El Gobierno de Enrique Peña Nieto no
pudo evitar que la ola de violencia invadiera también las principales las zonas
turísticas del país.
El acecho de la inseguridad sobre este sector, que aporta el 9 por ciento del
PIB, se da en medio de la especulación sobre los futuros ingresos económicos de
México debido a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte con Estados Unidos.
“Creo que parte del fenómeno
delictivo es que no hay una estrategia definida y mucho menos continúa. Vemos
operativos reactivos a situaciones extremas, de mucha violencia, y que llevan a
atemperar el asunto, pero no a resolverlo”, consideró Édgar Cortez Morales, investigador del
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), en entrevista
con SinEmbargo.
Guerrero, por ejemplo, es la segunda
entidad con mayor índice de homicidios dolosos en el país. Hubo mil 352
carpetas de investigación por este delito en los primeros siete meses del año.
Y sus respectivos ciclos turísticos no escapan de la violencia, sino que, ahora
son escenarios de la misma.
El pasado 16
de agosto, un grupo armado mató a cinco personas que se encontraban en un
taller mecánico en la comunidad Casino de la Unión, en Taxco, una ciudad
colonial que busca proyectarse como un centro turístico y de la venta de
plata. Los perpetradores, según
testigos, fueron dos hombres y una mujer que llegaron al sitio en dos
motocicletas.
Roberto
Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, expuso que existen
indicios que deberán ser investigados para entender lo que sucedió.
Al preguntársele
por antecedentes en el sitio, responde:
“No quisiera yo adelantar ninguna circunstancia, pero todo indica que
existe una pugna por el control de la zona de Taxco. Hay grupos delictivos que
están enfrentados entre sí. Desconozco si esta situación tenga que ver con un
tema de extorsión o de delincuencia organizada, es un asunto que no se sabe
hasta que la Fiscalía avance en sus investigaciones”.
La semana
pasada, ese no fue el único hecho de violencia en Guerrero.
El lunes 14 de agosto por la noche,
tres personas aparecieron desmembradas dentro de un vehículo frente al
Monumento de Lázaro Cárdenas en las afueras de Acapulco.
En menos de 24 horas, autoridades
dieron a conocer que los cadáveres de seis personas fueron hallados en una fosa
clandestina en la zona Diamante de Acapulco.
Los hechos motivaron a una reunión de
emergencia del Grupo de Coordinación Guerrero, que es la instancia que aglutina
al Ejército, Marina Armada, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Gobierno
estatal, donde se acordaron acciones de seguridad para el puerto de Acapulco y
la capital de la entidad, Chilpancingo.
“Acciones de
vigilancia y de disuasión del delito. Y obviamente a la Fiscalía redoblar
esfuerzos para poder investigar y detectar dónde están los focos generadores de
violencia para ir contra ellos y colocarlos a manos de los jueces”, dijo
Álvarez Heredia.
CUERPOS DE
SEGURIDAD FALLIDOS.
La falta de estrategia podría quedar
ejemplificada en la Gendarmería, un cuerpo de élite echado a andar por el actual
Gobierno, que no ha cumplido su función de proteger los ciclos productivos del
país.
“La
Gendarmería fue una idea que durante la campaña de Peña Nieto se hablaba como
una gran iniciativa de una policía que se supone pronto tendría 40 mil
elementos, pero en realidad nunca paso de cinco mil, y en realidad, es una
unidad más de la policía federal pero no como una iniciativa sustantiva del
desarrollo de la policía federal”, dijo Cortez.
En este
contexto y frente al alza de violencia en Baja California y Baja California
Sur, también dos entidades que basan su economía en el turismo, legisladores
pidieron la intervención de las autoridades.
Ambos
estados sumaron alrededor de 28 millones de turistas nacionales y extranjeros
en 2016, de acuerdo con las autoridades estatales. Sin embargo, este sector
económico se podría ver afectado por la ola de homicidios provocadas por disputas
entre cárteles que se libran en la zona, de acuerdo con analistas consultados.
“Es un
efecto colateral del conflicto que se está viviendo. Y de querer amarrar lo que
ya se tiene y evitar que los grupos antagónicos les ganen la plaza”, dijo Tomás
Guevara Martínez, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Después de
la salida del país de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo, una serie de disputas
internas en el Cártel de Sinaloa y de ataques provenientes entre otros grupos
delictivos han tenido lugar en diferentes zonas, de acuerdo con la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).
Antes de la
extradición del considerado máximo líder del narcotráfico en los últimos 20
años en México, la Procuraduría General de la República (PGR) ya registraba la
presencia del Cártel Arellano Félix en Baja California. Al tiempo que en Baja
California Sur se habla de la presencia del nuevo Cártel de Tijuana Nueva
Generación.
E diario Los
Angeles Times reportó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación estaría uniendo
fuerzas con un diezmado Cártel de los Arellano Félix para formar un tercer
cártel.
El académico
Tomás Guevara se manifestó preocupado porque la situación en Los Cabos, Baja
California Sur, se torne similar a la que ahora se vive Mazatlán, Sinaloa.
“El caso de Mazatlán es atroz. Antes
había posibilidad de irse a otro lado, pero ahora con la migración y el bloqueo
de la frontera, prácticamente ya no. Aquí en Sinaloa el nuevo Secretario de
Economía […] planteó claramente que si los índices de violencia no bajan es muy
probable que se impacte en las posibilidades de inversión de grupos de
empresarios hacia otro lugar”, detalló.
Un escenario similar se vive en
Quintana Roo, donde Cancún y la Rivera Maya son dos polos de atracción
turística muy importantes en México.
El 5 de
agosto, medios locales reportaron el apuñalamiento de un joven de 16 años en
Cancún. Uno de varios incidentes que han afectado la imagen de turismo internacional
de Quintana Roo, en enero una balacera tuvo lugar en el bar Blue Parrot, en
Playa del Carmen, dejando seis muertos y 15 heridos.
“Si no protegen las áreas turísticas
imagínate dónde quedan las ciudades y las comunidades que no se caracterizan
por vivir fundamentalmente del turismo. Estos hechos nos repiten las
condiciones del Estado. No tienen las políticas ni las capacidades para dar las
repuestas a este contexto transnacional que ha traído consigo el crimen
organizado, así como la criminalidad común y delincuencia común”, dijo María Eugenia Suárez, doctora
en Antropología Social y profesora–investigadora de la Universidad de
Guadalajara (UdG).
Entre el
2012 y el 2016 el ingreso de divisas por el turismo creció 53 por ciento, al
pasar de 12 mil millones de dólares a 20 mil millones de dólares, de acuerdo
con cifras ofrecidas por Enrique Peña Nieto el 27 de marzo.
Así, los
turistas también se incrementaron en ese periodo al pasar de 23 a 35 millones
de turistas. Sin embargo, hoy no hay
garantías para los extranjeros en el país.
El 11 de
agosto la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que los restos
de la ciudadana española María del Pilar Garrido Santamans fueron encontrados
en el paraje cercano a la carretera Soto La Marina, en Ciudad Victoria. La
mujer había sido declarada desaparecida desde el 2 de julio.
Cortez detalló que pese al clima de
violencia hace que los extranjeros que vengan a México incidan de manera
distinta en la economía.
“Hay empresas turísticas que ofrecen
estos paquetes donde extranjeros llegan a un lugar que tiene todas las
condiciones de seguridad y todos los servicios, son gente que viene y aprovecha
ese paquete, pero no se expone a salir a la calle a interactuar. Eso tiene una
serie de riesgo al interior de la economía en las regiones turísticas porque
otros pequeños proveedores en ese circuito de las cadenas turísticas terminan
excluidos de participar de la bonanza económica”, dijo Cortez.
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