Adela Navarro Bello.
El Sistema
Nacional de Seguridad Pública que depende de la Secretaría de Gobernación,
entregó por estos días el informe 2016 del Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas. El
gran total fue de 30 mil 499 mexicanos desaparecidos. Mil 014 reportados
directamente a la Procuraduría General de la República, y 29 mil 485
consignados en las entidades federativas.
¿Quién busca a los desaparecidos?
Ciertamente ni la PGR ni las Procuradurías o Fiscalías Estatales hacen ya no
digamos un compromiso, sino un esfuerzo por esclarecer estos casos, por dar
certeza y justicia a las familias mexicanas que tienen uno o más miembros
desaparecidos. El trabajo de ambas instancias es deplorable por decir lo menos.
La cifra por
demás alarmante de 30 mil 499 desaparecidos en México se logra cuando agentes
del Ministerio Público del fuero común y del fuero federal introducen la
información de averiguaciones previas sobre desaparecidos en una base de datos,
es decir es oficial. La cifra real
estaría por encima de ésa considerando la cantidad de personas que desconfían
de las autoridades, sean estatales o locales, o aquellos que creen que su
familia mudó de residencia, escapó del hogar o salió del País.
Si bien es
cierto que ese Registro Nacional de Desaparecidos se inició en 2011 en las
postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, un reporte de la revista Proceso
indica -con información de 19 entidades además de un informe elaborado por la
Universidad Iberoamericana sobre violencia y terror, hallazgos sobre fosas
clandestinas en México- que de 2007 a 2016 fueron localizadas en México mil 075
fosas clandestinas.
Mayormente
esas fosas se adjudican al crimen organizado y el narcotráfico; el mismo
reporte de Proceso relata que se han exhumado 2 mil 14 cuerpos de esas fosas, ¿dónde están los desaparecidos? La autoridad
no lo sabe. Quienes han debido ser investigadores, excavadores e interrogadores
han sido los familiares de esos desaparecidos, que, ante la incapacidad de las
procuradurías y la insensibilidad de los gobiernos, no tienen otra salida más
que buscarlos ellos, con todos los riesgos y consecuencias. Como en este caso:
Hace dos
años la señora Carmen Judith Arcadia llegó a Tijuana, Baja California,
procedente de Sinaloa. Unos días antes de su arribo, le habían dicho que en la
fronteriza ciudad su hijo estaba desaparecido. Ella le había insistido al
chamaco que no viajara a la frontera, pero recién había cumplido los 18 años y
pensó que no podía impedirlo. Adulto ya, no iría contra su voluntad por más que
le doliera en el alma.
Su hijo,
Fernando, quería viajar a Tijuana porque ahí se encontraba su padre Juan
Ruperto Beltrán. Llevaba muy buena relación con quien ya era ex marido de su
madre. Incluso estando el padre en prisión lo visitó como pudo para hacerle
saber el cariño que le profesaba. El señor Beltrán hacía vida en la Zona Norte
del primer cuadro de la ciudad de Tijuana, ahí donde abundan los bares
desnudistas, los congales y las áreas de tolerancia para el ejercicio de la
prostitución en cualquier esquina.
Por muchos
años, como todo Tijuana, la Zona Norte era controlada de manera criminal por el
Cártel Arellano Félix (CAF). Con una estructura corporativa, en el CAF habían
dividido la ciudad por delegaciones y conformado territorios controlados por
lugartenientes. Así lo hicieron en su momento Benjamín y Ramón Arellano Félix,
posteriormente su hermano menor Francisco Javier Arellano Félix, y hasta el
2014 el sobrino de éstos, Fernando Sánchez Arellano. Pero luego a la ciudad
llegaron huestes criminales del cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva
Generación. Hoy día esas tres
estructuras criminales pelean las calles y esquinas. Nada más en lo que va del
año, los ejecutados por esa guerra en la ciudad suman los mil 149 casos. En 12
días que corren del mes de septiembre de 2017, en Tijuana han asesinado a 84
personas. 7 diarias en promedio, aunque el lunes 11 de septiembre fueron 13 los
cuerpos localizados.
Actualmente,
en la Zona Norte de Tijuana el Cártel Arellano Félix se enfrenta al Cártel de
Sinaloa por el control del territorio. En
ese contexto desapareció Fernando, el hijo de Carmen Judith. Ella dejó todo en
su natal Sinaloa por venir a buscar al joven. Acudió a la Procuraduría General
de Justicia del Estado, pero no recibió atención debida. Su caso fue
desestimado de manera sistemática. No le quedó de otra que hacer lo que muchas
familias mexicanas hacen: buscar a su hijo por su cuenta y bajo su riesgo. Publicó
fotografías del joven, pegó su imagen en postes y paredes, preguntó por todas
las calles de la Zona Centro, y en algún momento, una joven mujer se le acercó
para ofrecer su ayuda. A ella le habían desaparecido a un hermano. Juntas
buscarían a los suyos.
Encontraron a un joven que les
proporcionaría información. Como no queriendo le dijo a un tercero que los restos
de Fernando estaban enterrados bajo unas escaleras en una cuadra de la Zona
Norte. El informante desapareció, pero la madre acudió nuevamente a las
autoridades para decirles dónde estaba su hijo enterrado. Otra vez la
ignoraron. Convenció a su esposo de ayudarla y unos deportados de la zona,
entre todos, excavaron la tierra hasta dar con dos cuerpos. Uno era el de su
hijo, el otro del hermano de la joven que ofreció ayudarla, eso fue el 25 de
agosto de 2017.
Inmediatamente al descubrimiento,
entonces sí, de la Procuraduría del Estado acudieron a apoyar en el rescate de
los restos. Por esos días desapareció también el ex esposo de Carmen, y la
joven que le ayudaba.
Cuando días
después le notificaron que habían encontrado a su ex marido asesinado y su
cuerpo dentro de una maleta, Carmen ya no pudo más. Habló con una organización
de familiares de desaparecidos y la sacaron de Tijuana. Se la llevaron a la
capital donde lograron que de la Policía Federal le pusieran una escolta para
protegerla.
La impunidad con que la Procuraduría
del Estado abordó el caso dejó tres personas desaparecidas y posteriormente
asesinadas, y una mujer desaparecida. El caso ahí sigue, aunque sin mucho movimiento, en la PGJE dicen que “seguro andaban
metidos en algo”, y ella, escondida, entendió el mensaje: no moverle más al
tema si no quería ser la próxima víctima.
Así terminan los familiares de
desaparecidos en muchos de los casos, muertos, hostigados por los criminales
que protegidos por policías y funcionarios viven en la impunidad para seguir
secuestrando,
desapareciendo, privando de la libertad a cientos de personas cada año. Otros
familiares han optado por crear o ser parte de organizaciones de la sociedad
civil que se dedican a buscar a los desaparecidos porque saben que la autoridad
federal no lo hará como tampoco la estatal.
Una página
electrónica concentra a algunas de las organizaciones. En
www.sinlasfamiliasno.com claman:
“Cientos de familias de todo el país exigimos que nuestras voces sean
verdaderamente escuchadas. Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria
que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión, por quien tiene
la responsabilidad de esta situación, el Estado. Una legislación sobre
desaparición forzada debe darnos más y mejores herramientas para encontrar a
nuestros desaparecidos”.
Y explican: “La búsqueda de personas desaparecidas es
dirigida por nosotros, las familias, quienes hemos asumido roles de
investigador y quienes somos criminalizadas por las propias autoridades porque
los resultados que obtenemos señalan la responsabilidad directa del Estado, y
su colusión con el crimen organizado, la indolencia y la inacción ante la
problemática”.
Ante la incapacidad o la ofensiva
falta de voluntad del Gobierno Federal, y los Gobiernos en los Estados, para
buscar a los desaparecidos, y no solamente limitarse a contarlos en un Registro
Nacional, muchos ciudadanos se han transformado en activistas del tema ante la
desesperación de encontrar a los suyos.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto,
como lo hizo el de Felipe Calderón, no dimensiona el problema de las
desapariciones forzadas en México, una situación de gravedad que requiere
acciones de emergencia, de acuerdo a los números oficiales. No basta con
contarlos, también hay que buscarlos y averiguar por qué un día en este País de
tantos absurdos, tantas personas salen de casa y ya no vuelven más.
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