Con la ayuda de universidades
estatales y mediante un complejo esquema fraudulento, 11 dependencias del gobierno
federal desviaron tres mil 433 millones de pesos entre 2013 y 2014, reveló una investigación periodística
publicada esta tarde por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI).
Tres dependencias destacaron en
aquella “estafa maestra”: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga; Banobras, durante la
administración de Alfredo del Mazo Maza –gobernador electo del Estado de
México–, y Pemex, en plena gestión de Emilio Ricardo Lozoya Austin.
En 2013 y 2014, las dependencias
firmaron “convenios” con universidades estatales por siete mil 670 millones de
pesos. Estas instituciones educativas, a su vez, tomaron comisiones –por mil
millones de pesos, según la investigación– y posteriormente contrataron una
cadena de empresas –muchas de ellas “fantasmas”– para supuestamente realizar
los servicios.
Sin embargo,
de los siete mil 670 millones de pesos
erogados en convenios con las universidades, no se sabe dónde quedaron tres mil
433 millones de pesos.
Y, según la
investigación mencionada, 128 de las 186
empresas que fueron contratadas “no debían recibir recursos públicos, porque no
tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios
para los que fueron contratados, o simplemente porque no existen”.
Si bien la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó y denunció estos esquemas fraudulentos desde hace años
–en febrero de 2015, Apro documentó cómo la Sedesol de Rosario Robles desvió
845 millones de pesos con esta maniobra–, el trabajo publicado hoy permite
entender la magnitud de la estafa operada desde el gobierno federal.
De acuerdo
con el reportaje, además de la Sedesol,
de Banobras y de Pemex, participaron en el fraude el Fondo de la Vivienda del
ISSSTE (Fovissste), las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de
Educación Pública (SEP), de Agricultura (Sagarpa) y de Economía (SE), así como
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA).
Por parte de las instituciones
educativas, fueron involucradas la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos (UAEMOR), la
Universidad Popular de La Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
la Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco, así
como el Instituto Técnico Superior de
“Sí, es un
fraude”, dice Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.