Atzayaelh Torres.
Luego de la caída de diez por ciento
en la producción de crudo que reportó Pemex al cierre de 2017 se requiere
velocidad de reacción para no permitir que este sea otro año negativo para la
industria petrolera nacional, o al menos es lo que prometió la directiva en el
flamante Plan de Negocios, por lo que Pemex requiere de herramientas que le
permitan estrechar la desgastada relación con proveedores y no trabarla más.
Por el
momento hay un número no determinado de
contratos con proveedores que vencían el pasado 31 de diciembre de 2017, pero
que sólo consiguieron ser ampliados hasta junio de este año, situación que
tiene hundidos y en incertidumbre a trabajadores y al resto de la cadena, y que
amenaza con empeorar aún más la delicada situación económica en los estados
petroleros como Tabasco, Veracruz, Chiapas y sobre todo Tabasco, descrita ya en
la entrega anterior.
No obstante, y bajo este contexto,
Pemex decidió crear un 'Grupo de Trabajo de Opinión de Convenios de
Ampliación', dedicado a 'supervisar' y 'aprobar' qué contratista es merecedor
de que su contrato sea ampliado, de acuerdo con un oficio del que tengo copia;
pareciera suponer que ante el escaso número de contratos que se encuentran
vigentes, los altos mandos de la Torre no quieren quedarse fuera de la jugada,
y encontraron la manera de que los contratistas tengan que pasar a verlos.
Se trata de una nueva regla que hará
aún más difícil que los contratistas puedan seguir trabajando para la empresa
productiva del Estado.
Este grupo de trabajo es la evolución
del infructuoso Sistema ARES, ideado por Miguel Ángel Lugo Valdez, coordinador
de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción, ligado a Pancho
Colorado Cessa, quien purga una condena en Estados Unidos, apoyado
displicentemente por Miguel Ángel Servín Diago, director operativo de Procura y
Abastecimiento, y Juan Javier Hinojosa Puebla, director de Pemex Exploración y
Producción, es decir, la alta cúpula.
Aunque se ufana de querer entrar a
explorar otros mercados como el argentino, Pemex no tiene recursos financieros
suficientes para lanzar licitaciones públicas nuevas, además de que el tiempo
que se lleva un concurso desde que inicia hasta que se adjudica va de los ocho
a diez meses. Con esto, ya es un hecho que Pemex deberá extender 95 por ciento
de los contratos hasta diciembre de 2018, algunos sólo en plazo, pero en la
mayoría tendrá que incrementarlos en monto.
Ante este
panorama, dos preguntas importantes saltan a la vista y es imperante que el
director general, Carlos Treviño, responda: ¿Por qué insisten en que los proveedores entreguen cuentas directo en
la Torre cuando ya varios han dicho que se les pasa charola; en dónde quedan
las demás áreas y la institucionalidad de la petrolera? Y dos: ¿Quieren que el
gobierno que viene sea quien arregle esta crisis de proveedores que amenaza la
de por sí debilitada operación de la empresa?
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