Un año y medio después de que se
pidiera por primera vez la expulsión de César Duarte Jáquez del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el llamado se vuelve a poner sobre la mesa
ante el escándalo del presunto desvío de recursos públicos del erario
chihuahuense que, de acuerdo con Alejandro Gutiérrez, ex secretario general
adjunto del tricolor, fue triangulado en 2016 por él mismo, por el Gobernador
de Chihuahua y por Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien entonces fungía como
presidente nacional de ese instituto político.
Los millones de pesos federales
recibidos por la administración de César Duarte para darle bienestar a los
ciudadanos de Chihuahua habrían ido a parar a las campañas electorales del PRI
en 2016, de acuerdo
con las imputaciones de la Fiscalía General de esa entidad en contra del ex
secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.
“Todo aquel
servidor de partido que no ha tenido algún acto de corrupción, se le debe de
dar el derecho de audiencia, y también la presunción de inocencia. Pero, en el
caso de [Cesar] Duarte es un problema que nos afecta como partido. A la
credibilidad, a la imagen del partido. Ha sido lo que nos ha llevado a nosotros
a tener derrotas en los estados por los abusos de algunos malos funcionarios”,
dijo el consejero priista Armando Barajas Ruíz.
El 21 de
julio de 2016, Barajas Ruiz presentó la solicitud de quitar los derechos
partidistas a Duarte Jáquez, y a los ahora ex mandatarios de Veracruz y de
Quintana Roo, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente.
Un año y medio después, sólo el ex Gobernador de Chihuahua goza por completo de
sus derechos partidistas.
“Para mí César Duarte ha tenido un
trato preferencial por sobre los demás, porque en el caso de Veracruz y
Quintana Roo se les suspendieron sus derechos partidarios y se llevó a cabo la
expulsión posteriormente […]. Eso es lo que a mí me hace ver que existen
ciertas anomalías dentro de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria”,
sostuvo Barajas Ruíz, quien es también el líder de la Corriente Solidaridad del
PRI.
José Antonio
Meade Kuribreña, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, se
refirió ayer a este escándalo.
“Estaremos pendientes, yo le tengo
afecto en lo personal, lo conozco y espero que se aclare todo a satisfacción”,
dijo a la prensa sobre Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y aseguró que en “su
campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y del
cual no se puedan rendir cuentas”.
Sin embargo,
el trato preferencial a César Duarte no
se observa sólo al interior de su partido. El ex Gobernador de Chihuahua sigue
hoy prófugo, mientras que otros ex mandatarios –también del tricolor– no han
corrido este año con la misma suerte.
El pasado 10
de abril, el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue
detenido en Italia; el 15 de abril, el ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte
de Ochoa, fue aprehendido en Guatemala; el 5 de junio, Roberto Borge Angulo, ex
Gobernador de Quintana Roo, fue capturado en Panamá, y el pasado 6 de octubre
el ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, pisaba la cárcel en
Ciudad Victoria.
El analista
político Enrique Toussaint Orendain explicó
que dentro del PRI se suele ver a los casos de corrupción como particulares,
cuando en realidad se trata de un sistema más complejo.
“Los casos de corrupción dentro del
PRI no son frutas podridas que se salen del huacal ni tampoco errores
individuales. Adentro del PRI existe todo un sistema orquestado de saqueos, de
uso de los cargos públicos para enriquecer el partido. Por eso hay que ver el
problema del PRI como un sistema. Lo hemos visto con otras operaciones
fraudulentas, como son los casos de Monex, Soriana y Odebrecht”, expuso el politólogo.
RÉCORD EN
ÓRDENES DE APREHENSIÓN.
El 12 de
septiembre pasado, el actual Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó 10 acusaciones penales en contra
de César Duarte Jáquez, y la solicitud de detención con fines de extradición.
Con 70 tomos, el mandatario del Partido Acción Nacional (PAN) buscó cumplir con
su promesa de campaña de someter a la justicia al ex funcionario nacido en
Hidalgo de Parral.
“Tenemos 10 órdenes de aprehensión,
todas y cada una de ellas son por delito de peculado agravado. Las 10 suman un
total de mil 200 millones de pesos. Es una desviación de recursos del Gobierno
del estado, en el cual este personaje está implicado”, detalló el vocero de la Fiscalía de
Chihuahua Carlos Huerta Muñoz, en entrevista con SinEmbargo.
El onceavo requerimiento fue
presentado por el ahora ex Fiscal de Delitos Electorales (Fepade) –que depende
de la Procuraduría General de la República (PGR)–, Santiago Nieto Castillo. En
esa orden se le imputa el presunto desvío de 14 millones de pesos del
presupuesto de Chihuahua.
No obstante,
y pese a la emisión de una ficha roja en la Interpol, la PGR NO ha pedido a las autoridades de Estados Unidos la detención de
Duarte Jáquez ni tampoco, a través de la Cancillería, se ha solicitado su
extradición.
En marzo
pasado, diversos usuarios de redes sociales reportaron con fotografías que
Duarte estaba ubicado en El Paso, Texas; es decir, apenas a unos cuantos
kilómetros de la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua.
DETONA OTRO
ESCÁNDALO
La reciente
acusación de la Fiscalía de Chihuahua en contra del ex secretario general
adjunto del Comité Ejecutivo Nacional priista, Alejandro Gutiérrez, radica en
el desvío de 250 millones de pesos en 2016. De la mano de Duarte Jáquez, ese
dinero habría servido para las campañas presidenciales del PRI en 2016.
LAS DUDAS
SOBRE LA JUSTICIA.
La trama ha despertado alertas en
partidos políticos opositores al tricolor, que han alertado sobre las
repercusiones electorales que pueden tener estos supuestos delitos.
Ayer, el
partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la
Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el
presunto financiamiento ilegal de las campañas del tricolor. El representante
de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, consideró que la detención de
Gutiérrez es suficiente para que la justicia mexicana se movilice en busca de
Duarte Jáquez.
Sin embargo,
para el analista Toussaint hay pocos
visos para pensar que la PGR podrá indagar a fondo estos asuntos.
“Me parece que mientras tengamos esta
Procuraduría que lo que hace es defender a los políticos, tendremos más casos
como el de Odebrecht, donde no vemos una investigación medianamente
articulada”.
Jaime García
Chávez, quien presentó una denuncia en la PGR en septiembre contra el ex
Gobernador priista por el delito de peculado, expuso que la dependencia ha puesto trabas para proceder contra César
Duarte.
Ante la inacción de la PGR, un amparo
con número 667/2017 que se ventila en el juzgado Sexto de Distrito en Materia
Penal de la Ciudad de México exige a la dependencia a pronunciarse sobre esta
investigación.
“La Procuraduría estaba cayendo en la
desmesura de decir que no hay averiguación. Siendo que la averiguación está ahí
y son alrededor de 100 mil hojas”, destacó García.
La celeridad con la que la PGR
tramite esta denuncia podría sumarse a un expediente de extradición de Duarte
Jáquez, dijo García
Chávez.
Aunque,
advirtió, al parecer no podría ocurrir en el corto plazo.
“El Juez de Distrito requirió al
Procurador General de la República para que envíe al expediente completo de
César Duarte al Juzgado para poder fallar el amparo, que tendría por
consecuencia una orden de aprehensión […]. Y la Procuraduría se ha negado a la
entrega del expediente vía la expedición de una queja, dice que no lo entregará
porque hay muchas otras personas involucradas. La PGR quería reducir al Juez a
resolver sin ver si estaban trabajando o no, sin ver el expediente”, explicó.
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