A cinco meses de la jornada
electoral, el gobierno del Estado de México contrató con BBVA Bancomer los
primeros 1,500 millones de pesos (de los 9 mil 200 millones) autorizados como
endeudamiento al gobernador Alfredo del Mazo, tercero durante los primeros tres
meses de gestión.
Los
recursos, según el gobierno estatal, se
emplearán en “la construcción y mejoramiento de infraestructura en educación,
salud y comunicaciones”.
La
administración de Del Mazo afirmó que el Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas vigente considera que
este crédito ofrece las condiciones más favorables para una entidad federativa.
El
secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, indicó que el financiamiento se
adjudicó mediante un proceso competitivo en el que participaron 11 diferentes
instituciones financieras, y confió en que este fenómeno sea producto de la
confianza en la fortaleza de las finanzas estatales.
Añadió que BBVA Bancomer ofreció el
costo financiero más bajo: la totalidad del monto a 20 años, con una Tasa
Efectiva Anual de 8.26%, una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)
más una sobretasa “de tan sólo 38 puntos base y sin comisión alguna”.
El proceso
de licitación fue certificado por el notario público 24 de Toluca, Jorge Valdés
Ramírez.
Pese a la nueva contratación, Jarque
Lira afirmó que la deuda estatal se mantiene en niveles más bajos que la media
nacional respecto de diferentes medidas, como las participaciones federales,
los ingresos totales, el Producto Interno Bruto Estatal Total y Per Cápita.
A mediados de noviembre, con votos de
diputados de Morena y del PRD en contra, la legislatura local avaló al nuevo
mandatario contratar 2 mil 800 millones de pesos de deuda (mil 600 millones con
Banobras y mil 200 millones con la banca comercial) para atender las
afectaciones del sismo del pasado 19 de septiembre.
Dos semanas después, en el marco de
la aprobación del Paquete Fiscal 2018, los legisladores locales avalaron una
nueva contratación, ahora por 6 mil 400 millones (3 mil 400 millones para el
sector central y 3 mil para el sector auxiliar), más una cantidad “a través de
cuya suma, el saldo de la deuda pública del gobierno del estado al cierre de
2018 no exceda del 60% de la suma de las participaciones, ingresos propios y
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF)”.
La fórmula
anterior, aseguró durante el cabildeo Jarque Lira, implica hasta 15 mil millones extras, de tal manera que este año la
deuda pública estatal estará en posibilidad de rebasar los 50 mil millones de
pesos.
El crédito contratado no especifica a
cuál de las dos autorizaciones responde; si se trata del relacionado con las
afectaciones del sismo, rebasa en 300 millones la autorización para la banca
comercial.
El informe
de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2016 detalla que la Deuda Consolidada Estatal
cerró ese año en 36 mil 100 millones.
Durante la
aprobación del pasivo para atender las afectaciones del terremoto, el diputado
local perredista Javier Salinas advirtió
la posibilidad de que el recurso se emplee con fines electorales, en virtud de
que la petición del Ejecutivo no se acompañó con el detalle de las
afectaciones, con el programa de reconstrucción ni con las estimaciones de sus
costos.
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