Entre los testimonios vertidos en el
caso que se lleva contra Javier Duarte, llamó la atención uno donde testaferros
del exgobernador de Veracruz le advierten que los rastros de ciertas
operaciones no se podrían borrar, como el entonces mandatario reclamaba, porque
estaban ya en registros del sistema bancario.
No es que a
Duarte le faltara información sobre cómo operan los bancos. Pero apostaba a que
podía crear, desde el gobierno mismo, algunos cortafuegos que ayudaran a que
eventuales investigaciones perdieran el rastro del dinero; o al menos fuera más
difícil de seguir.
Sin dejar de
tener algo de pensamiento mágico,
intentar truquear evidencias puede no ser tan mala idea, sobre todo si supones
que nadie, y mucho menos el gobierno, te investigará; si asumes que lo que
hagas para ocultar pruebas en un extremo de la trama de irregularidades será
suficiente porque, del otro, del lado de las autoridades, no habrá pesquisa
verdadera.
Y puede ser que ese Duarte no
estuviera tan despistado, sobre todo cuando hoy sabemos que a pesar de estar
siendo investigada (es un decir) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, su mujer no cuenta con orden de presentación
o detención (Reforma 08/10/17), y que incluso ella y el prestanombres Moisés
Mansur son hoy por hoy peticionarios de exilio en sus domicilios, ubicados en
Londres y Vancouver, respectivamente.
Qué
chistoso, esos que han sido señalados de
probables actos de corrupción, hoy se quieren ir a vivir a lugares donde las
reglas son más rigurosas y, sobre todo, implacables frente a quienes las
quebrantan. Como si de repente el ambiente vernáculo donde pudieron actuar con
desparpajo al amparo del poder les pareciera irrespirable. Vámonos al mundo
civilizado, allá sí puede estar uno a gusto.
Sin embargo,
en parte de ese mundo civilizado están ocurriendo iniciativas que nos recuerdan
que presuntos actos de corrupción se pueden investigar sin importar fronteras y
sin importar, igualmente, que las autoridades locales se desentiendan de
escabrosos asuntos.
La primera
de esas iniciativas es, por supuesto, el Paradise Papers, nuevo desembarco
global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Desde el
domingo comenzaron a publicarse los hallazgos que reporteros de todo el mundo
han trabajado desde principios de año, fecha en que en Alemania se compartió a
cientos de periodistas del mundo una base de datos de más de 3 millones de
documentos de la consultora experta en paraísos fiscales Appleby.
Esos
reportajes han comenzado a fluir, y una vez más será evidente que el rastro de
actos indebidos, irregulares, ventajosos o simplemente opacos, tarde o temprano
puede ser descubierto.
El otro evento ocurrió ayer en Texas.
La clínica de Derechos Humanos de la escuela de leyes de la universidad de ese
estado presentó el informe: “‘Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila’ Un
análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San
Antonio, Austin y Del Rio, Texas”. En ese documento, por cierto, es mencionado
Javier Duarte.
Imposible no
recordar, ya que hablamos de Coahuila y Zetas, que en junio la periodista Ginger Thompson publicó, en la
estadounidense ProPública, un extraordinario reportaje que desvela el origen de
la matanza en el poblado de Allende en ese estado.
La moraleja es obvia y aplica también
para México en el caso Odebrecht. Si un gobierno piensa que basta con dejar de
investigar para que los casos de corrupción e impunidad desaparezcan, olvida
ese gobierno que no tiene el monopolio del conocimiento. Y que, mientras
esconde la cabeza en el suelo, desde distintos lugares del mundo –tribunales,
periodistas, ONG y universidades– le pegarán un gran balconeo internacional.
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