“Esto es lo que causa
la corrupción entre el gobierno y las constructoras”, dice un letrero colgado
del edificio de 12 niveles ubicado en Insurgentes Norte, construido hace cuatro
años y comercializado por Dekah Inmobiliaria en la Delegación Gustavo A.
Madero, de la Ciudad de México. Tras el sismo del 19 de septiembre presentó
daños superficiales y sus habitantes tuvieron que desalojarlo durante un
tiempo.
Este año los
movimientos telúricos en el centro del país desnudaron las prácticas
fraudulentas del sector de la construcción, uno de los más propensos a la
corrupción, así como la irresponsabilidad de los funcionarios públicos
encargados de otorgar permisos ilegales para obras.
Aquel martes posterior a las fechas patrias colapsaron 38
inmuebles en ocho delegaciones de la Ciudad de México y 228 personas
fallecieron, mientras que 69 personas fueron rescatadas con vida. Sumado a
ello, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) comenzó los trabajos de
demolición de 24 edificios con riesgo de colapso, incluyendo Génova 33, que
había paralizado la actividad comercial en esa calle de la céntrica Delegación
Cuahtémoc. También se retiraron 43 casas ubicadas en la zona chinampera de
Xochimilco, delegación sureña en principio abandonada.
“Esto es parte del
fenómeno de corrupción que no sólo está inmerso en el sector de la
construcción, es una cadena que cobró la vida de personas inocentes que ahorita
estarían vivas si se hubiera hecho de manera correcta y cumpliendo los
estándares establecidos”, dijo Dolores Franco, del Colegio de Urbanistas de México.
Aunque destacó que la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de
México aprobada a finales de noviembre contempla sanciones penales si no se
cumple el reglamento de construcción, Federico Taboada, arquitecto y urbanista,
aseguró en entrevista a parte que también
se aprueba que la potencialidad de los edificios se pueda aumentar 35 por
ciento, y se sigue sin controlar a las inmobiliarias.
Durante el proceso de reconstrucción, que implicará un
periodo mayor a un sexenio, han sido capturados algunos responsables de dos
obras que registraron daños estructurales y, además, nueve personas están
imputadas, pero los dueños de Canada Building, una de varias inmobiliarias
manchadas, están desaparecidos al igual que la dueña y directora del Colegio
Enrique Rébsamen.
El diario estadounidense The New York Times días posteriores
a la hecatombe publicó que “la revisión
de construcciones ha quedado en manos de una red de ingenieros o arquitectos
que son contratados y pagados por los desarrolladores inmobiliarios y por las
constructoras, lo que genera conflictos de interés que pueden socavar hasta los
mejores estándares”.
En entrevista, José Armando Arias de la Cruz, Secretario
General del Sindicato Nacional de Construcción, dijo que “se tendría que apretar” a los Directores Responsables de Obra que
otorgan la firma y a los que verifican el tipo de proyecto y la calidad de los
materiales, los cuales deben ser independientes para evitar esos conflictos de
interés.
“Pero como vivimos con
una corrupción permanente se lo pueden brincar, siempre hay alguien que hace
mal las cosas y por eso hay obras mal hechas o con estructuras ineficientes”, expuso.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
(PGJCDMX) tiene abiertas 200 carpetas de investigación en torno al siniestro. A inicios de octubre, un grupo de líderes
de la sociedad civil, académicos, empresarios, abogados y activistas
presentaron una demanda ante esta instancia. En caso de que la tragedia sea
causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o faltas de servicios
públicos o constructores, se debe exigir la responsabilidad por los delitos de
homicidio culposo, fraude y uso ilegal de atribuciones, alegaron.
Tras el dictamen
pericial que arrojó irregularidades en la cimentación y estructura, el 26 de
octubre se detuvo a Jaime Ríos, uno de los arquitectos implicados en la
construcción del edificio que colapsó en Zapata 56, Colonia Portales, en la
delegación Benito Juárez, y que provocó la muerte de dos mujeres. El inmueble
de 24 departamentos se había entregado un año antes. Alrededor de 20 familias,
quienes invirtieron más de 2.5 millones de pesos, se quedaron sin nada.
No obstante, Arturo
Ceballos, accionista de la inmobiliaria que lo edificó Canada Building Systems,
y Rosa Silvestre Aguilar, apoderada, no se han presentado a las audiencias y el
Director Responsable de Obra, Juan Duay Huerta, sigue libre. Agustín Liñán
Salinas, representante legal de la firma, argumentó que fueron las autoridades
de Benito Juárez las que firmaron documentos y emitieron su visto bueno para la
construcción. Además, dijo, no fue un error humano al tratarse de un evento
“fortuito”.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene 36
expedientes contra 18 constructoras. Tan solo 13 quejas son contra Canada
Building.
Luego, el nueve de noviembre, la PGJCDMX detuvo al Director
Responsable de Obra y al Corresponsable en Seguridad Estructural de un edificio
en Eje Central Lázaro Cárdenas 418, colonia Portales, delegación Benito Juárez
que sufrió daño en 90 por ciento de su estructura. El inmueble de 21
departamentos tenía un año, por lo que hay 10 denuncias por fraude de las
personas que los habían adquirido por 2 millones de pesos.
Fue construido por Yesod Construcciones, cuyos dueños no han
salido a la luz pública.
En el caso del Colegio Enrique Rébsamen, donde más de 20
niños dejaron de vivir, se giró una orden de aprehensión contra la dueña y
directora Mónica García Villegas, quien construyó sin licencias su departamento
sobre la escuela ubicada en Tlalpan, lo cual dañó la estabilidad del edificio.
Pero se desconoce su paradero. Su
abogado Javier Coello, el mismo que representa al ex titular de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, dice que su cliente dará la cara
cuando la situación jurídica sea la adecuada.
La delegada Claudia
Sheinbaum también la denunció penalmente, así como a Miguel Ángel Guerrero
López y Alejandro Zepeda Rodríguez, dos ex directores jurídicos de la
delegación por aprobar modificaciones irregulares e ignorar la orden emitida
desde 2010 para demoler el cuarto piso del inmueble.
Mientras tanto, en época de frío, todavía hay damnificados de
otros inmuebles que no han recibido dictamen de Protección Civil por lo que
siguen refugiándose en campamentos, como es el caso de Bryan Monteverde,
habitante de un edificio de varias décadas de la colonia Josefa Ortiz de
Domínguez, en la Delegación Benito Juárez.
Además, todavía hay seis albergues en las delegaciones
Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza; así como 2 mil
661 fugas que están afectando el abasto de agua en Iztapalapa, Tláhuac y
Xochimilco.
LOS CÁRTELES INMOBILIARIOS.
Para encontrar precios preferenciales, el gobierno capitalino
de Miguel Ángel Mancera Espinosa firmó un convenio de colaboración con las
Cámaras Nacional del Cemento (CANACEM), Nacional de la Industria de Desarrollo
y Promoción de la Vivienda Valle de México (CANADEVI) y Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), así como con la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
SinEmbargo reportó en
octubre que a esta Asociación pertenecen, entre otras inmobiliarias, Fibra
Danhos, Grupo Ideal, Grupo Gigante Inmobiliario y Grupo Copri, protagonistas
del denominado boom inmobiliario que, por un lado, construye viviendas y por el
otro arrebata el agua y árboles a colonias aledañas.
El sector de la
construcción tiene participación dentro del 3.2 por ciento del crecimiento
económico que registra la capital del país. De acuerdo con el Diputado José
Alfonso Suárez del Real de la ALDF, existe un cártel inmobiliario en la ciudad.
La inmobiliaria Reurbano de Rodrigo Rivero-Borrell se ha
centrado en la colonia Juárez oriente, de Insurgentes a Bucareli y Grupo
Danhos, en Reforma y las Lomas, ejemplificó. Este último edificó Parque Delta,
Lindavista y Reforma 222.
El urbanista Federico Taboada expuso que hay un grupo de inmobiliarias que está tratando de controlar
que la regulación hacia su sector sea “muy laxa”, y el Estado es omiso y
negligente ante la especulación inmobiliaria.
“Hay un grupo de
interés y la consecuencia es que en la Ciudad de México expulsa a las familias
que no pueden pagar una vivienda aquí. El metro cuadrado habitacional en la
CDMX es el más caro en América Latina y eso contrasta con el ingreso real y los
niveles de informalidad”, documentó.
Las mobiliarias que
hacen viviendas para gente muy pobre son muy pequeñas y, agregó, el gobierno no
hace las suficientes: 4 mil viviendas al año frente a la demanda de 70 mil.
El Secretario General del Sindicato Nacional de Construcción,
José Armando Arias, afirmó que “el
problema es dónde desarrollar departamentos que no causen problemas a las personas
ni sobrecarguen la ciudad con más habitantes: o hacemos mega torres o nos vamos
a las afueras, pero para eso se necesita buen transporte”.
Asimismo, dijo que es
una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de asegurar las
propiedades, para que el costo lo absorban las aseguradoras y no el dinero
público.
La urbanista Dolores Franco coincidió. Dijo que se necesita
una política pública crediticia que se oriente dependiendo del sector
socioeconómico y su vulnerabilidad para que el monto de reposición de vivienda
sea menor, por ejemplo, en las delegaciones Xochimilco o Iztapalapa.
Pero si se tiene la
oportunidad económica, si se dedica toda la vida laboral para adquirir un
patrimonio, como propietario el ciudadano debe hacerse responsable de su espacio
privado y pagar previamente el seguro de vivienda sobre todo en una ciudad con
riesgo sísmico.
LEY DE RECONSTRUCCIÓN.
El viernes 24 de noviembre, la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley para la Reconstrucción y Recuperación de
la Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna
Estrada, destacó que garantiza el financiamiento al 80 por ciento de las personas
damnificadas sin que tengan que pagar por ello al emplearse recursos públicos
de fondos.
No obstante, los
afectados por el sismo –que han marchado y protestado– se quejan contra la tasa
de 9 por ciento de interés que deben pagar a 20 años por obtener un crédito de
2 millones de pesos. La Secretaría de Finanzas ha recibido mil 949 solicitudes
para créditos rojos y el Instituto Nacional de Vivienda (Invi) entregó 2 mil
117 cheques para apoyo en renta por 3 mil pesos, monto que consideran
insuficiente.
Ante la ALDF, antes de la aprobación, víctimas del sismo acusaron que estos créditos benefician “sólo a las
inmobiliarias y no garantizan la recuperación del patrimonio perdido y busca la
impunidad de los responsables”. El Sindicato Nacional de Construcción
difirió al afirmar que en estos momentos la gente tiene temor a comprar
departamentos, por lo que han bajado las ventas de los pequeños constructores.
El urbanista Federico Taboada dijo que esta Ley era una
oportunidad para hacer un plan de urbanismo serio que involucre la desigualdad
y para que el gobierno capitalino priorizara la vivienda.
Para damnificados de bajos recursos, basado en estudios
socioeconómicos, el Invi da créditos
para reparación de viviendas de entre 71 mil y 133 mil pesos. Además la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) entregó mil paquetes con material a
las familias que llevarán a cabo la autoconstrucción de sus vivienda con la
instrucción de manuales especializados.
Asambleístas de Morena cuestionaron durante la aprobación de
la Ley de Reconstrucción que no hay un monto específico sobre el costo de la
reconstrucción en la capital del país. Solo el retiro de escombros vale
alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con el jefe capitalino,
Miguel Ángel Mancera.
La Ley creó el Fondo
para la Reconstrucción que se integrará con los recursos destinados por el
Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y otras instancias.
Del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 3 mil 371 millones
de pesos son para vivienda, cultura y la reestructuración de áreas de
educación, forestal, hidráulica, salud y deportes. Se entregarán directamente a
los proveedores por lo que no llegan a las arcas de la ciudad, aclaró el jefe
capitalino Miguel Ángel Mancera.
Asimismo, la Ciudad de
México recibirá 300 millones de pesos provenientes del Fondo de Reconstrucción
Federal (FONREC), que estará disponible en el primer trimestre de 2018, y luego
de potencializarlo por medio de un bono a 20 años se obtendrán unos mil 500
millones de pesos.
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