La Secretaría de la Función Pública
aseguró que no tiene una base de datos con las declaraciones patrimoniales de
todos los funcionarios federales publicadas en la plataforma Declaranet. Y
hacer una, para que cualquier persona pueda analizar los datos de forma masiva,
costaría un millón 560 mil pesos.
Un ciudadano
solicitó, vía transparencia, la base de datos en formato abierto, toda vez que
las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos se muestran en
documentos PDF y la consulta solo puede hacerse de un nombre a la vez.
Sin embargo, la Secretaría respondió
que dicha información era “inexistente”, pues no tenía ninguna base de datos con la información
solicitada. Se trata, dijo, de un buscador en el cual, al poner el nombre del
funcionario, la plataforma “localiza en el repositorio el archivo
correspondiente y extrae la información a fin de mostrarla en un formato
legible”.
Por tanto, el sistema fue diseñado
para manejar la información de los funcionarios de manera particular y no
masiva, aseguró la Secretaría en la respuesta a la solicitud con folio
0002700261814 realizada en 2015.
Aunque el
comité de transparencia de la dependencia apoyó la respuesta, el peticionario
interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, los comisionados también
confirmaron la negativa a entregar los datos en formato abierto.
En los alegatos para negar la
información, la Función Pública aseguró que la unidad administrativa encargada
del desarrollo de Declaranet estimaba que el tiempo requerido para hacer una
base de datos era de 221 días naturales, “lo cual traería un costo aproximado
de un millón 560 mil pesos, considerando el número de personas que
intervendrían en el proyecto”.
Además, dicha cotización sólo incluía el proceso de
transformación de la información y del desarrollo de la funcionalidad, pero no
“los costos de operación y de infraestructura requerida para el alojamiento de
la nueva base de datos y de la aplicación que se desarrolle, así como la
actualización diaria de la información”.
Sin embargo,
esta explicación es “una mentira, un
pretexto”, afirma Salvador Barrón Medina, el activista que creó la herramienta
Contratobook, un sistema en el que cualquier ciudadano puede consultar los
contratos que ha hecho el gobierno federal con empresas de manera más accesible
que en el portal de gobierno Compranet. Aunque toda la información fue extraída
precisamente de esta última.
Barrón explica que la información
contenida en Declaranet forzosamente proviene de una base de datos y extraerla,
filtrando los datos personales, es sencillo. Se trata de “descargar” y
convertir el formato en el que actualmente está la información, a otro formato
en el que se pueda consultar de manera masiva.
El INAI dio
la razón a la Función Pública porque consideró que Declaranet está diseñado
para almacenar la información por rubros y no de manera unificada, por tanto,
para generar una versión pública de la información como lo solicitó el
peticionario “sería necesario realizar una serie de acciones o procesos
informáticos”, que consistiría en el “análisis y diseño, programación o
codificación, pruebas, liberación y entrega para su implementación”.
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