La Ley de Seguridad Interior fue publicada
esta tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que ahora sea la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida si es o no
constitucional, como anunció Enrique Peña Nieto.
El Primer Mandatario decidió este día
promulgar la Ley en medio de las críticas de organizaciones civiles,
activistas, ciudadanos y políticos de la oposición que afirman que el contenido
de la Ley es inconstitucional, además de que con esta se incurrirán en más
violaciones a los derechos humanos.
Desde que el pasado viernes el Senado
de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior, ciudadanos y activistas
han salido a las calles para exigirle aPeña nieto que vete la legislación,
propuesta por él mismo.
La
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía
Internacional son algunos grupos que desde el exterior del país le han alertado
a Peña Nieto y al Congreso que la Ley de Seguridad garantizará más violaciones
a derechos humanos, desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales.
Este día, el Observatorio Nacional
Ciudadano (ONC) se hizo presente en la Sesión de Seguridad Nacional, celebrada
en Palacio Nacional, y entregó a Peña Nieto una carta en la que le pide
escuchar a la sociedad y vetar la Ley de Seguridad Interior.
“Se está optando por un modelo ajeno a la
seguridad ciudadana al tratar de implementar la Ley de Seguridad Interior en
lugar de fortalecer a las instituciones policiales”, dice el documento.
“No se trata de responsabilidades que
deban ser cumplimentadas por voluntad, sino por deber para garantizar el
desarrollo y crecimiento del país.
“Este preocupante estadio del
contexto nacional está determinado por el incremento de diversos delitos de
alto impacto a niveles históricos; por los claros atentados contra la libertad
de expresión […] por la persistencia de la incidencia y falta de acceso a la
justicia en materia de desapariciones forzadas e involuntarias”, resalta el escrito.
Durante su
intervención en la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el
titular del Ejecutivo federal aseguró
que el pronunciamiento que “habré de promulgar esta tarde es especialmente
sensible”, por lo que, señaló, la Suprema Corte será el árbitro legal para
tomar una resolución definitiva.
“Por eso no emitiré la declaratoria
de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el
máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, así la Suprema Corte de
Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar
una resolución definitiva”.
Peña Nieto aclaró que mientras se decide el destino de
la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas seguirán interviniendo en
materia de seguridad pública. Asimismo, pidió a los gobiernos estatales
fortalecer sus corporaciones policiacas y hacer frente a la delincuencia.
En su discurso,
EPN defendió la intervención del
Ejército en las calles, pues hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la
sociedad civil, aseguró.
En el mismo
evento, el Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Ching, defendió que “en 2012, Peña recibió un país
agraviado por una violencia creciente y por un fenómeno criminal que ganaba
terreno con rapidez. La dimensión del problema exigía resolverlo con visión de
Estado”.
Este mismo día, la organización “Por
México Hoy”, que encabeza Emilio Álvarez Icaza, así como personalidades como
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Pedro Kumamoto, exigieron a Enrique Peña Nieto
corregir el “error de dimensiones históricas” que cometió el Senado y vetar la
Ley de Seguridad Interior pues “el combate al crimen organizado no puede ser
una coartada para el restablecimiento del autoritarismo”.
En una carta pública difundida en
redes sociales, los firmantes pidieron al Ejecutivo federal hacer uso de sus
facultades para vetar la Ley aprobada por los legisladores el pasado 15 de
diciembre en medio de reclamos de organizaciones.
Además del
veto del Presidente, los firmantes solicitaron convocar a un diálogo nacional
para debatir las propuestas y observaciones de organizaciones nacionales e
internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 25
comisiones estatales de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, así como de organizaciones civiles como Amnistía
Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y las agrupadas en el colectivo
#SeguridadSinGuerra”.
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