El sur no puede ser tan miserable.

Raymundo Riva Palacio.

En las comunidades indígenas en Oaxaca y Chiapas la nostalgia no existe. Se vive y se muere el mismo día. Pese a esa realidad, el sismo de magnitud 8.2 del jueves pasado expuso la vulnerabilidad a cielo abierto de quienes no tenían nada y aun así, perdieron lo único de lo que eran dueños: la tranquilidad para dormir. Las categorías para entender desde las ciudades lo que este sismo significó para miles de indígenas en el sur mexicano, están caducas. ¿Cómo podrían explicar que en Reforma de Pineda, en la frontera de Oaxaca con Chiapas, los hornos donde preparan las tortillas y los totopos, es el equivalente a vivir o morir? Cuando los temblores los aplastaron, la población se quedó inerme: sin tortillas, no tendrán ningún ingreso; sin totopos, perdieron su alimento.

Ante dramas con dobleces tan primarios, los discursos sobre las políticas públicas que, dicen funcionarios federales, se van a poner en marcha para la recuperación de esas comunidades, trazan la brecha que existe en dos realidades que conviven sin mirarse, y que sólo se cruzan cuando hay tragedias. En Reforma de Pineda, reportó el corresponsal de Eje Central, Jair Ávalos, se cayó el 76 por ciento de las casas. Pero también la alcaldía, el mercado, la estación del ferrocarril por donde pasa La Bestia, el DIF y el auditorio. Los casi tres mil habitantes que se quedaron sin techo se fueron al campo de futbol municipal, cuyas maltrechas gradas se convirtieron en albergue. Poca ayuda les ha llegado, como a Santa María Xadani, a 20 minutos de Juchitán, que se reinventa con el trabajo de sus habitantes pero, observó Ávalos, la falta de comida y la escasez de agua agudiza su sobrevivencia. “Ya no hay nada más que pueda caerse –agregó–, pero el miedo inunda las calles de este pueblo que todavía la semana pasada sentía el calor de los hornos y olía a tlayudas y pescado”.

En esas regiones del sur mexicano quedó demostrado que los pobres pueden ser todavía más pobres, y perder hasta lo que nada tenían. Chiapas es el estado más pobre del país, con 80 por ciento de personas que viven en condiciones de marginación, y Oaxaca es el tercero más desamparado, con 63 por ciento de su población menesterosa. El Índice GLAC tiene a Oaxaca y Chiapas en el sótano de su ranking de falta de bienestar y de riesgos sociales e inestabilidad. Los dos, agobiados por la corrupción de sus exgobernadores, enfrentan altos niveles de pobreza y marginación que, ante la mala calidad de vida, un brote social de inconformidad está latente. Ambos estados se encuentran en los últimos lugares de estabilidad, en una situación cotidiana que se encuentra en países en guerra como Pakistán y Somalia.

Esa realidad ya existía antes de los sismos. Después de ellos, las condiciones van a empeorar de una manera acelerada. No hay forma de que la asistencia a todas las comunidades afectadas llegue con la celeridad como exige la angustia de las víctimas. La tensión va a crecer conforme avancen los días sin resultados tangibles de mejoramiento que los pudiera llevar al precario bienestar en el que se habían acostumbrado –pero no necesariamente resignado– a vivir. Funcionarios estatales y federales han comenzado a experimentar la inconformidad. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, camina todos los días por las zonas afectadas con la cabeza gacha, sin mostrar control sobre la información. Los protocolos estatales para casos de desastre no funcionaron. No hay prácticamente policías municipales atendiendo a las víctimas y trabajando en las operaciones de rescate, porque se encuentran ellos mismos rescatando a sus familiares y viendo qué van a hacer. La seguridad en las comunidades que no están bajo la mirada de las cámaras de televisión, la han tomado los propios pobladores para evitar saqueos y actos de rapiña. Al secretario de Educación, Aurelio Nuño, lo increparon el martes en Juchitán por el colapso de 400 escuelas en ese estado que, de sí, ha vivido un rezago educativo de casi una generación.

Entonces, ¿políticas públicas eficientes para dos estados que han sido tirados a la basura por quienes más tienen? ¿Podrá un nuevo diseño institucional reponer el rezago por el abandono mexicano de mexicanos que se remonta a generaciones? No será algo inútil, pero no hay que abrigar mucha esperanza en las condiciones actuales. Recordemos el ambicioso plan del presidente Enrique Peña Nieto sobre Zonas Económicas Especiales con un paquete de incentivos fiscales para las empresas que invirtieran en el sur mexicano, que se ha quedado como un gran proyecto donde el interés por conectar al México del sur con el del centro y el norte, se detuvo en un sueño alterado por la frustración.

Nadie, salvo el gobierno, está dispuesto a invertir en Chiapas y Oaxaca. Nadie en México, fuera del gobierno, está dispuesto a ir al rescate de toda esa región cuya pobreza insulta y lastima. No hay que engañarse. La salvación de esa franja del país, que no será en menos de 30 años –la diferencia de bienestar con el norte de México–, no pasa por un nuevo diseño de políticas públicas, salvo que se trate de una especie de Plan Marshall, que no sería para aliviar problemas de manera efímera y que una vez pasada la emergencia, vuelvan a ser olvidados. Hay que reconstruir esa región y volverla a pegar al resto del país. Chiapas y Oaxaca, aunque con nuestras acciones no queramos verlo, también son México.