Una coalición de diez organizaciones internacionales
hizo un llamado a Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto con la Ley de
Seguridad Interior.
En un
posicionamiento, anunciaron la
integración de un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será
observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en
el país.
“La aprobación de la Ley de Seguridad
Interior que se concretó esta semana en el Senado mexicano implica un grave
retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin
precedentes y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”, sostuvieron.
“Lejos de abordar la impunidad
generalizada de crímenes atroces -incluidos los cometidos por las fuerzas
armadas en el contexto de la larga “guerra contra las drogas”- la Ley de
Seguridad Interior consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en
tareas de seguridad públicas reservadas para autoridades civiles. Durante los
últimos diez años, esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la
población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,
tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos; casos
que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta
impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de
hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México”, expusieron.
“La Ley de Seguridad Interior
constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la
acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos. En
ese sentido, la nueva ley es parte de una tendencia peligrosa que requiere
reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional -una coalición
permanente de organizaciones internacionales de Europa, Estados Unidos y
Latinoamérica- servirá para monitorear la situación en México, llamar la
atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y
apoyar nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a las crecientes
ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y
periodistas. El Observatorio también continuará dialogando con las autoridades
mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho
internacional”,
abundaron.
Los miembros
fundadores del Observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinación Alemana por los
Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin
American Working Group (LAWG), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA),
Open Society Justice Initiative (OSJI), la Organización Mundial contra la
Tortura (OMTC), Peace Brigades International (PBI) y Robert F. Kennedy Human
Rights.
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