La Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por
Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene lagunas, pero
aun así sería un instrumento para buscar y dar seguimiento a las personas
desaparecidas en el país, aseguraron familiares de víctimas y expertos a
SinEmbargo.
Hasta el momento los padres y madres
de personas desaparecidas en México buscan a sus seres queridos casi a ciegas:
a expensas de que las fiscalías quieran trabajar y darle celeridad a los casos.
Atados de manos ante el Ministerio Público, luchan, no sólo por encontrar a sus
familiares, sino contra la corrupción y la impunidad.
Luego de
instalar el penúltimo periodo ordinario de sesiones de la legislatura actual, los diputados tienen en la agenda discutir
la Ley General en materia de Desaparición Forzada durante los últimos meses de
este año.
Con la Ley– que ha estado en la
congeladora de la Cámara de Diputados dos años y que ya fue revisada y
discutida entre los familiares y los senadores de Congreso de la Unión– se
abriría una ventana para frenar las malas prácticas de las autoridades al
generar mecanismos más eficientes de búsqueda, dijo Pablo Reyna Esteves, director
del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana.
“Con los avances que tiene se permite
a las familias tener un cierto marco que les permita salir a buscar y seguir
exigiendo que las autoridades respondan. Hay una posibilidad de buscar, generar
avances para que en los distintos estados del país las víctimas y los
colectivos puedan seguir presionando a su gobiernos, ministerios públicos y
fiscales para que hagan el trabajo con la debida protección en la búsqueda de
miles de personas que están desaparecidas”, dijo el investigador.
Pablo Reyna
explicó que entre algunos de los puntos
débiles que tiene la Ley está la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no está
planteada como un órgano desconcentrado y no cuenta con un patrimonio propio.
“Eso es una
de las limitaciones. Tampoco está claro
en el ámbito de la Ley el tema de la cadena de mando, la responsabilidad de las
autoridades superiores. El tema de la omisión o colaboración en los procesos de
desaparición y desaparición forzada”, añadió.
Es decir, la Ley no plantea la responsabilidad de
miles de autoridades involucradas en la cadena de mando en la desaparición de
personas perpetrada por distingas corporaciones policiacas.
“Es tal la crisis tan generalizada y
sistemática en términos de desaparición forzada que estamos viviendo en México,
que es imposible concebirla sin la anuencia, la colaboración de autoridades en
todos los niveles de Gobierno. Por eso es importante que ese punto fuera
eventualmente agregado. Sin embargo, es imperante, urgente que se apruebe ya
como está”, precisó.
El 30 de
agosto en el marco de del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas y a una década de la aprobación por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) de la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas, Jan Jarab, representante de la
ONU-DH para México, pidió a los legisladores federales en las instalaciones de
la Cámara de Diputados, discutir y aprobar la Ley.
“La Oficina del Alto Comisionado
alienta a los diputados a aprobar la Ley en el próximo periodo de sesiones.
Esto colocaría a los diputados en el lado correcto de la historia”, consideró.
A Jarab se
le unió Esmeralda Arosemena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para México, quien llamó
a los legisladores a no esperar más y aprobar la legislación.
“Estoy aquí para levantar la voz,
hacer un llamado a México y a toda la región sobre la deuda que tienen en esta
materia. La desaparición forzada es un hecho terrible, cruel, algo que está
ocurriendo y donde encontramos varios desafíos en el campo de la prevención; no
debe haber ni un desaparecido, investigación y sanción”, pidió en un evento
realizado por 40 colectivos de familiares de desaparecidos en San Lázaro.
La relatora precisó que la Ley
representa “un brazo de acción” para las familias de los desaparecidos.
FUE EL
ESTADO, NO EL CRIMEN ORGANIZADO.
Los familiares de víctimas de
desaparición forzada afirman que, aunque las leyes no se cumplan por la
impunidad que persiste en torno a los casos, es preferible tener un marco
regulatorio a nada.
Es el caso
de Manuel Cruz Domínguez, papá de José Manuel Cruz Pérez, desaparecido en
Coatzacoalcos, Veracruz hace dos años.
“Queremos que se apruebe porque las
autoridades no hacen nada. Desgraciadamente nuestros hijos fueron hoy, mañana
no sabemos quién. Nosotros queremos la verdad, que nos digan qué pasó, porque
ellos saben, el Estado fue quien se llevó a mi hijo, no el crimen organizado,
como ellos dicen. Fue levantamiento de las corporaciones de seguridad”, dijo en entrevista con este medio
digital.
Manuel
llevaba puesta una camiseta con la fotografía de su hijo de 27 años, la edad
que tenía cuando se lo llevaron. Pegaba fotografías de José Manuel y recordaba
que ha buscado al joven en baldíos, fosas, casas habitación y todo aquel lugar
que personas anónimas le indiquen.
La búsqueda ha corrido por su cuenta,
porque las autoridades encargadas de la investigación no han hecho nada.
“Con esta Ley se podría hacer mucho
por aclarar las desapariciones, que no son del crimen organizado como dicen.
Estos delitos están impunes porque no
quieren descubrir de dónde viene todo esto: que son la autoridad y nuestros
servidores públicos los que los desaparecen”, precisó.
Manuel
explicó que a su hijo “lo levantó” el
Gobierno a través de un operativo para “limpiar Coatzacoalcos”.
“Mi hijo estaba en el lugar
equivocado. Ya basta que nos tiren de a locos, que nos vean como delincuentes,
cuando no lo somos. Y aunque nuestros hijos lo fueran, nada debe estar por
encima de las leyes. Aunque sabemos que hay impunidad en las leyes, porque las
leyes existen para el que tiene poder y dinero, para nosotros no existen,
queremos que esta Ley se apruebe”, exigió.
Araceli
González Fonseca, mamá de José Carlos Mejía González desaparecido el 7 de junio
de 2013 en El Fortín de la Flores, Veracruz, afirmó en entrevista que a su hijo se lo llevaron elementos de la
policía estatal y desde ese día desconoce su paradero.
“Mi hijo estaba sentado en un parque,
discutió con otra persona, llegó la policía y se los llevó a los dos. Desde
entonces lo buscamos sin resultados, sin datos de que estuvo detenido en
ninguna corporación. A mi hijo lo desaparecen sin dejar rastro, ni una pista”, indicó.
Araceli
apoya la aprobación de la Ley General en materia de desaparición para tener un
seguimiento confiable de la investigación y búsqueda de su hijo.
“Que no se quede así como
desaparecidos, ante la indolencia de la autoridad. Porque eso es lo que
enfrentamos las familias: la indolencia de las autoridades”, dijo.
Virginia
Peña Zamudio coincide con Araceli. La mujer que no ha dejado de llorar por
Rosendo Vázquez Peña, su hijo de 22 años que desapareció en 2015 en Veracruz
anda en las caravanas de familiares de desaparecidos para lograr que le
entreguen cuando menos los restos del joven.
Rosendo,
dijo, tendría 24 años ahora y dejó a su esposa con un bebé recién nacido cuando
no se supo más de él.
“Lo de mi hijo fue desaparición
forzada, se lo llevaron con dos personas más, ya va para dos años y no sabemos
nada. Ahorita le pido a Dios que la Ley se apruebe, que nos ayuden y me lo
entreguen, ya no digo vivo, cuando menos sus restos”, rogó.
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