Javier Risco.
Hace un año,
todos querían que concluyera el 2016. Durante esos 12 meses el mundo vio a
Donald Trump ganar elecciones; se revelaron redes de corrupción a través de la
investigación de los Panama Papers; una grave crisis migratoria dejó a miles de
indocumentados muriendo en el mar Mediterráneo, y en México habíamos visto la corrupción en su máximo esplendor a través
del caso Javier Duarte.
El 2017 empezó con el gasolinazo y
supimos que el panorama no iba a regalarnos tregua. En nueve días otro año va a
iniciar y la estela de impunidad que deja este no nos deja ser alentadores.
Quizá sea ‘corrupción’ la palabra que
más hayamos escuchado; ‘impunidad’, un poco detrás de ella. Una grosera
impunidad que ha encontrado cobijo en todos los partidos políticos, y que tiene
también su representación en aquél que hasta este 2018 se dirá presidente de la
República.
Al actual gobierno no sólo le debemos
al veracruzano Javier Duarte, y a un Roberto Borge, a punto de regresar al país
en calidad de detenido; en el círculo cercano hay más personajes: ejemplo de un
‘nuevo PRI’, dispuesto a todo para seguir enquistado en Los Pinos.
Esta semana,
a través de una nota del diario Reforma, supimos de una presunta triangulación
de recursos públicos de los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz,
gobernados por los ‘nuevos priistas’, quienes, a través de la Secretaría de
Hacienda, en manos en ese momento de Luis Videgaray, habrían canalizado 250
millones de pesos para campañas del PRI en 2016.
Reforma tuvo
acceso a la declaración ministerial del testigo con ‘Identidad Reservada’
I701/2017, rendida ante la Fiscalía de Chihuahua y que, según fuentes
oficiales, corresponde a Jaime Herrera (exsecretario de Hacienda de Chihuahua).
“El exfuncionario detalló que
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Beltrones y exsecretario
del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones”, señala la
investigación periodística.
La indagatoria ya tiene en la cárcel
a Alejandro Gutiérrez, y por supuesto que el PRI, a través de sus operadores
tradicionales, como César Camacho, líder tricolor en la Cámara de Diputados, ya
se deslindó y acusa ‘campaña sucia’.
Con esto, el año cierra manchando a
otros dos de los grandes personajes del gobierno sexenal que no conoció límites
intentando conservar el poder: al priista Manlio Fabio Beltrones y el ahora
canciller Luis Videgaray.
En 2017 supimos también del involucramiento de
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y amigo personal del presidente Peña, en la
red de corrupción y sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que ya tiene a
expresidentes, senadores y empresarios en prisión en el mundo y que en México
se mantiene en la impunidad.
Supimos de las ligas del secretario
Miguel Ángel Osorio Chong con empresas hidalguenses de la construcción, que
durante este sexenio han crecido y obtenido contratos por casi 2 mil 600
millones de pesos.
Nos enteramos también del desvío
multimillonario, a través de 11 dependencias federales y cinco universidades
estatales, por el trabajo periodístico de La Estafa Maestra, donde nombres como
el de Rosario Robles o el ahora gobernador mexiquense y entonces titular de
Banobras, Alfredo del Mazo, salieron a relucir. La muerte de dos personas y un
paso express irregular también alcanzó a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Incluso Raúl
Cervantes, ex procurador, se vio
envuelto en casos de corrupción, como la evasión de impuestos de un automóvil
Ferrari emplacado en Morelos para no pagar la tenencia en la Ciudad de México.
Y el Ejecutivo nos regaló un último dulce
para cerrar el año: promulgó la Ley de Seguridad Interior, a pesar de la enorme
e histórica petición internacional y nacional de todos los organismos posibles,
de detenerla porque implicaba dar facultades a los militares, para las que no
están preparados. Eso, enmarcado en las cifras que lo convierten en el año más
violento en décadas.
¿En serio
esa es la ruta que queremos el próximo año? Ojalá el 2018 no sólo traiga más
casos de corrupción, sino un cambio que está en las manos de los ciudadanos.
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