Patricia
Dávila.
La falta de
acción del gobierno mexicano para investigar y sancionar a los gobernantes y
funcionarios públicos que incurren en delitos ha obligado a la intervención de
gobiernos extranjeros, que así evidencian las fallas de la justicia nacional.
Los casos más recientes son el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, de
Tamaulipas, Tomás Yarrington; y el del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, los
tres detenidos en otros países.
El gobierno mexicano ni siquiera se
dio por enterado de que contra Veytia y Yarrington se habían formulado
acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y nunca abrió una
investigación.
De acuerdo
con un reporte de la consultora Integralia, dirigida por el exconsejero
presidente del IFE Luis Carlos Ugalde, hasta el año pasado se tenía el registro
de que en los últimos tres lustros 14 exgobernadores mexicanos eran
investigados en México o en el extranjero por diversos delitos.
Según esa estadística, 52.92% de esos
políticos son señalados de peculado; 23.53% de lavado de dinero; 17.65% de
asociación delictuosa, y 5.8% de extorsión. De los 14, sólo cinco
exgobernadores fueron encarcelados, uno se encontraba en funciones, otro fue
incorporado al Servicio Exterior Mexicano y los siete restantes están libres,
ya sea porque fueron absueltos o porque evadieron la justicia.
Para el
académico Miguel Sarre, no se explica la pasividad de la justicia mexicana: “No se trata de sorpresas o de un criminal
que cometió un homicidio y se va al extranjero; lo más grave es que cuando
estaban aquí no se les persiguió”.
– ¿Es
encubrimiento? –se le pregunta.
–Sí, porque
hay actos que tienen la obligación de perseguir, de investigar ciertas conductas tanto por la vía
administrativa como la penal, pero no se hace, a pesar de que sectores de la
población saben que hay ilícitos que involucran a estos personajes.
– ¿Cuál es
el interés de Gobernación o de la PGR en encubrirlos?
–Creo que
hay espíritu de cuerpo, ese espíritu de
protegerse unos a otros.
– ¿Son parte
de la red?
–No puedo decirlo, pero sí que existe
un espíritu de solidaridad entre ellos.
– ¿Es obvio
que Gobernación y la PGR están enteradas de los ilícitos de los gobernadores?
–Claro, si no, sería demasiado grave.
– ¿Cómo nos
vemos en el exterior con esta falta de acciones de justicia?
–Afuera se relacionan los problemas
de México con el narcotráfico, pero cada vez más se ve que las violaciones a
los derechos humanos y la impunidad son problemas políticos. Todo esto no es un desastre natural,
es una calamidad política. Creo que hay
un giro en la opinión pública, de visualizar más la responsabilidad política de
estos actos y no verlos como un problema de delincuencia organizada.
– ¿Hay una
forma de solucionar esta falta de actuación?
–Una forma
inmediata e instantánea, no creo. La solución está a partir de la participación
política, este es el problema de fondo, un problema de deterioro político de
México, y la solución tendrá que venir en este ámbito. Si lo político no está
resuelto, aunque tengamos autoridades eficaces en la procuración de justicia o
comprometidas, no podremos ver resultados.
Urge una
reforma institucional.
Al pedirle
al exlegislador y ex cónsul general de México en San Antonio, Texas, Humberto
Hernández Haddad, su opinión sobre la actuación de la PGR hacia los servidores
públicos que cometen delitos, responde:
–No voy a
usar adjetivos, prefiero proponer sustantivos que nos permitan superar el
déficit que está mostrando el sistema legal mexicano y que se ha vuelto un
asunto de seguridad nacional para el país. Son asuntos que requieren, primero, recuperar la fortaleza del sistema
de procuración de justicia y alinearlo con los organismos de seguridad
nacional, porque el alcance criminológico que se ve con estos acontecimientos
es de carácter internacional, no están confinados a un solo país.
Haddad,
autor del libro El eslabón perdido. Historia secreta de los asesinatos que
cambiaron la historia de México, de reciente publicación, explica que delitos
como los que se atribuyen a los exgobernadores mencionados tienen una
connotación internacional que requiere alinear la política interior con la
exterior, a fin de contar con esquemas de cooperación internacional en materia
de persecución de los delitos, seguridad de Estado y protección a los mercados.
Además
considera que esta circunstancia es propicia para transformar instituciones:
“Hay que
reformar el trabajo de la Secretaría de Gobernación en tres áreas: todo lo
relacionado con migración, con las fronteras y la actuación de las agencias de
seguridad nacional. E inmediatamente, en congruencia, hay que reformar la Secretaría
de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior Mexicano, que requiere ser
nutrido con internacionalistas de alta calificación técnica y con conocimientos
jurídicos avanzados.”
También,
señala, es necesario dotar a esas instituciones con nuevas tecnologías que
permitan una diplomacia robusta, eficiente y sujeta a verificación, con
estándares de conducta ética, exámenes periódicamente administrados con
evaluaciones de órganos internos de control “para asegurarnos de que entre
política interior y política exterior no tengamos incongruencias”.
Aclara que
“allí juega un papel muy importante revisar cómo está nuestro sistema de
procuración de justicia ante los acontecimientos que se han visto
recientemente”, en referencia a las detenciones de Veytia y Yarrington.
– ¿Usted
cómo ve dicho sistema?
–Lleno de
retos. Y no es privativo de México: en el mundo hay una renovación
institucional en materia de justicia, seguridad pública, seguridad nacional y
cooperación internacional.
Sobre los
cambios que a su juicio requiere Gobernación, dice:
“El órgano
federal que debe saber lo que está pasando es la Segob. Tiene facultades
exclusivas que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
y todos los instrumentos legales, policiales y de investigación, para contestar
rápidamente a la pregunta de qué está pasando en el país, con información
actualizada.
– ¿De verdad
no sabe lo que pasa en el país o no quiere actuar?
–No sabría
decirle, habrá que oír su versión, si es que hay una falla institucional que no
permite tener a tiempo la información.
–Hay denuncias de los habitantes de
Nayarit contra Édgar Veytia ante la PGR, Gobernación y Presidencia, y aun así
se tuvo que llegar a su detención en Estados Unidos. ¿Qué opina?
–Esto nos habla de la acumulación de
casos que rebasan el ámbito de jurisdicción mexicana y se van a la de Estados
Unidos, en donde en cortes federales de Texas, California, Chicago y Nueva York
se acumula una lista grande de asuntos con peso político y que plantean un reto
para la diplomacia mexicana en cuanto a la manera de desahogar esos expedientes
y los contenidos de información estratégica que seguramente tendrán.
– ¿Por qué
aquí no hay una investigación, cuando hay tantas denuncias en contra de muchos
funcionarios ante Gobernación y la PGR?
–Se requiere
una reforma dentro de las instituciones que tienen los recursos para actuar y
la obligación de proteger el interés de la sociedad. Es el momento de hacer una
revisión del funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano, tanto las
de política interior como las de política exterior.
– ¿Las revisiones son suficientes o
es cuestión de voluntad?
–Es lo que
nos ha hecho falta en México para tener un buen funcionamiento de las
instituciones: una decisión interna, de voluntad nacional. Yo sugeriría
respetuosamente que las instituciones que tienen la responsabilidad de actuar
realicen una valoración interna de la situación en que se encuentran para que
los casos que se han acumulado comiencen a ser procesados, desahogados, antes
de que lleguen a un volumen que ya no permita un manejo a tiempo.
–Son 16 gobernadores, más tantos
fiscales…
– Esa lista
de gobernadores en fuga es una descripción muy triste del momento que vive la
política mexicana.
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