A casi nueve
meses del homicidio de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, el pasado 19 de diciembre asesinaron en
Álamos, Sonora, al presunto asesino material de ese crimen, de acuerdo con
gente de la misma comunidad y confirmado por personal de la Fiscalía de aquel
estado.
Ramón Andrés Zavala Rodríguez, de
acuerdo con personas de la región (Álamos se encuentra cerca del municipio de
Chínipas, Chihuahua, de donde es el grupo delictivo que presuntamente operó el
crimen de Breach), se jactaba haber matado a una periodista muy importante, el
23 de marzo pasado.
Su indiscreción le costó la vida, ya
que el mismo grupo para el que trabajaba, “Los Salazares”, del Cártel de
Sinaloa, es el que presuntamente lo privó de la vida.
Según
fuentes consultadas en la fiscalía local de Chihuahua, las características del presunto autor material de Breach Velducea,
corresponden a las que tienen identificadas en la persona que buscaban para
aprehenderla por ese asesinato.
El grupo Los Salazares fue denunciado
por la periodista en diferentes ocasiones, pero la información que generó
amenazas fue en la que delató al precandidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la alcaldía de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino de
los jefes del Cártel: Adrián y Crispín Salazar Zamorano.
Esa
información, publicada en La Jornada y Proceso, obligó al PRI a cambiar de
candidato en ese municipio y en Bachíniva.
A partir de
ese día, hubo amenazas para no abundar en la información de Chínipas y, por
otra parte, hubo petición de personas ligadas al Partido Acción Nacional (PAN),
para revelar las fuentes de la información publicada.
El alcalde que gobernaba Chínipas era
el panista Hugo Amed Schulz Alcaraz, a quien Miroslava Breach señaló en notas y
la columna de Don Mirone, en El Norte de Juárez, como protector del grupo de
Los Salazares. La intención de pedir las fuentes era deslindar a Shultz de
haber entregado información.
Mirolsava Breach señaló que, a pesar
de los señalamientos contra el ex alcalde de Chínipas, el gobierno estatal lo
intentaba colocar en un cargo público del gobierno de Javier Corral Jurado.
Una vez que asesinaron a Miroslava,
Hugo Shultz continuó en su cargo como coordinador de la zona serrana del
subsistema estatal.
Ante la presión mediática, el
funcionario renunció hace más de dos meses y se reintegró a su plaza como
subdirector en la preparatoria de Chínipas.
El área de
comunicación social de la Fiscalía General del Estado informó que no tienen abierta ninguna investigación contra Hugo Shultz,
porque no hay elementos para hacerlo.
En 13 septiembre pasado asesinaron
frente a su familia a un sobrino del ex alcalde Shultz. De acuerdo con fuentes
de la Fiscalía, podría estar involucrado en el homicidio de la periodista.
En la FGE
indicaron que aún no cuentan con información del móvil del asesinato de Adrián
Shultz, ocurrido en el estacionamiento del centro comercial Sam’s Club, ubicado
en el periférico de la Juventud de la ciudad de Chihuahua.
La
dependencia estatal no hizo pública la identidad del ejecutado aquel día, pero
los mismos familiares de Adrián lo informaron en perfiles de Facebook, donde
agradecieron las condolencias que la gente les expresó
Hasta ahora,
tampoco se conoce si hubo o hay
investigación sobre la postulación de un miembro del grupo delictivo Los
Salazares en una contienda electoral y los motivos por los que lo quitaron de
la planilla electoral, para sustituirlo por el candidato priista que ganó,
Jesús Ramón V. Agramón Ramírez, quien hoy gobierna Chínipas.
Shultz, bajo
investigación.
La Auditoría Superior del Estado
(ASE) detectó irregularidades en cuatro cuentas públicas de 2016, de ayuntamientos
chihuahuenses, entre estos, Chínipas.
El Congreso
del Estado instruyó a la ASE para
iniciar los procesos administrativos y penales contra los alcaldes de Chínipas
(PAN), Hugo Shultz; Juárez, Javier González Mocken (PRI); Ignacio Zaragoza,
Florencio Franco, y Manuel Benavides, Benjamín Ahumada (PT).
Las irregularidades detectadas son en
la realización de obra pública y egresos que destinaron a los exfuncionarios
que eran autoridades en ese momento.
En el caso de Chínipas, de acuerdo
con el decreto del Poder Legislativo, LXV/CTAPB/0471/2017 P.O, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, la Auditoría Superior detectó irregularidades por
más de 10 millones y medio de pesos en el último año de la gestión de Hugo
Shultz.
El mismo
Shultz respondió a señalamientos ante la ASE, pero no logró solventar las irregularidades, por lo que el organismo
tendrá que proceder administrativa, civil o penalmente. Hasta ahora no hay
denuncia en la FGE.
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