Adela Navarro Bello.
“La clave es el dinero
secreto de la campaña que debe ser rastreado”, más o menos esa es la frase que
habría sido resumida -para la ficción y la leyenda popular- como “sigue el
dinero”, y que está
en el centro de la investigación de dos periodistas de The Washington Post, en
la pieza conocida como Watergate, que llevó a la renuncia del Presidente de los
Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974.
Indagando el robo de documentos a una base del Partido
Demócrata, los investigadores conocieron también de dinero no reportado en la
campaña para la reelección del republicano Nixon. “Siguiendo el dinero” se develó el entramado de corrupción que tumbó al
presidente y lo demás es historia.
La frase “seguir el
dinero” se quedó para establecer que, en un acto de política, campaña y
gobierno, hay corrupción, y la única forma de establecer las líneas y las
pruebas de ello, es precisamente, seguir el dinero. Investigar de dónde salió,
cómo salió, a dónde se transfirió, quién lo gastó, en qué.
En México, a pesar de
ser de los países más corruptos del mundo, rankeado en la posición 123 de 176
países analizados por Transparencia Internacional, y el más corrupto de los 35
que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), de acuerdo al mismo organismo, rara vez se sigue el dinero de forma
eficiente, científica y ministerial.
Ahí está el caso, por
ejemplo, de la profesora Elba Esther Gordillo Morales, en el cual tanto la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la Procuraduría General de la
República, siguieron el dinero y encontraron el delito de lavado de dinero,
operaciones con recursos de procedencia ilícita y… hasta ahí llegaron. Cinco
años después, han dejado de seguir el dinero, porque lo que persiguen en este
caso, es político, es poder, y ahí está una alianza electoral.
La corrupción lo permea todo.
Un ambiente de
corrupción gubernamental y partidista como el que estamos atestiguando este
sexenio, afecta otros sectores de la sociedad. La corrupción afecta la
construcción, la educación que se provee en las aulas escolares, inhibe el
crecimiento económico, y fomenta la inseguridad y la violencia.
Seguir el dinero sería
lo conducente para atrapar a los capos de la droga y disminuir con ello la
creciente ola de asesinatos en este país. Seguir el dinero sucio en las
campañas, quitaría candidaturas a los aliados de la criminalidad. Seguir el
dinero en las cuentas privadas de los funcionarios, sentaría el precedente de
cárcel para los deshonestos.
El problema en México
es que las instituciones de investigación ministerial, administrativa, solo
siguen el dinero cuando les conviene. Cuando quieren castigar por razones de
partido o personales a alguien, y no cuando deben procurar justicia y certeza jurídica para
todos.
Hay en México hoyos de
corrupción que no han sido escarbados lo suficiente para encarcelar a los
culpables. Veracruz es uno de ellos.
De la mano del PRI, del presidente Enrique Peña Nieto, del ex
Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade, del ex Secretario de
Hacienda, Luis Videgaray y arropado por los dirigentes nacionales del Partido
Revolucionario Institucional, Javier
Duarte de Ochoa convirtió aquel bello estado en paradigma de la corrupción, de
la impunidad y la inseguridad.
Ayer asesinaron al periodista número 13 en México en 2017.
Gumaro Pérez Aguilando, de La Voz del Sur estaba amenazado. Él contaba con medidas cautelares, pero
únicamente cuando estaba laborando. El día que lo mataron fue en la escuela de
su hijo a la que había acudido para presenciar el festival navideño.
TODO SUCEDIÓ EN
VERACRUZ, EL HOYO NEGRO DE LA CORRUPCIÓN PRIÍSTA.
Durante el sexenio de
Javier Duarte, el más corrupto del que se tenga memoria, 17 periodistas fueron
asesinados en aquel Estado. En lo que va del año, cuatro han sido ejecutados.
La corrupción que
inicia en el poder público, el desfalco multimillonario de Duarte a las arcas
estatales y por lo cual él y varios ex colaboradores están siendo procesados,
solo trajo inseguridad y violencia. La corrupción que inicia en el Gobierno
llega hasta el narcotráfico y el crimen organizado.
El crecimiento del
narcotráfico y con ello de la violencia, es el reflejo de un mal Gobierno. Así
sucede en Tamaulipas donde los ex Gobernadores son perseguidos, en Chihuahua
donde uno está prófugo, en Coahuila donde dos cargan con la sospecha y el
señalamiento público, en Baja California donde la inseguridad incrementó a
niveles inéditos.
EN MÉXICO CON ENRIQUE
PEÑA NIETO, SE VIVE EN EL SEXENIO DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD POLÍTICA, en el cual se contabilizan más de 104 mil ejecutados en cinco años de
gobierno. Y los dineros desviados o reportados en este país y en otros como
producto de lo ilícito, suman miles de millones de pesos.
Seguir el dinero
ilícito en el gobierno, es dar con la línea de la corrupción de funcionarios y
de criminales, y con ello, llegar hasta los asesinos de periodistas.
Pero en este sexenio, en el que México ocupa los primeros
lugares de corrupción, los primeros en los índices de inseguridad, catalogado
como el segundo país más violento, y el primero ya de mayor riesgo para los
periodistas empatado con Siria con 13 asesinatos (en 2016 México empató con
Afganistán con 13 muertes de periodistas según la UNESCO), es evidente que no hay justicia, que lo que prevalece es la impunidad.
Lo mismo para políticos y funcionarios que para narcotraficantes, criminales y
asesinos.
Los actos de corrupción
que se van sumando en el sexenio, ahora los desvíos de dinero público para
actividades electorales en Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz, con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público como aval de la transa según consta en actas
ministeriales, permanecen en la impunidad, y eso, genera violencia. No hay
castigo, no hay ni siquiera apercibimiento, no proceso contra los señalados, y
la impunidad se vuelve la regla.
A punto de finalizar
2017, el Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue destacando por la violencia y la
corrupción. Por los excesos de sus funcionarios, y la falta de procuración de
justicia.
Porque no se sigue el dinero en las investigaciones, y son
permisivos con los actos de desvíos detectados por autoridades fiscalizadoras,
reportados por testigos encarcelados, o denunciados por ciudadanos organizados.
Actores todos que se topan con la impunidad oficializada en este sexenio.
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