
derivaron, dicen, en saqueos, incendios, desalojos y enfrentamientos violentos
“provocados por el propio Gobierno”.
El CDHZL alertó,
desde un inicio, de una estrategia gubernamental para intimidar las protestas y
la inconformidad popular contra los gasolinazos, luego de las jornadas de
protestas, en las que también se bloqueó la autopista México-Toluca y el
servicio del Mexibús, ambos actos por más de 5 horas.
“La gente muy espantada, en cuanto pudo, se resguardó en sus
casas, y aunque nadie sabe con certeza quiénes son, les dicen: ‘son los que
bloquean las carreteras’. Otros vecinos colocaron barricadas en la carretera
Naucalpan-Toluca para impedir el paso y exigir seguridad en las colonias afectadas
por los saqueos. Además se sumaron a la exigencia de echar abajo los
gasolinazos”, señalaron en un comunicado de prensa.
Al respecto, Karina
Bolaños, Coordinadora del Área de Comunicación del CDHZL, comentó en entrevista
con SinEmbargo, que se detectó el mismo patrón en el Estado de México que tiene
un antecedente directo en 2012 en el municipio de Nezahualcóyotl. Aquel fue un
conflicto entre mototaxis en Chicoloapan y desató una paranoia colectiva con el
“ahí vienen”.
El Centro logró
verificar que en este ambiente de intimidación y de terror que se generó en el
Estado de México, participaron miembros de la policía, pero no únicamente de
uno de los municipios, sino de varios, que ya pertenecen a un Mando Único.
Ellos, señaló Lara Duque, fueron los que se dirigieron a
distintas regiones, sobre todo en las zonas comerciales, para anunciar el arribo inmediato de los grupos de saqueadores a
quienes llamaban “los del gasolinazo”, esa era la expresión.
“El alcance de eso
llegó hasta la zona sur, norte y oriente de la Ciudad de México. En aquel
momento fueron sólo rumores y en esta ocasión se vio una inversión mucho mayor
para lograr el objetivo, gracias a que se contrató gente para los saqueos. Se
identifica al responsable máximo de la entidad, es decir, el Gobernador
[Eruviel Ávila], y a la Policía, que trabaja bajo Mando Único. Es probable
que se haya ejecutado una orden, que si no fue de Eruviel, fue de alguno de los
representantes de seguridad de su Gabinete. Pero no se sabe claramente se está encubriendo con el objetivo de
deslegitimar las manifestaciones, espontáneas, quizá, pero de personas que en
otros momentos no se ve que ejerzan su derecho a la protesta”, comentó Bolaños.
En este sentido,
aseguró que el peligro que se corre con deslegitimar este tipo de expresiones
de protesta, es que se abre una puerta a la represión, como lo que sucedió en
algunos municipios, donde muy apartado de los actos de saqueos, se reprimió a
gente que protestaba contra el aumento de la gasolina.
Diversos testimonios
refieren que se les pagaron entre mil y mil 500 pesos a los “coordinadores”,
que son personas que movilizan el voto a favor del PRI en cada proceso
electoral, para que invitaran a la gente, diciendo que “contaban con unas
horas” para sacar productos de las tiendas departamentales. Bastaban 10 minutos
para vaciar las tiendas y las bodegas de almacenamiento. La orden “se giró
desde arriba”, dicen, y la gente se le dio 15 minutos para desaparecer todo.
Justo en el Chedraui de Nicolás Romero, Lara Duque comentó
que puede ser la prueba fundamental que demuestre el papel que jugó la policía
de esa entidad, ya que ahí, donde fue el primer acto de saqueo registrado, hubo una alta presencia policiaca que tuvo
el tiempo suficiente para notificar al mayor número de elementos de seguridad
como para intentar disuadir el saqueo. De acuerdo con testimonios, muchas de
las cosas que se robaron de esa tienda, fueron luego entregadas a las patrullas
municipales que estaban del otro lado de la oficina.
El CDHZL al momento reconoce sólo los indicios en los que las
policías intervinieron y funcionarios para disuadir e intimidar a la población.
“Nosotros señalamos, independientemente de cómo se llame el grupo que hizo los
saqueos de forma física, que los responsables en el Estado de México, son el
Gobernador Eruviel Ávila Villegas, dado que él es el encargado de la seguridad
pública en el Estado y por las dimensiones de la actividad policiaca, ni
siquiera fue un solo alcalde el que pudo haber dado una instrucción. Fueron
decenas de policías de muchos municipios y eso sólo puede ser con el
beneplácito o la omisión del propio gobernador”, comentó Lara Duque.
“Ahí no solo hablamos
de una omisión o falta de cumplimiento de la labor de los cuerpos de seguridad,
sino que hubo una participación indirecta en este saqueo […] Esta estrategia de
ofrecer terror para vender seguridad es muy recurrida, no solo por el PRI a
través de los años, sino en general en América Latina. Son campañas de terror y
miedo colectivo aplicadas al control de la población”, agregó.
La Coordinadora hizo
un llamado a evitar y protegerse del vandalismo, el desconcierto, la
manipulación, la confrontación inter-comunitaria, violencia, caos, miedo,
psicosis y desesperación, “que pudieran justiciar la entrada y permanencia
definida del ejército, marina y policías estatales y federales”, frente a otra
lucha que libran, que es la de la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
“Los saqueos y las
acciones de rapiña en los centros comerciales son cosas totalmente distintas a
las protestas y las convocatorias ciudadanas y pacíficas que se registraron los
primeros días del año. Fueron totalmente distintas no solo en la
convocatoria, sino también en los participantes y en los lugares. Es decir, si
la manifestación se convocó en un punto, el saqueo termina siendo en otro lugar
con otras personas”, concluyó Lara Duque.
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