El ex legislador priista
guanajuatense y actual embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo
Vieyra, ocultó durante años 1.2 millones de dólares en una cuenta de la Banca
Privada D’Andorra, la BPA, institución intervenida en el 2015 por las
autoridades de ese país cuando se detectó que era utilizada para pagar
comisiones ilegales a políticos y para “blanquear” capitales, según una
investigación publicada por el diario El País.
Arroyo Vieyra ha sido diputado local
en el Congreso de Guanajuato en dos ocasiones, diputado federal tres veces y
senador de la república por el PRI, cargos que ocupó de
manera ininterrumpida desde 1994 hasta el 2015 y en la mayoría de los casos, por la vía plurinominal.
También
aspiró a ser candidato del PRI a la gubernatura en el 2015.
Tras no
conseguirlo, ingresó a la Secretaría de
Relaciones Exteriores como oficial mayor, cuando la titular era Claudia Ruiz
Massieu.
A mediados
de marzo del 2016 fue nombrado embajador en Uruguay.
El miércoles
pasado, El País dio a conocer documentos internos de la Banca Privada D’Andorra
como parte de una investigación que reveló el depósito hecho a nombre de
Arroyo, justificado como pago por servicios del despacho de abogados Salinas
Arrambide y asociados en la Ciudad de México, con Pedro Raymundo Salinas al
frente.
Este despacho fue contratado por la
Cámara de Diputados federal en el 2013 –cuando Arroyo Vieyra era presidente de
la misma- para ofrecer asesorías. Los contratos se hicieron por adjudicación
directa y el despacho cobró 3.2 millones de pesos.
Entrevistado
por los reporteros vía telefónica desde la Embajada de México en Uruguay, Arroyo Vieyra aseguró que no intervino en
las adjudicaciones desde la Cámara al despacho. También se negó a revelar qué
tipo de servicios le fueron pagados con esos recursos y habló de “un error” al
haberlos cobrado a través de la BPA.
Esta institución fue intervenida en
el 2015 y sus principales directivos sometidos a procesos judiciales, después
de que el gobierno de Estados Unidos advirtió que cárteles de la droga en
Colombia y México, lo mismo que consorcios como la constructora brasileña
Odebretch, habían recurrido a ella para pagar comisiones ilegales a políticos,
entre otras actividades ilícitas.
La cuenta se
abrió entre 2011 y 2012, consigna El País. En su declaración a El País, el político priista y actual diplomático
declaró que se trataba de un pago de honorarios de su despacho. “Fui legislador y postulante privado durante
25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y
pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden”, dice la cita
del embajador.
Pero, aunque luego aclaró que sólo colaboró en
un contrato profesional con el despacho Salinas Arrambide, Arroyo se negó a
revelar el asunto por el que presuntamente recibió 1.2 millones de dólares a
través de la BPA: “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de qué se
trata por secreto profesional”.
Según el
priista, recurrió a la Banca de Andorra porque un promotor “nos embaucó”.
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