Por Azam
Ahmed Y J. Jesús Esquivel.
Un ex directivo del partido del
presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación
sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido
en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este miércoles los
funcionarios estatales.
El ex directivo, Alejandro Gutiérrez,
es uno de los aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de
participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su
partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo
con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos
revisados por The
New York Times.
El arresto
de Gutiérrez, un veterano político que en ese momento era el secretario del
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más
amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior
gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del
presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a
Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción.
El caso en su contra ha afectado a
media docena de exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las
autoridades.
Pero la investigación se está extendiendo y amenaza
con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los
exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New
York Times.
Gutiérrez
está siendo investigado con relación a lo que los exfuncionarios definen, como un plan nacional para canalizar
decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos
del PRI en las elecciones para gobernador de 2016.
El dinero se envió a estados con
gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una
serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente
devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio
y los registros consultados.
En ese
momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder
las elecciones estatales en junio de 2016. Los
exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para
financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder
el control.
Los documentos
revisados por The New York Times se
centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los
registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en
enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector
educativo.
Luego, el dinero se desvió a cuatro
compañías utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor
fiscal del país ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según
los contratos gubernamentales revisados por este diario.
Esas compañías, supuestamente
contratadas por el estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos,
recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y
los registros bancarios que muestran que el dinero se había recibido.
Pero las empresas no proporcionaron
esos servicios,
según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del
estado. En cambio, el dinero se
convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las
campañas electorales, según los antiguos funcionarios del estado vinculados al
plan.
Uno de esos funcionarios llamado
Ricardo Yáñez, el ex secretario de Educación de Chihuahua, describió la trama
en un documento de sentencia. Yáñez está cumpliendo una sentencia de prisión de
cuatro años.
Sin embargo, NO todo el dinero se destinó a fines
políticos.
Alrededor de 230 mil dólares se
depositaron directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el ex secretario
del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.
La red de pagos sugiere un vínculo
entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido.
Los contratos y los registros
bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las
mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora
y Durango. Los registros bancarios también muestran cientos de miles de dólares
en depósitos a algunas de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su
testimonio, los exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que
también se realizó en los estados de Veracruz y Tamaulipas.
LOS FUNCIONARIOS DE VERACRUZ NO
RESPONDIERON A LAS REPETIDAS SOLICITUDES DE DECLARACIONES. Y EL ACTUAL
GOBERNADOR DE TAMAULIPAS, UN POLÍTICO DE LA OPOSICIÓN QUE GANÓ SU CARGO DURANTE
LAS ELECCIONES DE 2016, DIJO QUE UNA INVESTIGACIÓN DE SUS FUNCIONARIOS NO
ENCONTRÓ NINGÚN CONTRATO CON LAS CUATRO PRINCIPALES COMPAÑÍAS FALSAS.
Aún no está
claro quién más pudo haber participado en el plan. En el documento de
sentencia, Yáñez, el ministro de
Educación estatal que ya fue declarado culpable, es citado diciendo que tanto
Gutiérrez como el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el
dinero había sido enviado por el gobierno federal para financiar las campañas
electorales del partido. Afirmó que le dijeron que el mismo plan se había
realizado en varios estados.
Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo
los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de
que robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado.
La hija de
Duarte es ciudadana estadunidense y, de acuerdo con los documentos legales
revisados por The New York Times, el exgobernador solicitó una tarjeta de
residencia permanente.
Se cree que Duarte vive en Texas y
Nuevo México. Los intentos por contactarlo por teléfono y a través de visitas a
diez propiedades que presuntamente son suyas en El Paso y sus alrededores
fueron infructuosos.
El jefe del partido de Peña Nieto en
el momento del plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es
aliado desde hace mucho tiempo del presidente y su familia.
Beltrones
también es mencionado en el documento de sentencia. Yáñez dijo que el exgobernador le dijo que Beltrones había ideado el
plan. Los intentos por contactar a Beltrones el miércoles no tuvieron éxito.
En el
documento, Yáñez dijo que se reunió con
Gutiérrez, el ex diputado del PRI, y otros funcionarios en la sede del partido
en Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las elecciones y
la mentalidad de los participantes cambió a disminuir los daños.
Los casos de
la campaña son parte de una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde
el nuevo gobernador, Javier Corral, le ha encargado a su fiscal general que
investigue la corrupción.
El margen de
maniobra que Corral ha otorgado a los fiscales es raro en México, donde las
investigaciones muy pocas veces se inician y, si se permiten, raramente llegan
más allá de los de los funcionarios de bajo nivel.
A lo largo de los meses, los fiscales
han trabajado lentamente en una lista de exfuncionarios que sirvieron en el gobierno
del anterior gobernador, Duarte, y los presionaron para que cooperaran.
En enero de 2016, el estado de
Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la
nómina. Jaime Herrera, el ex secretario de Finanzas del estado durante la
gestión de Duarte, necesitaba casi 16 millones de dólares para aliviar la
tensión financiera.
Dos días después, en un contrato de
siete páginas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De
acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud
tan grande fue una decisión asombrosamente rápida.
Pero el motivo de la transferencia,
de acuerdo con los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. Según ellos,
Gutiérrez, el ex directivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua
para que le pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el testimonio.
La
operación, explicaron los funcionarios del estado, era una forma compleja y
probada de malversar fondos. A los funcionarios se les dieron los nombres de
cuatro compañías que supuestamente le proporcionarían servicios educativos al
estado: se trataba de las empresas falsas desde las cuales los miembros del
partido podían desviar el dinero.
Una compañía recibió alrededor de 5.2
millones de dólares por vender el software estatal de recursos humanos. A otras
tres empresas se les pagaron millones por servicios de capacitación y
educación, según los contratos revisados por The New York Times.
De acuerdo
con especialistas en contrataciones, los
montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que
brindaban.
Los pagos se movieron rápidamente. A
fines de febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los funcionarios
del estado, y en abril los cheques fueron enviados a cada una de las compañías.
De los aproximadamente 15.8 millones
de dólares enviados al estado por el gobierno federal, el partido sólo solicitó
que se le devolvieran 14.4 millones de dólares, según el testimonio de los
funcionarios estatales. El resto, dijeron, se podría gastar como quisieran los
funcionarios del estado.
De cada una de las compañías, el
dinero fue transferido a docenas de otras compañías, varias de las cuales
también aparecen en la lista negra de empresas falsas de las autoridades
tributarias nacionales, según los documentos.
A partir de ahí, el dinero
desapareció. La
única pista sobre a dónde fueron a parar esos recursos se encuentra en el
testimonio de los dos ex funcionarios del estado, a quienes los miembros del partido les dijeron que el dinero se gastó en el
financiamiento de la campaña.
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