Darío
Ramírez.
El gobierno
federal usó 128 empresas fantasmas para desviar más de 3 mil 433 millones de
pesos del erario público a través de 11 dependencias federales como Sedesol y
Pemex. El esquema de fraude fue a través de 6 universidades públicas. Las empresas fantasmas parecen ser el sello
de la casa de la administración de Enrique Peña Nieto.
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF), en su revisión de la cuenta pública de 2013 y 2014, detectó
diversas irregularidades que indicaban un desvío de fondos públicos en un
esquema de “movimientos irregulares” de dinero público por parte de
dependencias federales. Estos movimientos se hacen a la hora de contratar a
universidades públicas que, cobraban una millonaria comisión por triangular el
dinero, por servicios deficientes o inexistentes. Juan Manuel Portal, Auditor,
calificó lo hallado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad como un “fraude millonario” por parte del gobierno federal.
El reportaje
La Estafa Maestra da cuenta del sistema de corrupción más grande en el país en
los últimos 40 años. Con información emitida por la ASF, nos dimos a la tarea de seguirle la pista al dinero y confirmar el
estado de las 128 empresas usadas regularmente para llevar a cabo el fraude.
Ciento veintiséis tienen serios cuestionamientos fiscales y legales o
simplemente se crearon para defraudar.
Los resultados del reportaje La
Estafa Maestra no son un escándalo nacional por dos razones:
1. Porque la mayoría de los medios de
comunicación hicieron un vacío informativo a la información. A pesar de que el movimiento en
redes y en medios no tradicionales logró brincar el cerco informativo de alguna
manera, la ausencia de una verdadera discusión pública y procuración de
justicia contra los responsables del desvío ilegal se debe a la falta de
presión mediática. El dinero público en
los periódicos, radio y televisión fue sumamente eficiente, una vez más.
2. La procuración de justicia en este
país es una simulación. El procurador pertenece a la camarilla de funcionarios
como Rosario Robles, Alfredo del Mazo y Emilio Lozoya, todos involucrados en La
Estafa Maestra.
El reportaje aún se quedó corto en
determinar dónde terminaron los miles de millones de pesos que las empresas
fantasmas recibieron. El robo del dinero público pudo haber sido para campañas
políticas, para Casas Blancas, para ranchos y lujos o simplemente para amasar
la fortuna personal. Determinar esto le correspondería al SAT y la Secretaría
de Hacienda. Es prácticamente imposible que hagan algo al respecto.
Robar dinero
público está mal y es un delito. Pero
robar dinero público destinado a los más pobres de este país debería ser un
delito agravado. Ese es el caso de Sedesol bajo el mando de Rosario Robles. En
2013, la Secretaría tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para comprar
paquetes alimenticios para la Cruzada contra el Hambre. De acuerdo a la ASF
solo el 7% de ese presupuesto se usó para dicho objetivo.
La Sedesol en 2013 y 2014 firmó 10
convenios por 2 mil 224 millones de pesos. Lo hizo con 20 empresas fantasmas. Los
convenios implicaban que ese dinero –destinado al desarrollo social y combate a
la pobreza- fuera triangulado con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
y la Universidad Autónoma del Estado de México. Por dicha triangulación las
universidades se quedaron con 200 millones de los cuales tampoco se sabe el
destino final. Una vez en poder de las universidades el dinero de la
SEDESOL éstas contrataron a 11 empresas que la gran mayoría no tuvo nada que
hacer por el dinero. Pero ahí no termina el fraude. Las 11 empresas depositaron más de 683 millones de pesos a la empresa
ESGER SA de CV sin haber firmado ni un solo contrato, mucho menos rendir
cuentas por ese dinero.
Otro ejemplo
de acuerdo al reportaje “en abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad
Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con
tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria
con organizaciones de la sociedad civil. La institución educativa contrató a
S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en
la Ciudad de México, el concierto “Compartamos música, erradiquemos el hambre”
de la Cruzada contra el Hambre. S&C Constructores de Sistemas se quedó con
61 millones y le entregó 14 millones a ESGER, aunque la Auditoría Superior de
la Federación determinó que no existe evidencia de que ésta última haya
participado en la organización del evento.”
No dejará de sorprendernos la
simulación y cinismo de la clase política gobernante. No puede dejar de
asombrarnos cómo una evidencia periodística de gran calado como La Estafa
Maestra pasó prácticamente inadvertida por la oposición y medios de
comunicación. Aquellos medios que luego critican a los Duartes y Borges pero
que lastimar políticamente a Robles o Peña no es conveniente debido a su
rentabilidad por estar cerca del poder.
En este caso el periodismo de interés
público hizo su parte. Lástima que lo que le corresponde a la procuración de
justicia esté secuestrada por intereses políticos. Y
así, miles de millones de nuestro dinero (que bien podría ser usado para
educación, salud, carreteras, etcétera) desaparecen de la manera más mágica y
sin ninguna consecuencia.
Pero hay
periodismo en resistencia en México. Y aunque por momentos se ve cuesta arriba
el panorama, periodistas y organizaciones de la sociedad civil se convierten en
esenciales diques que hacen que los corruptos se sientan vigilados. Ahí es
donde hay que poner los esfuerzos.
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