Una red de
presunta corrupción fue descubierta y virtualmente desmantelada por la Fiscalía
Anticorrupción de España, que involucra a OHL México, una constructora con sede
en Madrid pero que está considerada una de las más importantes del sexenio del
Presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
La Guardia
Civil española realizó hoy un registro en la sede central de la constructora
OHL, en Madrid, en el marco de una investigación judicial sobre la supuesta
financiación ilegal del gubernamental Partido Popular en la región de Madrid. La tesis de los fiscales que investigan el
caso es que a través de la filial de OHL México se realizó el pago de un millón
400 mil euros, que se depositaron en Suiza y se puso como beneficiarios a una
serie de “prestanombres” del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González, quien ayer mismo fue detenido.
Según
dijeron a la agencia de noticias Efe fuentes de la investigación, el registro
fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga
en una pieza declarada secreta la supuesta financiación ilegal del PP
madrileño.
El registro
de OHL coincide con otros que durante la jornada de hoy se practican en Madrid
dentro de la operación Lezo contra la corrupción en la empresa pública de aguas
Canal de Isabel II.
En el contexto de esa operación hubo
ayer una docena de detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad
(región) de Madrid Ignacio González, que con anterioridad fue responsable del
Canal.
La
vinculación de la empresa española OHL con la principal trama de corrupción
político-empresarial del país ibérico es vieja. Sobre todo por la estrecha
relación de su presidente, Juan Migue Villar Mir, y su yerno y ex consejero
delegado, Javier López Madrid, con las autoridades madrileñas en el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid cuando gobernaba con mayoría absoluta el
PP.
En la
primera pista que apunta a sobornos que realizó OHL a cambio contratos públicos
se encontró la financiación irregular del PP, en concreto en la llamada
“contabilidad B” del ex gerente del PP durante dos décadas, Luis Bárcenas,
procesado por diversos delitos y que ha permanecido en prisión varios meses.
En esos
documentos aparecen los nombres de OHL, Villar Mir y López Madrid como uno de
los que daban dinero de forma ilegal al PP para su financiación irregular, con
lo que a cambio eran beneficiarios de los contratos públicos de sus
administraciones de forma preferente. Es
decir, un sistema casi identico al que utilizó OHL en México para conseguir
contratos en el Estado de México y que presuntamente todavía está en fase de
investigación de la justicia mexicana.
En abril de
2016, José Andrés de Oteyza Fernández, el perno en la puerta giratoria con
distintos gobiernos, dejó de ser el presidente del Consejo de OHL, unas de las
llamadas constructoras del sexenio junto con Grupo Higa. La separación del
directivo se dio “por motivos personales”, dijo la empresa. Pero De Oteiza, ex Secretario de Patrimonio
y Fomento Industrial del sexenio de José López Portillo y Embajador de México
en Canadá de 1983 a 1987 (con Miguel de la Madrid) vivió un año de escándalo en
escándalo tras estar involucrado en audios donde OHL México presuntamente
presentaba contratos con sobrecostos al Gobierno del Estado de México y pagaba
vacaciones a funcionarios.
En el caso que se registró hoy en
España, la Guardia Civil investiga en concreto los documentos que probarían que
OHL México desvió un millón 400 mil euros a Suiza que estaban destinados para
el enriquecimiento personal de Ignacio González, quien a cambio se habría
comprometido con OHL a adjudicarles la construcción y operación del metro de
Navalcarnero.
La concesión
del tren a Navalcarnero, proyecto que no se culminó, está en el origen mismo de
la Operación Lezo. Se trata del punto de arranque de la investigación de la
Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2015, diez meses antes de la denuncia que
Cristina Cifuentes presentó ante la Fiscalía General del Estado en junio de
2016, confirmaron fuentes de la investigación.
Fuentes de
OHL han subrayado que la empresa está “prestando la mayor colaboración y
facilitando toda la información solicitada”. “Reiteramos que en ningún momento
OHL ha pagado ninguna comisión a ningún partido político”, han dicho las mismas
fuentes. Tras conocerse el registro, pasadas las 13:30 horas las acciones de
OHL se desploman más de un 11% en la Bolsa de Madrid.
INDRA Y
SAERCO
Agentes de
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también están registrando
las sedes centrales en Madrid de Indra y Saerco en el marco de las
investigaciones sobre supuesta financiación ilegal del PP en Madrid que sigue
en una pieza separada el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Según han
indicado a Efe fuentes de la investigación, los registros de la multinacional
Indra y de Saerco, empresa que gestiona las torres de control de aeropuertos,
se suma al que la Guardia Civil está realizando en OHL por orden de Velasco que
indaga la vinculación entre la adjudicación de contratos públicos de la
Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del PP.
Además de
estos tres registros, las fuentes consultadas han señalado a Efe que se siguen
otras actuaciones similares en otras empresas, como el caso de la sede en
Madrid de Licuas, dedicada a conducciones hidráulicas, obra civil y
mantenimiento de integral de edificios.
Los
registros que se están practicando se producen 24 horas después de que la UCO
realizara la operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, en
la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Las acciones
de Indra caen un 6 por ciento en bolsa tras conocerse la noticia.
También está
registrando la UCO la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de
Madrid (MadridDigital), para lo que cuenta con la “máxima colaboración” por
parte del personal, según ha explicado a este diario un portavoz del gobierno
regional.
Adicionalmente,
ayer miércoles la Guardia Civil registró la empresa Subastas Segre, que preside
la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero. Una portavoz de esta casa de
subastas asegura que no les investigan a ellos como empresa, sino a Cavero, que
posee un 13 por ciento y al propio Ignacio González, que también consta como
accionista por su matrimonio en bienes gananciales.
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